Para Juan Subercaseaux Amenábar –uno de los ahorrantes y víctimas del caso– llama la atención por el manejo de los dineros de la empresa paralizada. En especial, cuestionó los honorarios que se le están pagando al estudio de abogados Rivadeneira, Colombara, Zegers, que representa a la compañía en los tribunales civiles.
Finalmente esta tarde asistirían los representantes del Ministerio de Economía, liderados por el secretario de Estado Jorge Rodríguez Grossi, a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por las irregularidades del caso Financoop.
Se especula que Rodríguez daría a conocer el acuerdo alcanzado, en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con la cooperativa liderada por ex ejecutivos y socios del grupo Norte Sur, con fuertes vinculaciones políticas con la coalición de Gobierno, en especial con la Democracia Cristiana.
Los hechos se dan tras más de cuatro meses de paralización de la firma, luego que el Ejecutivo pidiera su disolución forzada, incluyendo las medidas precautorias que detuvieron a la empresa ante el 23° Juzgado Civil de Santiago. Esto mantiene más de 45 mil millones de pesos en depósitos en el corralito autorizado por la justicia y a miles de ahorrantes en ascuas, los que invirtieron en depósitos a plazo en la compañía sin saber las irregularidades que ocurrían en su administración.
La instancia ha debido sesionar cuatro veces, pero las inasistencias de las autoridades han mantenido ralentizada su actividad. Sin embargo, en la última sesión asistió el abogado Juan Subercaseaux Amenábar, quien dijo ser uno de los principales ahorrantes.
Subercaseaux planteó varias dudas sobre el caso, revelando entre otras la causa laboral de un ex ejecutivo que permitió conocer las maniobras al interior de la empresa, desde al menos 2016, para ocultar la cartera vencida y evitar el pago de provisiones.
Pero también el abogado llamó la atención por el manejo de los dineros de la firma paralizada. En especial, cuestionó los honorarios que se le están pagando al estudio de abogados Rivadeneira, Colombara, Zegers (RCZ), que representa a la empresa en los tribunales civiles.
Subercaseaux reclamó que, mientras la compañía señala estar en una situación financiera crítica por las medidas precautorias, al estudio le pagan un millonario contrato.
Se trata de 220 millones de pesos que acordó pagar Financoop al equipo que lidera Rodrigo Zegers y que se conoció en la causa en el 23° Civil en su primer cuaderno relativo a las medidas precautorias, abierto en agosto de 2017.
La revelación de la información ocurrió en un desconocido pasaje del inicio de dicho proceso judicial, donde hubo un duro enfrentamiento entre el primer interventor del caso, Juan Manuel Valenzuela, y los abogados de Financoop, disputa que la jueza Andrea Coppa terminó zanjando en favor de Zegers.
El 22 de agosto de 2017, Valenzuela fue designado por la jueza como interventor, medida que no gustó a Financoop y que luego lograría revertir.
Valenzuela fue propuesto por Economía y, a los pocos días de su designación, Zegers arremetió en el tribunal cuestionando sus capacidades, pidiendo el currículo del abogado y solicitando que el propio Valenzuela aclarara su relación laboral y personal con Zoran Ostoic, personaje clave en el caso, pues era el jefe de fiscalización del Decoop, y fue quien tuvo los principales contactos con Financoop entre abril y junio de 2017, cuando Gobierno y la empresa buscaron un acuerdo para limpiar la cartera de la cooperativa. Ostoic abandonó el Gobierno en silencio, en octubre pasado, para ser candidato a consejero regional, cargo que no alcanzó.
Valenzuela había iniciado su labor en forma temeraria. El mismo día que Financoop lo cuestiona ante el tribunal, el abogado ingresó un informe que estimaba en 75% la cartera vencida de la cooperativa.
Zegers aceleró la arremetida en los días siguientes, cuestionando dicho informe con dureza y pidiendo aclaraciones al interventor a través del tribunal.
El 25 de septiembre, Valenzuela presenta su propuesta de honorarios al tribunal y Zegers ataca con todo.
En un escrito del 11 de octubre, cuestiona que Valenzuela no sea experto en cooperativas, que no había dedicado el tiempo suficiente a su labor y que estaba lejos de cumplir con el grado de responsabilidad que requería su cargo.
El desempeño del aludido parece justificar la crítica. Cuando la jueza le pide un informe financiero de la compañía para decidir si levantaba algunas precautorias, el interventor que nombró Economía envía un texto de pocos párrafos, genéricos, que hacía dudar de la calidad de su trabajo.
En respuesta al ataque de Zegers, Valenzuela saca un as de la manga. Un día después, presenta un escrito donde desliza el verdadero motivo de la crítica de Zegers.
“(…) Lamento el tenor de los argumentos tanto de forma como de fondo expuestos en el mismo (escrito de Zegers). Denota dicha presentación al parecer un malestar más a mi gestión al hecho de que señalé que no podría aprobar el pago del millonario saldo de honorarios a que se refriere el contrato suscrito el pasado 21/04/2017, con el estudio Jurídico del cual forma parte el Sr. Zegers”, dice.
Valenzuela agrega a la causa el contrato de honorarios que firmó el estudio RCZ con Financoop, que define las 10 mil UF como el monto total a pagar. De él, UF 5 mil es a todo evento.
El saldo se divide por objetivos, los que hicieron surgir la duda de los planes que tenía Financoop cuando reveló al Gobierno la situación financiera de la compañía en los primeros días de abril de 2017, en las reuniones secretas que sostenían Ostoic y la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili, incluso en cafés del oriente de Santiago.
Según el contrato, el saldo de UF 5 mil se pagará en dos tandas. Señala el documento que este honorario adicional se pagará “exclusivamente en el evento de que se cumpla con el respectivo hito”, tras lo cual se describen dos condiciones.
Por un lado, se pagarán UF 2 mil “contra la resolución que designa al veedor titular y al veedor suplente y otorga Protección Financiera Concursal, según lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 20.720”.
Las otras UF 3 mil se pagarían “contra la celebración de la última junta de acreedores a que se refiere el art. 79 de la Ley 20.720”.
Financoop ha dicho hasta ahora que, si no fuera por las revelaciones que le hicieron al Gobierno a comienzos de abril de 2017, la autoridad nunca habría conocido de la situación, algo admitido por la propia Piergentili en la Cámara de Diputados.
También señaló que tenían un acuerdo avanzado con Economía, que permitió incluso que el 2 de junio de 2017 se realizaran las juntas de socios de la cooperativa que rechazaron los estados financieros de la empresa, pensando que el Gobierno apoyaría la idea de que los créditos vencidos fueran traspasados a una fundación ligada a los socios de la firma.
En ese contexto, la fecha de suscripción del contrato de Zegers ocurre pocas semanas después de comenzar a informar al Gobierno lo que aparentemente ocurría en sus finanzas y confirma que la cooperativa ya tenía en mente la inminencia de un escenario judicial donde debía defender la reorganización judicial de la empresa y evitar la disolución, que fue el camino que tomó el Ejecutivo en agosto de 2017, cuando rompió el acuerdo que tenía con la cooperativa.
En la parte inicial del contrato, además, Financoop describe el contexto en que se suscribe el contrato. “Por este acto, Financoop contrata los servicios profesionales del Estudio a fin de que la represente en todas las gestiones de carácter judicial y/o extrajudicial destinadas a obtener una solución legal completa frente a la situación generada por una cartera de créditos que sería defectuosa”.
Luego revela que a esas alturas (21 de abril de 2017) habían recibido dos oficios del Decoop, del 10 y 20 de abril, requiriendo “cierta información financiera y crediticia de Financoop”.
Juan Manuel Valenzuela fue sacado del cargo de interventor el 18 de octubre de 2017, tras las críticas que la propia jueza había expresado sobre su labor. Ese mismo día Valenzuela entrega un extenso informe sobre la situación financiera de Financoop, aunque a esas alturas su suerte estaba echada.
La titular del 23° Civil, Andrea Coppa, designa a Carlos Parada como interventor en reemplazo de Valenzuela, nombre de todo gusto de Financoop. Así queda claro a partir del relato que el abogado Juan Subercaseaux hizo el 20 de diciembre pasado en la comisión investigadora de la Cámara Baja. Ese día advierte que le llamó la atención el cambio de interventor, figura clave en las gestiones para obtener resoluciones favorables del tribunal civil por su rol en la empresa.
Subercaseaux afirma que –según los antecedentes de Parada en el registro de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento– no tiene experiencia en reorganizaciones y es básicamente un liquidador.
En efecto, según los registro del organismo, Parada solo ha liderado una reorganización judicial, en tanto se ha desempeñado como liquidador en más de 35 casos.
Subecaseaux lo comparó con otro posible nombre, María Loreto Ried, que, en cambio, tenía experiencia en 25 reorganizaciones judiciales.
La decisión de Coppa de optar por Parada es polémica. Según la cooperativa, la proposición del nombre de Parada a Coppa la hicieron los acreedores de la empresa. Sin embargo, Subercaseaux asegura que le fue informado que era uno de los tres mayores depositantes individuales en la cooperativa y que, sin embargo, nadie lo llamó para pedirle su opinión.
Lo cierto es que Parada tiene vínculos como liquidador en causas en que su contraparte ha sido el estudio RCZ. En efecto, en el caso de las empresas de Alberto Chang, el socio de Zegers –y quien de hecho firma junto a él el contrato con Financoop–, Ciro Colombara, realizó labores en conjunto con Parada a fin de recuperar activos del empresario en el extranjero para pagar a los acreedores.
Cuando se le consultó a Zegers sobre el vínculo con Parada, el abogado respondió que, siendo un estudio que participa en muchas causas, les corresponde relacionarse con muchos veedores y liquidadores, por lo que se trataba de algo habitual.
Aunque el Gobierno aún no anuncia el acuerdo que alcanzó con Financoop, lo cierto es que la labor de Zegers ha resultado clave en ir revirtiendo la situación judicial de la cooperativa.
Por eso, Valenzuela advirtió que Zegers estaba molesto con él porque no le autorizó el pago de sus honorarios, dada la situación de la empresa. De hecho, Valenzuela le rebatió a Zegers algunos de sus cuestionamientos, como la demora de algunas semanas en el pago de los sueldo de agosto de 2017, lo que generó una multa de la Inspección de Trabajo.
Al respecto, Valenzuela recordó el escrito ingresado a fines de agosto del año pasado, donde pedía a los tribunales autorizar los pagos a proveedores y gastos básicos para mantener funcionando la cooperativa, medida respecto de la cual –aseguró– Zegers se opuso.
La actuación de Rodrigo Zegers ha tenido momentos polémicos. Como cuando a comienzos de diciembre pasado concurrió, junto al abogado del CDE, Jorge Escobar, a reunirse con la jueza Coppa para pedirle que postergara la resolución que pedía un pago cercano a 3 mil millones de pesos a los depositantes y respecto de la cual Parada, como interventor, propuso la mitad.
Según reveló este medio, en esos días ambos profesionales se reunieron con la jueza y le pidieron postergar la resolución. Ante el reclamo del abogado de un importante grupo de depositantes, Tomás Fabres, la jueza resolvió acoger lo requerido, siguiendo la postura de Parada.
Consultado sobre esa reunión, Zegers señaló a este medio que no comentaba lo que hacía en privado en el ejercicio de sus funciones. Escobar, por su parte, no respondió.
