Opinión
El SII debiese ser un organismo autónomo y no dependiente del gobierno de turno, tal como lo es el Banco Central. Esto permitiría instalar políticas de desarrollo de largo plazo y, además, despejar las suspicacias vinculadas a casos en que el SII debe intervenir en juicios sobre financiamiento ilegal de actividades políticas.
Se avecina la segunda vuelta electoral y surgen por tanto las inevitables inquietudes con respecto a cuáles son las propuestas en temas tan sensibles como la recaudación tributaria y qué puntos quedan pendientes en torno a fortalecer un sistema impositivo que funcione con eficiencia y trasparencia.
A la luz de este escenario, quien sea que tome las riendas del Estado durante los próximos cuatro años, deberá asumir de manera urgente la tarea de resolver algunos puntos críticos en el andamiaje impositivo del país. En primer término, resulta necesario poder traspasar la fecha de vencimiento de la declaración de renta para el mes de junio en lugar de la actual fecha de abril.
La declaración de renta se ha transformado en un mero acto de aceptación de la información procesada y enviada al SII por el contribuyente, mientras cobran cada vez más relevancia las declaraciones juradas, las cuales se presentan en marzo. Al cambiar la fecha de la operación renta, se gana un tiempo suficiente para hacer una exhaustiva revisión de la información que se entregará, rebajando con esto los costos administrativos asociados como es el caso de las notificaciones que el SII envía a los contribuyentes. Además, uno de los argumentos más relevante es que esta modificación no tiene costo para el fisco, ya que en abril de cada año son más los tributos que se devuelven que los que el Fisco recibe; en rigor, los contribuyentes pagan sus impuestos durante el año a través del PPM, por lo tanto no hay perjuicio alguno a las arcas fiscales.
Como segunda medida, se debe avanzar en torno a medidas que desincentiven la elusión tributaria. Actualmente, el artículo 100 bis señala que el tope de multas asciende a los $57 millones (UTA 100). Esta situación puede producir que algunos contribuyentes aún consideren conveniente realizar acciones elusivas de gran cuantía ya que la multa siempre tendrá un valor acotado y no proporcional al daño fiscal realizado.
Una tercera medida se relaciona con continuar con la liquidación del FUT acumulado. Hacia fines del 2014, se inició un proceso en que se incentivó a las empresas a liquidar su FUT. Muchas de ellas lo realizaron, no obstante la recaudación obtenida fue muy marginal en comparación con los aproximadamente US$ 250 mil millones de FUT que aún permanecen sin tributar en el Global Complementario.
Enseguida, es imprescindible mejorar la información que poseen los contribuyentes al momento de realizar sus declaraciones de renta. El SII debiese entregar toda la información que posee sobre la situación del contribuyente y, a partir de esto, el contador encargado de efectuar la declaración podría contrastar su información con los datos que le proporcione la entidad estatal. De esta forma, se puede avanzar en términos de eficiencia del proceso.
Por último, creemos que el SII debiese ser un organismo autónomo y no dependiente del gobierno de turno, tal como lo es el Banco Central. Esto permitiría instalar políticas de desarrollo de largo plazo y, además, despejar las suspicacias vinculadas a casos en que el SII debe intervenir en juicios sobre financiamiento ilegal de actividades políticas.
Sean cueles fueren las medidas que el próximo gobierno adopte en temas de régimen tributario, nos parece esencial que estas consideren previamente un proceso discusión que incorpore a actores relevantes en el proceso de cumplimiento tributario, como es el caso de los profesionales contables representados por nuestra institución.
Alejandro Vera Espinosa
Presidente Nacional
Colegio de Contadores de Chile
