Hay proyectos sin concluir por US$ 9.300 millones
El proyecto de ley enviado el miércoles al Congreso busca activar las obras públicas que se estancaron tras el escándalo de corrupción de Odebrecht SA, lo que facilitaría la venta de activos por parte de la empresa brasileña. También está diseñado para desbloquear el financiamiento bancario y evitar retrasos a incluso más proyectos mientras las autoridades investigan a 30 compañías que presuntamente formaron un llamado Club de la Construcción para ofertar por contratos de autopistas, informó el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.
Perú propuso una legislación para garantizar que las empresas constructoras afectadas por las investigaciones de corrupción puedan concluir alrededor de 30.000 millones de soles (US$9.300 millones) en proyectos de infraestructura necesarios para respaldar el crecimiento.
El proyecto de ley enviado el miércoles al Congreso busca activar las obras públicas que se estancaron tras el escándalo de corrupción de Odebrecht SA, lo que facilitaría la venta de activos por parte de la empresa brasileña. También está diseñado para desbloquear el financiamiento bancario y evitar retrasos a incluso más proyectos mientras las autoridades investigan a 30 compañías que presuntamente formaron un llamado Club de la Construcción para ofertar por contratos de autopistas, informó el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.
Perú está redoblando sus esfuerzos para evitar que las investigaciones perjudiquen su economía. La recuperación proyectada para este año se basa en un gran programa de reconstrucción de infraestructura después de las devastadoras inundaciones del año pasado, pero muchas empresas de construcción involucradas en los casos han tenido dificultades para obtener financiamiento.
«Los bancos son cada vez más cautelosos con los préstamos al sector y existe temor de contagio, desde la construcción hasta la manufactura y el sector minorista», dijo Luis Falen, analista de la corredora Inteligo SAB con sede en Lima. «Las propuestas del gobierno son positivas».
El proyecto de ley probablemente obtenga suficiente apoyo en el Congreso, agregó Falen, pese a que algunos partidos políticos exigen que las empresas locales implicadas en la denominada investigación Lavajato tengan prohibido ofertar por obras públicas.
Según la propuesta, una parte del producto de las ventas de activos de Odebrecht se mantendría en un fideicomiso para el pago futuro de los daños al gobierno. Los socios de empresas conjuntas con Odebrecht, incluida la constructora más grande de Perú, Graña y Montero SA, también deberán realizar pagos en un fideicomiso y no podrán transferir capital al extranjero, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas. Se les permitirá continuar pujando por contratos gubernamentales.
El gerente general de Graña y Montero, Luis Díaz, dijo la semana pasada que si bien el sistema bancario tiene «gran preocupación» sobre la industria de la construcción, se mostró optimista sobre los esfuerzos del gobierno.
El gobierno presentó sus propuestas a los legisladores de la oposición antes de enviarlas al Congreso para su debate, dijo el miércoles la ministra de Finanzas Claudia Cooper a periodistas.
Otras medidas propuestas incluyen:
Las compañías bajo investigación, como las que están implicadas en el caso del Club de la Construcción, pueden pagar voluntariamente en un fideicomiso para cubrir cualquier pago futuro por daños El tamaño de la penalización se calculará utilizando las mejores prácticas internacionales La nueva legislación no se aplicará a las empresas que firman pactos de cooperación con los fiscales A los proyectos vendidos por socios en empresa conjuntas con Odebrecht y firmas bajo investigación se les permitirá seguir operando bajo los nuevos propietarios ya que el pago de compensaciones estará garantizado.
