El lado B del rally del IPSA posvictoria de Piñera
La fiebre bursátil tras el triunfo electoral de Sebastián Piñera no fue solo sonrisas en el mercado. Varios inversionistas quisieron subirse a la ola a través de arbitrajes en fondos de inversión, a los que la ley puede beneficiar en perjuicio de otros aportantes, llevando a las administradoras a una controvertida posición. Hubo casos en Banchile en que las AFP tuvieron que golpear la mesa, mientras BTG Pactual se enfrentó a la SVS.
A los 10 minutos de haberse iniciado las operaciones en la bolsa, el IPSA ya mostraba avances de 7,3%. Era el día después del triunfo presidencial de Sebastián Piñera, cuestión que tenía a todo el espectro financiero chileno celebrando, tras la tensión de los días previos.
La victoria del candidato preferido del mercado tenía feliz a Sanhattan. La moneda nacional se apreció $15 ante el dólar, mientras el principal indicador bursátil del país terminó empinándose un 6,9%, el mayor avance diario en 9 años, empujado por las acciones constructoras, las cuales mostraron ganancias que bordearon hasta el 30%. Una verdadera fiesta que tenía a las corredoras de bolsa ajustando sus proyecciones del IPSA para un 2018 al que, definitivamente, esperaban con optimismo.
Sin embargo, en medio de la vorágine, los fondos de inversión vivían controversias propias. El valor de sus cuotas subía como la espuma de la mano del avance de la bolsa, atrayendo a aportantes que tenían intenciones de aprovechar retornos no menores, pero dejando a las administradoras en una compleja posición.
El triunfo de Piñera les abrió la puerta a arbitrajes financieros cuyos efectos se evidenciaron hasta hace unos días, por ejemplo, en la AGF de Banchile Inversiones.
Hasta el viernes 15 de diciembre, el fondo Chile Small Cap tenía 19 aportantes, pero durante aquel frenético lunes poselectoral se sumó otro más. El problema, sin embargo, es que la entrada de nuevos aportantes es al valor cuota del día hábil anterior, según lo establece la ley. Una pronta salida por parte del inversor, con el fin de hacer la ganancia, se obtiene directamente del patrimonio del fondo, es decir, de los aportes de los distintos partícipes. Y solo el lunes 18 de diciembre el valor cuota de dicho vehículo subió un 12%.
Este tipo de arbitrajes la ley lo permite. “Se considerará el valor de la cuota correspondiente al día anterior al día de la recepción y pago del aporte, calculada de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 10 del Decreto Supremo N° 129 de Hacienda de 2014”, señala el reglamento del fondo Chile Small Cap, norma que se replica en otros vehículos de inversión similares.
Según explican fuentes de la industria, las AFP no tardaron en hacer ver su molestia. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones, a diciembre de 2017, estas representaban el 95% de la propiedad del fondo con aportes que, a esa fecha, ascendían a US$260 millones.
La participación del aportante número 20 era solo pasajera, pues ya el 9 de enero volvían a ser 19 los partícipes totales del fondo, a pesar de que el valor cuota ascendía a $121.282 versus los $103.736 que valía en la previa al triunfo de Piñera, pudiendo obtener una ganancia de 17%.
“Lo que correspondía era impedir la entrada de nuevos aportantes por cómo subía el mercado”, apunta una fuente que participa en la industria de fondos de inversión.
En el caso de Banchile, no se cerraron las puertas a nuevos partícipes, lo cual habría gravitado en la salida de Pablo Valero, ex gerente de inversión de fondos de terceros, quien dejó la AGF el 22 de enero de este año. Consultada la empresa, esta no quiso responder consultas respecto de lo sucedido.
Sin embargo, otros actores creen lo contrario. “Lo que hizo Banchile está perfecto. La ley no permite cerrar un fondo, pero la misma ley no se hace cargo de estos arbitrajes”, plantea un abogado experto en fondos de inversión.
Es así como, en el mismo contexto, marcado por la fiebre del mercado tras el triunfo del abanderado de Chile Vamos, BTG Pactual quiso cerrar las puertas a nuevos aportes.
La AGF había rechazado las solicitudes de aportes para su fondo Small Cap Chile efectuadas antes de las 10 a.m. del 18 de diciembre pasado. Sin embargo, esta decisión generó controversias con el regulador.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy conocida como Comisión para el Mercado Financiero (CMF), arrojó un dictamen el 22 de diciembre, en que le notificaba a BTG Pactual lo improcedente de su decisión. En dicho fondo, las AFP representan el 100% de los aportes con un patrimonio que, a diciembre de 2017, superaba los US$676 millones.
“La consideración de la suspensión de nuevas solicitudes de aporte podrá ser autorizada por esta Superintendencia, a petición de la administradora de un fondo y en atención a
la ocurrencia de circunstancias excepcionales que así lo ameriten para proteger el mejor interés de los partícipes de ese fondo”, sostuvo la SVS en un documento enviado a BTG.
Y agregó: “Atendido lo anterior, se hace presente a esa sociedad administradora que la decisión adoptada no se enmarca en el ámbito de sus facultades. Por ello, se le requiere informar a este Servicio las medidas que adoptará para subsanar las consecuencias de su decisión, a más tardar en la fecha que se indica más adelante. Lo anterior, sin perjuicio que adopte las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones como la descrita en el futuro”.
Su dictamen causó sorpresas en la industria. “Ofician a una AGF por cumplir con su rol fiduciario. Es para quedar perplejo”, sostiene una fuente.
“Es un problema legal. Lo que hizo BTG Pactual está bien, porque protege el interés de sus aportantes. Sin embargo, Banchile se abstuvo a lo que dice la ley. La norma establece que, si no hay autorización de la CMF para suspender la colocación de cuotas, no se puede hacer. Es algo que hay que regular, porque nadie quiere perjudicar a sus aportantes”, comenta un abogado.
El caso tiene por estos días con dudas al mundo de los fondos de inversión, vehículos que, se supone, son los llamados a impulsar la inversión en activos alternativos por parte de las AFP, pues –según algunos actores– el tema se resuelve con políticas internas de las mismas AGF. Sin embargo, otros apuntan a vacíos regulatorios que no visualizó la Ley Única de Fondos (LUF).
