Empresarios la siguen casi con tanto interés como la ya finalizada batalla Piñera vs. Guillier
El 22 de diciembre se define al nuevo presidente de la Corte Suprema. Haroldo Brito es hoy el más probable ganador. La trama tiene de todo.
Nadie quiere, al menos en voz alta, ningunear los códigos internos que por años se han cultivado en cada elección de presidente de la Corte Suprema. La incertidumbre se terminará el próximo 22 de diciembre. Solo días antes de Navidad debería oficializarse algo que, a estas alturas, parece muy probable: que los 21 ministros integrantes del pleno acuerden, por unanimidad o por votación dividida, estrecha o por amplio margen, designar como su “primus inter pares”, por los próximos dos años, a Haroldo Brito Cruz.
La trastienda ya es conocida. Haroldo Brito, ad portas de los 70 años, aunque no es el más antiguo de los ministros de la Corte, tiene la “pole position”, pues quienes lo anteceden están muy cerca de la edad de retiro (al cumplir 75 años) o, por razones personale
Por antigüedad, le precede el ministro Patricio Valdés, pero a este le resta solo poco más de un año para retirarse. Inmediatamente después viene el ministro Héctor Carreño, pero ha hecho saber que “pasaba” del cargo. En lo que él respecta, la alta exposición que tuvo en torno al caso Sename le habría hecho optar por mantener un perfil bajo, tras sobrevivir a una acusación constitucional en el marco de dicha causa. A continuación viene el ministro Carlos Künsemüller, quien también ha manifestado que declina el honor.
“Los dos tienen un gusto muy importante por dirimir litigios y, salir a la presidencia de la Corte, dejar las Salas que la integran, los alejaría de esas funciones en el día a día”, comenta un observador de la Corte.
Así, la unción de Brito Cruz como presidente del máximo tribunal parece hasta ahora segura. Más aun cuando fuentes allegadas a la Suprema aseveran que el único contendor que quedaba en carrera, Guillermo Silva, manifestó que el cargo tampoco estaba en sus prioridades y que votaría por Brito.
Que es progresista, es el apellido que, a la luz de los perfiles de Brito, más se ha repetido estas semanas. ¿Pero qué significa eso en la práctica y cómo lo ve el ala más conservadora del pleno?
Haroldo Brito es un juez de “carrera corta”, como se califica a su rápido ascenso al interior del Poder Judicial (PJ). Lo mismo que ministros como Ana Gloria Chevesich o Milton Juica. Fue juez de Letras de Los Andes, de ahí pasó como relator a la Corte Apelaciones de Santiago y al Quinto Juzgado del Crimen de Valparaíso.
Ya en los ochenta asumió como juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago y, ya finalizando esa década, en 1989, como fiscal suplente de la Corte de Apelaciones de la capital. Ese mismo año haría sus primeras migas con la Corte Suprema, al ser relator de la instancia. “Ese paso de ser relator lo tienen jueces altamente calificados y que son muy bien vistos al interior de la Suprema, porque han desarrollado por varios años un trabajo hormiga por el que no todos pasan”, apunta un abogado cercano al Poder Judicial.
En 1996 se ocupó como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y, casi diez años después, en el 2008, sería propuesto para integrar la Corte Suprema. Brito entonces habló del “honor” de integrar ese selecto grupo de magistrados.
Pero su apellido progresista está conferido varios años después que aterrizará en el Palacio de Tribunales. Ha sido pocas veces revelado en detalles, esto pese a que lleva la consigna de haber indagado en causas de derechos humanos.
En una de las pocas apariciones mediáticas que ha hecho, en el año 2013, participó en el programa ‘Cadena Nacional’, en Vía X, capítulo bautizado como «Derechos humanos y dictadura, la verdad de los jueces”. En este programa, y un tanto incómodo por las preguntas de la periodista María Olivia Mönckeberg sobre la inercia y desidia del Poder Judicial en tiempos de la dictadura, Brito señaló que “estoy consciente de la omisión fundamental en esos tiempos y no es posible justificarla”. En los cerca de 49 minutos de entrevista, dejó, de paso, en evidencia otra de sus cualidades: es un hombre en extremo moderado.
“Sí, podemos decir que piensa diferente de muchos conservadores en el Poder Judicial, pero jamás le echa bencina al fuego. Cuando Sergio Muñoz se enojaba con otros ministros por cualquier tema, él mediaba. En ese sentido, sabe leer muy bien la comunicación, pero desde el punto de vista político, y eso sí es una cualidad importante ahora que asumirá un nuevo poder en La Moneda”, sostiene una fuente al interior del pleno.
Pero la historia en detalle de la relación del ministro Brito con los DD.HH. se ha contado pocas veces, al menos de boca suya. Algo que estuvo abierto a revelar al ser entrevistado para el libro Poder Judicial y Derechos Humanos, disponible en el archivo del Museo de la Memoria.
Brito fue dirigente estudiantil en la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile; los senados universitarios y el debate crítico lo tuvieron como testigo. A la par, comenzó a trabajar como funcionario en el Juzgado del Crimen de la ciudad puerto, de donde surgieron sus primeras ideas de ser juez. Ingresó al Poder Judicial oficialmente en 1975, dos años después del Golpe Militar.
Del 76 al 79, y como relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, asegura en el texto que observó muchos recursos de amparo por detenidos que después fueron desaparecidos, resueltos solo “formalmente”.
“La CNI negó la detención de estos estudiantes, pero una abogada de Valparaíso encabezó una acción de protección y un recurso de amparo en favor de estos estudiantes. Se le pidió al juez que recibió la denuncia, un juez de Valparaíso, que verificara si en el cuartel de la CNI en Viña estarían estos estudiantes. El juez le encargó a Brito ir a confirmar esto”, se detalla en el libro.
La historia terminó con Brito allanando el cuartel, que había sido negado como tal. Tras la inspección, los jóvenes fueron liberados. «Una semana después del allanamiento en Viña del Mar, la CNI hizo pública una lista de sus lugares de detención, y las direcciones de todas sus unidades», recuerda el texto.
Desde allí, la lista de causas y conocimiento de casos de DD.HH. del posible próximo presidente de la Corte es muy larga. “Pero también tiene una historia de trabajar en causas y Salas pro trabajadores, pro inmigrantes. Si vemos los fallos de la Sala Laboral de la Corte Suprema, que preside desde julio de este año, sobre el 90% de los alegatos de causas a favor de trabajadores son acogidos, eso marca una pauta”, asegura un abogado del área.
Pero lo progresista también lo aprendió en otras lides. Cuando Brito llegó a Santiago, asumió en el Segundo Juzgado del Crimen. Esta jurisdicción tenía una particularidad: revisaba todo tipo de asuntos bancarios, justo en la crisis económica del 80. Tuvo entonces que conocer cómo manejarse con empresarios y sus abogados.
Brito también participó, con el retorno de la democracia, de algunos lineamientos para que el Pode Judicial volviera a ser uno con acciones efectivas. “Participó en el foro que redactó y preparó el Código Procesal Penal; desde el primer día, advirtieron lo que significaba el sistema inquisitivo en manos de la dictadura. Había que hacer un gran cambio para llegar a lo que podemos observar hoy, una reacción muy clara en relación con las transgresiones a los derechos fundamentales”, añade otro pasaje del libro.
Su estilo a veces incomoda al ala más conservadora del PJ. Ha sido una activo gremialista y precursor de dos importantes instituciones al interior de dicho poder del Estado: el Instituto de Estudios Judiciales y la Asociación de Magistrados. Este último organismo ha tenido varios conflictos con los ministros del Pleno del máximo tribunal.
Su presidente, el juez Álvaro Flores, manifestó esta semana a La Tercera, acerca del arribo de Brito a la presidencia de la Corte Suprema, lo siguiente: “La eventual llegada de Brito a la presidencia de la Suprema es una esperanza de profundizar los canales de diálogo con el máximo tribunal y de sensibilizar en ese lugar la necesidad de cambios”.
Los ajustes que plantean desde la Asociación de Magistrados dicen relación con la aspiración de que se ejecute una serie de cambios a la Comisión de Control Ético del Poder Judicial, instancia que revisa la conducta de los miembros de la judicatura nacional. Un grupo de jueces ha estado en desacuerdo con que la comisión sea integrada por cinco ministros del máximo tribunal y que resulte ser investigador, juez y parte. “Bueno, en esas disputas, Brito tiene que cuadrarse con si apuesta o no por una mayor modernización del Poder Judicial”, añade un cercano. También han planteado la necesidad de crear un Consejo Nacional de la Magistratura.
De asumir como presidente, los litigantes de la Corte confirman que Brito no tendrá injerencia directa en los fallos de cada una de las Salas de la Suprema, pues dejará de integrarlas, “pero sí tendrá decisión en cómo mostrar hacia afuera a la Corte los próximos dos años. Dos estilos que distaron mucho entre Sergio Muñoz, un activista judicial, y Hugo Dolmestch, un hombre de Talca”, indica una fuente en razón a cómo se bautizó el moderado tono del actual mandamás del máximo tribunal del país.
Pero Brito no estaría de ninguno de esos lados. Quienes lo conocen aseguran que no podrá esperarse de él un estilo incendiario ni una agenda propia, ni desapegada de la doctrina legal purista. Brito es un fanático institucional y en sus fallos se apega fehacientemente a la letra de la ley.
Lo anterior, pese a que ha golpeado la mesa un par de veces y no con poco eco. Una de las más recordadas tuvo relación con definir, mediante un fallo, el rol de los procesos de participación ciudadana realizados en el marco del Convenio 169: la definición de Brito, utilizada luego como doctrina, implicó la obligatoriedad de que estos procesos fueran incluidos como parte de la evaluación de impacto ambiental.
Progresista y todo, Haroldo Brito ha marcado algunos acentos particulares. En 2012, dijo que no era partidario de que todo tipo de debates llegaran a manos de la Corte. Ha sido partidario, asimismo, de que la Corte Suprema cuente con un mecanismo de selección de casos y acuñó el término de los “tribunales boutique”.
En ese entonces, en un seminario en la Universidad de Chile, afirmó lo que sigue: “Me quedo con la convicción de que todas las opiniones están en un mismo sentido: es absolutamente imprescindible contar con un mecanismo de selección de casos (..). No es posible que la Corte asuma todos los asuntos que se le proponen”, sostuvo, y agregó que su propuesta incluía “pensar en una Corte Suprema de composición con un número mucho más acotado, con una capacidad de seleccionar sus asuntos y con deberes de justificar sus resoluciones”.
Un abogado corporativo, que asesora a grandes compañías, añade que es muy relevante el sello que imprima el presidente de la Corte Suprema, sobre todo en su relación con los fallos que afectan a la inversión, las instituciones y las empresas. “El presidente de la Corte puede hacer al interior del Poder Judicial lo que quiera y lo que le aguanten, pero es muy relevante entender cuál será su sello comunicacional. No es lo mismo el fallo de CorpBanca-SVS comunicado por Hugo Dolmestsh que por Sergio Muñoz”, ejemplifica.
Vale agregar que las empresas observan con especial atención qué políticas o estilos marcará la nueva presidencia de la Suprema en asuntos que se han convertido en trámites de memoria en las Salas y que afectan a las compañías: entre ellos, los Recursos de Protección en contra de la isapres y los que revierten las indemnizaciones laborales por despidos enmarcados en el Artículo 161 (necesidades de la empresa, aumentando así en casi 30% los montos de los finiquitos a favor de trabajadores).
Las mayores tensiones de Brito con su posibilidad de llegar a la presidencia de la Corte Suprema, están dadas por su relación sentimental co
De allí que, dentro de los postulantes al máximo sillón de la Corte Suprema, Brito Cruz s
El arribo definitivo de Lya Cabello, el 18 de mayo pasado, como fiscal del alto tribunal fue manejado con mesura por Dolmestch. Esto, pese a que movió las aguas de los tribunales. «Sabemos que Lya desempeñará estas funciones con gran profesionalismo y rectitud», señaló el presidente de la Corte, dándole la bienvenida al puesto.
Las gestiones políticas, además, apoyaron que Cabello fuera nombrada sin oposiciones en el Parlamento, toda vez que el cuoteo se balanceaba con el arribo del ministro Arturo Prado a la Corte (en reemplazo de Pedro Pierry). A Cabello entonces se le preguntó por su relación con Brito, a lo que contestó que estaría alerta a necesidades de inhabilitación en los casos que así lo ameriten.
La llegada de Lya Cabello provocó el traslado de Brito de la Segunda Sala (Penal) a la Cuarta Sala (Laboral).
Quienes apoyan la llegada de Haroldo Brito Cruz a la presidencia de la Corte Suprema esperan consolidar el apoyo a su opción de parte de los demás supremos. Hasta ahora, se habla de un estrecho margen de mayoría. Con todo, la elección está casi tan excitante como lo fue la segunda vuelta presidencial.
