En medio del boom político de Sharp, su pelea con Nicolás Ibáñez por megaproyecto entra en etapa clave

Se van a acumular varias carpetas y decenas de páginas. Todo por la misma pelea. Una disputa que explotó fuerte en los medios de comunicación y que tiene un discurso fácil de entender y también rápido en ganar adeptos: un alcalde de una comuna pobre que pelea contra un gran empresario que, pasándose de la raya, quiere construir un proyecto de edificios en un pulmón verde de la ciudad.

Los protagonistas: un jefe comunal que ha sido uno de los protagonistas de la agenda política de la última semana, Jorge Sharp, compadre putativo de Gabriel Boric y Giorgio Jackson y que se ha perfilado como uno de los rostros potentes del Frente Amplio (FA), sobre todo tras la segunda vuelta.

La contraparte, Nicolás Ibáñez, un empresario que genera anticuerpos entre los grupos de izquierda. Ex controlador de D&S, hoy dedica su agenda a una diversidad de proyectos, entre ellos, varios que lo ligan a Valparaíso, ciudad a la que su tradición familiar lo une desde que su abuelo fundó la Universidad Adolfo Ibáñez.

Su presencia más potente en la zona la retomó con su ingreso como accionista a Santiago Wanderers, no exento de polémica. También está la Fundación para el Progreso, un centro de estudios que se bautiza de liberal de la mano de Axel Kaiser y una agenda de observación bien particular de la política y los negocios.

Ibáñez, a través de Inmobiliaria Del Puerto (IDP), quiere construir en los cerros del Valparaíso un conjunto de 22 edificios en poco más de una década. Bloques de seis pisos que ocuparán parte de los terrenos del Parque Pumpín en el Cerro O’Higgins.

El terreno de casi 10 hectáreas fue un prestigioso jardín y quinta, que a principios de siglo gozaba de fama mundial. El lugar se componía además de un paño contiguo a la Compañía Chilena de Tabacos, con un estadio de fútbol y espacios para el esparcimiento de sus trabajadores. Pero en los 90 del siglo pasado la imagen cambió. El terreno se vendió a la UAI, que a fines de dicha década detentó su propiedad. Poco después, la familia Pumpín, de la cual el lugar toma su nombre, también enagenó su parte. Por años el paño se mantuvo en statuo quo, hasta que en el año 2013 se selló el traspaso a la inmobiliaria del Puerto, el brazo de inversiones de Ibáñez.

Del Puerto depende de Drake, el family office del empresario que se mueve a gran nivel y que está liderado por Nicolás Ibáñez Varela, su hijo. Las inversiones de esta sociedad se manejan desde su sede central de Nueva York.

¿Peleamos por el edificio?

Luego de haber obtenido los permisos de edificación por parte del municipio, la llegada de Sharp, el único alcalde del Frente Amplio (FA) en el país, comenzó a nublar los planes del equipo que Drake designó para hacerse cargo de desarrollar la primera etapa del proyecto, que albergará poco más de 700 departamentos en fase final.

Los problemas se iniciaron con una serie de procesos de invalidación de los permisos que comenzaron a fraguarse al interior de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso. «Cuando Sharp llega al poder no se puede negar que se revelan muchos actos ilegales de actuaciones de su antecesor Jorge Castro. No me refiero a este proyecto en particular, pero sí hay un minuto en que todo comienza a revisarse con algo de asidero», dice un abogado de la región.

Los conflictos en todo caso se arrastraban desde antes. En 2014, la Contraloría señaló que la Dirección de Obras Municipales (DOM) no se habría ajustado a derecho al aprobar el anteproyecto, por haber faltado documentación. Hasta ahí parecía un ajuste habitual en este tipo de tramitaciones. Apelaciones de por medio, todo derivó en que la DOM iniciara un proceso de invalidación de permisos. La idea era saber si había, efectivamente, algún error.

Pero la tortilla se dio vuelta y la misma Dirección de Obras señaló que todo estaba en orden.

Con todo, el 30 de marzo de 2015 se le otorgó el permiso para el proyecto, bautizado como Parque Pumpín. Sharp entonces no asomaba en el panorama. Pero, luego de una pugna entre la Contraloría regional y la Contraloría nacional, continuaron debatiendo la legalidad de la autorización. Finalmente fue esta última la que dejó el permiso a firme, mediante la resolución N° 224 de abril de 2017.

A esa altura Sharp ya había asumido su puesto en la alcaldía y se metió a indagar qué estaba pasando con el proyecto, que generaba ruido entre algunos vecinos, por la privatización del sector y la magnitud de la obra, entre otros temas, lo que despertó dudas. El nuevo jefe comunal entró en escena y pidió la reconsideración del dictamen de Contraloría que indicaba que todo estaba en regla. Pero fue rechazado.

Poco antes, el alcalde ya había empezado a fijarse particularmente en el proyecto. Mientras el municipio comenzó a revisar el tema con sus abogados internos, Puerto reclutó al abogado José Luis Lara, del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Sharp entonces hizo uso de facultades que le otorga le Ley Orgánica de Municipalidades y optó por un camino alternativo: retrotrajo el proceso invalidatorio (que ratificaba el permiso). La pelea explotó el 21 de septiembre. El alcalde, en una movida inédita, publicó su decisión en el Diario Oficial: les anulaba el permiso.

No fue todo. Los asesores de Sharp blindaron la decisión. El jefe comunal acogió reclamos de vecinos que, descontentos con el proyecto, también apelaron a su ilegalidad. Emitió otros dos decretos (complementarios) que dejaron a los 22 edificios sin permiso. Esto, pese a que en el terreno ya habían comenzado obras preliminares y que la idea original de la inmobiliaria era ya estar vendiendo los departamentos. Todo se congeló.

La disputa en la calle ha enfrentado a vecinos que se muestran a favor y en contra del proyecto. Si bien una fracción dice que con ello se afectará el uso público y ha propuesto que el municipio compré los terrenos para el desarrollo de un jardín botánico, la empresa ha querido viralizar que el conjunto tendrá un desarrollo de largo aliento, que son «solo edificios de 6 pisos y que del total de hectáreas solo se utiliza un 15% del terreno, abriendo espacios públicos antes cerrados», comenta un conocedor de las obras.

La ofensiva de Sharp contra las inmobiliarias en Valparaíso no afecta solo a Puerto. En la región el alcalde ha tenido asimismo importantes encontrones con la inmobiliaria Barón, liderada por Gerardo Valdés.

El conflicto también ha irritado a esos empresarios que han visto en el alcalde del FA a un enemigo. En entrevista con América Economía, el arquitecto de este último proyecto, Mathias Klotz, dijo como poco que Sharp era «un picante». «Valparaíso es como La Araucanía de la Arquitectura; muy complicado realizar un buen proyecto arquitectónico», aseguró.

Klotz agregó que «el alcalde no tiene idea, no sabe nada. Acá hay un tema entre Sharp, Giorgio Jackson y Gabriel Boric: cuál de ellos va a liderar al Frente Amplio después de esta elección. Por ello, están en el juego de quién tiene más rating y yo en el tránsito de esa carrera política. Pero las ciudades duran más de lo que duran los alcaldes», sentenció.

Mientras ambos conflictos ponen en agenda el nombre de Sharp, protagonista de los debates políticos tras el 20% que obtuvo el FA en las últimas elecciones, la pelea entre Puerto y el municipio porteño escala.

Cercanos a Ibáñez dicen que, mientras se ha desarrollado el conflicto, el empresario ha pasado gran parte de su tiempo en Malta, dejando en manos de los ejecutivos de la obra el desenredar la madeja, pero es un tema que le preocupa y ha tratado de que el conflicto no se personalice en una disputa de voluntades. Esto, pese a que parece un poco tarde para evitar esos efectos.

Su hijo Nicolás Ibáñez Varela ha estado pendiente de ver cómo avanza el proyecto. Su intención ha sido incluso reunirse con el municipio, pero nada de ello ha sucedido. Sharp definió una línea de acción que implica cero contacto con cualquier relacionado a la firma. Mostrarse totalmente alejado del interés empresarial ha sido parte de la apuesta. Le ha negado en tres ocasiones reuniones al gerente general de la inmobiliaria, Rafael Burmester (mediante Ley de Lobby).

Nicolás Ibáñez Scott se ha referido solo una vez públicamente al proyecto. En el seminario de Picton, en octubre pasado, dijo que la pelea del alcalde contra Pumpín era ficticia y que se había inventado para ganar posiciones políticas, según consignó La Tercera. «Independiente de la intención de no personalizar el proyecto, la pelea ahora parece un debate político entre Sharp, un hombre de izquierda, e Ibáñez, un empresario conservador de derecha», apunta un observador del conflicto.

A través de Fundación del Progreso, Ibáñez ha manifestado su posición, no respecto del conflicto en particular, pero sí del avance del Frente Amplio en materia política. Algunas de las columnas publicadas por sus colaboradores en el sitio las últimas semanas son especialmente ácidas con el FA. «El Frente Amplio, ni único ni nuestro», es la última, firmada por Gerardo Varela.

«No es nueva en Chile ni en el mundo esa juventud rebelde, esos chascones medio intelectuales que quieren cambiar el mundo y que reniegan de la vieja política y de los ritmos de cambio que impone una sociedad civilizada en la que conviven personas de distintas generaciones e ideas. Tuvimos al MAPU, la IC, el MIR, el VOP y la Ramona Parra. El mundo tiene a Podemos, Corbyn y Maduro», reza la columna publicada en su sitio web.

En ella se agrega que «el FA se parece a las garotas de Río de Janeiro. Desde lejos, todas se ven jóvenes y estupendas, pero una vez que uno se acerca no todas son tan estupendas ni tan garotas. El FA no ha agregado votación a la izquierda, solo ha jubilado a una generación política y ha privado de juventud a partidos que torpemente no les dieron espacio para crecer en ellos. Yo creo que el FA envejecerá mal, porque no tiene ideas nuevas, las que tiene no funcionan, y no entienden la causa, origen y fragilidad del progreso».

Sharp ha hecho lo propio. Además de taponearle por vía administrativa el proyecto, ha señalado por la prensa que «hablamos de proyectos que han infringido la norma urbanística o la Ley de Urbanismo y Construcción (…). Estamos haciendo cumplir la ley, no es que estemos detrás de alguien en particular», junto con añadir que no se va a dejar «amilanar» ante las amenazas de empresarios.

IDP, por su parte, presentó una batería de recursos legales con la meta de revalidar (o respetar, a su juicio) el permiso, todos los cuales atraviesan momentos clave. Primero, un Recurso de Ilegalidad que descansa en la Corte de Apelaciones y que Sharp ya respondió. Los argumentos se basan en un análisis de las facultades legales que tendría el alcalde para haber «reparado» el error cometido por la DOM al entregar los permisos y el respaldo que la Ley Orgánica de Municipalidades le daría a su actuar.

La disputa ahora iniciará su fase probatoria, pudiendo extenderse un par de meses, pero llamando a testigos, documentos y posiciones a enfrentarse cara a cara en el estrado. «Si a Sharp se le cae en tribunales esta acción, va a sentar un precedente para todo tipo de atribuciones que pueda tomarse con otros proyectos. Entonces, hay muchas empresas observando qué pasa», afirma un allegado al conflicto.

La inmobiliaria se cubrió las espaldas. Por si este recurso de ilegalidad sale mal, presentó un Recurso de Protección en relación con la invalidación del permiso que ejecutó Sharp. El caso ahora atraviesa días decisivos.

Luego de pedir una ampliación del plazo para responder y no cumplirlo, la Municipalidad de Valparaíso fue mandatada por la Corte a responder de forma urgente el recurso, sin dejarle espacio para seguir dilatándolo. La inmobiliaria también podría revalidar el permiso si gana esta causa.

A las dos acciones legales anteriores se suma una querella que presentaron contra Sharp por, supuestamente, haberse excedido en sus facultades. Esta causa, en todo caso, no será revisada por el municipio, pues, al imputar a Sharp como persona natural, él contará con su propio abogado –el jurista Carlos Silva– para defenderse.

La agenda terminará de coparse esta semana, con un cuarto recurso ingresado también al tribunal de alzada. IDP había presentado en la alcaldía un nuevo reclamo por sus procedimientos administrativos. El municipio debía responder en 30 días, pero no lo hizo, con el afán de que la pelea nuevamente se revise en tribunales. Mañana viernes se activará este nuevo proceso.

Cerro arriba la preocupación también cunde, porque el proyecto, en rigor, ahora no tiene permiso. Esto último, pese a que se mantienen activas algunas obras.

Hasta ahora, Sharp no ha ordenado una paralización in situ de la obra, aunque solo sería cosa de que el momento sea el adecuado. El hecho terminaría de poner un «candado» temporal al proyecto mientras se debate la legalidad de los permisos. Si eso sucede, la inmobiliaria tendría pensado solicitar una orden de no innovar.

Cercanos a la municipalidad también explican que, si los reclamos de la empresa no son acogidos en la Corte de Apelaciones y se ratifican sus decisiones, «sería probable que la inmobiliaria inicie una demanda civil por los perjuicios que ello le provoque».

Pero eso aún está por verse.