ANÁLISIS
Como muestran los casos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los primeros días de febrero de 2018, que obliga a la isapre Consalud a otorgar la cobertura de un tratamiento experimental para un paciente con cáncer, y el caso de la Ley de Etiquetado de Alimentos, comentada en un artículo reciente del New York Times, las empresas del sector enfrentan riesgos elevados de conflictos micropolíticos y cambios regulatorios.
El 7 de febrero de 2018, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia, en fallo unánime, resolvió que la isapre Consalud quedaría obligada a otorgar la cobertura de un tratamiento experimental para un paciente con cáncer, “en el plazo más breve posible”. Este tratamiento había sido prescrito por el médico tratante, después de haber probado sin éxito las alternativas del estándar terapéutico correspondiente.
Siguiendo el protocolo de aprobación, el tratamiento propuesto por el facultativo fue sometido a la consideración del Comité de Casos Excepcionales de la red Oncosalud y dicho comité no autorizó la aplicación de la terapia prescrita, aduciendo que no habría suficiente evidencia científica que avalara dicha decisión.
En esta sentencia, la Corte Suprema estableció que la decisión del Comité de Casos Excepcionales sería arbitraria, en tanto (a) el tratamiento experimental fue prescrito por el médico designado por la propia isapre para hacer seguimiento de la enfermedad; (b) las anteriores alternativas de tratamiento no tuvieron la efectividad esperada; (c) el médico tratante adjuntó evidencia –literatura científica– que avalaba los eventuales efectos positivos del tratamiento; y (d) los exámenes médicos acreditaban las condiciones médicas favorables de la paciente para recibir el tratamiento.
Una vez establecida la arbitrariedad del acto del Comité evaluador, la Corte consideró que la no autorización del tratamiento conculca el derecho a la vida de la paciente, razón por la cual se otorgó la medida de protección correspondiente.
El mismo día que la Corte Suprema de Chile pronunció este fallo, el diario New York Times publicó un extenso reportaje (en sus ediciones en inglés y español) titulado “Sellos para combatir la obesidad: cómo identifican en Chile la comida chatarra”.
“Es difícil exagerar lo significativas que son las acciones de Chile, o lo difícil que ha sido llegar a este punto al enfrentarse a las presiones típicas”, señalaba Stephen Simpson, director del Centro Charles Perkins, organización académica enfocada en temas de nutrición, ciencia y políticas públicas sobre obesidad, en una declaración reseñada en este reportaje. Según el diario neoyorkino, las industrias de alimentos y refrescos habrían ejercido presiones similares con éxito, en otros países, para frenar las regulaciones semejantes.
Más adelante, el reportaje hacía referencia a que los costos médicos locales, vinculados con la obesidad, habrían alcanzado los 800 millones de dólares, un 2,4 % de todo el gasto en salud pública, cifra que según los expertos alcanzaría el 4 por ciento en 2030. “Esas estadísticas fomentaron que una coalición de funcionarios electos, científicos y activistas en materia de salud pública sobrellevara una dura oposición de la industria alimentaria y a los aliados de esta en el gobierno”.
Las referencias anteriores son apenas dos ejemplos de cómo las empresas vinculadas con lo que denominaré “la cadena de salud” están sujetas a un elevado riesgo micropolítico. El primer caso es una señal de cómo las isapres estarán sujetas a presiones cada vez mayores dirigidas a aumentar la cobertura de tratamientos experimentales, a reducir el peso de las preexistencias como motivos de negación de tratamientos, en fin, presiones dirigidas a una protección cada vez mayor del usuario o asegurado y, así, a limitar el ámbito de las decisiones de la firma cuando estas colindan con el pujante paradigma que prioriza objetivos de salud ciudadana.
La cadena de salud, en un sentido amplio, incluye a los productores de alimentos y fórmulas nutricionales, las aseguradoras, los prestadores de servicios de salud, los laboratorios farmacéuticos y el retail de medicamentos, así como aquellas industrias generadoras de externalidades con impacto directo en la salud. Factores como el aumento de la esperanza de vida y de la proporción de adultos mayores en la sociedad, el incremento de los costos privados y sociales vinculados con problemas de obesidad y accidentes cardiovasculares, y el empoderamiento relativo de los ciudadanos frente a empresas y al Estado, todo esto se conjuga para aumentar el riesgo micropolítico de las empresas alrededor de esta cadena.
¿Qué dispara a los desafíos micropolíticos que enfrentan las empresas de la cadena de salud?
En nuestro análisis, partimos de la premisa de que en el origen de las decisiones de los reguladores y los tribunales de justicia, de los cambios legislativos y los reclamos directos de activistas contra las empresas (bloqueos y boicots), en el fondo de todo esto, siempre es posible identificar a uno o varios disparadores específicos que las empresas deben buscar comprender antes de juzgar o evaluar su pertinencia. Llamamos entonces “disparador” a aquellos elementos económicos o morales que impulsan a los actores a organizarse y movilizarse para exigir un cambio en la estrategia de las empresas.
Por un lado, los detonadores económicos se clasifican en: (a) externalidades negativas específicas; (b) ejercicio de poder de mercado o prácticas anticompetitivas; y (c) fallas de información. En el caso de los disparadores morales, estos pueden ser: (i) Bienes socialmente importantes; (ii) Intercambios moralmente objetables; (iii) Justicia procedimental; y (d) Justicia distributiva.
La identificación de los detonadores específicos en que se basan las amenazas u oportunidades micropolíticas que enfrentan las empresas, permite comprender tanto las motivaciones de los individuos y grupos de interés que se organizan para presionar, como las bases argumentales de las solicitudes de intervención gubernamental y de la acción directa.
• La obesidad y el sobrepeso, en general, y la obesidad infantil, en particular, son factores de riesgo vinculados con la incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer.
• En particular, el consumo excesivo de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías es un factor explicativo de los índices de obesidad y sobrepeso observados en la población chilena.
• El incremento de las enfermedades mencionadas no solo afecta al individuo que toma la decisión de consumo, sino también tiene un impacto en terceros, en forma directa (las decisiones de los padres afectan la salud futura de los hijos) y de manera indirecta (el incremento de estas enfermedades dispara el gasto en salud del Estado y el costo de las medicinas y tratamientos asociados).
• Las decisiones familiares e individuales de consumo de alimentos, y de nutrición en general, estarían siendo afectadas significativamente por la calidad de la información disponible para el consumidor en el momento de la decisión de compra.
De estos puntos podemos concluir que los detonantes de la regulación contenida en la Ley de Etiquetado de Alimentos son una mezcla de fallas de información (información nutricional detallada no es suficiente para tomar decisiones informadas), externalidades negativas (los problemas de salud asociados impactan a terceros y estos no son debidamente compensados) y bienes socialmente importantes (las empresas tendrían un grado de responsabilidad en los patrones de consumo de sus productos).
Las externalidades negativas y la regulación de la información nutricional: un cambio de paradigma.
El modelo dominante en el análisis de cómo elegimos los consumidores es el llamado Modelo de la Elección Racional. Bajo este modelo, los individuos tomamos decisiones combinando nuestras preferencias (¿qué cosas o resultados nos gustan más que otros?) con las restricciones que enfrentamos (¿qué nos impide acceder a lo que nos gusta? ¿Ingreso? ¿Tiempo? ¿Información?).
Bajo este modelo, las preferencias son tomadas como dadas, exógenas, y sobre todo como “independientes de las referencias”, lo cual significa que la elección de un consumidor no se ve afectada por la manera en que se presenta la información de un producto. Por ejemplo, bajo este modelo sería exactamente lo mismo decir que un producto es “95% libre de grasas” o que este contiene “5% de grasas”.
La referencia no es relevante para los resultados, ya que ambas maneras de especificar el contenido de grasa serían idénticas.
Sin embargo, investigaciones más o menos recientes basadas en una confluencia de economía, psicología y neurociencia (la llamada Economía Conductual), apuntan a que las decisiones de consumo de las personas son influenciadas por la manera como la información es presentada o “enmarcada”. Por ejemplo, si un producto es etiquetado como “90% libre de grasa” puede ser más atractivo para los consumidores que si es etiquetado como que contiene “10% de grasa”.
Además, la información que es vívida o que resalta a la vista puede tener un mayor impacto en la conducta que la información que es estadística y abstracta. En relación con las decisiones de alimentación, la información que es presentada de manera más expresiva o impresionante puede ser más efectiva, o capturar mejor la atención, que la información más abstracta de las estadísticas de riesgo.
El cambio regulatorio expresado en la nueva Ley de Etiquetado de Alimentos de Chile parece inspirado en estas proposiciones de la economía conductual. Frente a una demanda política de intervención, dirigida a atacar un problema de salud implícito en las elecciones de consumos de alimentos de las familias, el regulador eligió forzar un cambio en la manera como se presenta la información, antes que modificar los precios usando impuestos, subsidios o prohibiciones específicas.
Existe una demanda específica de intervención y pareciera que tratar de influir en las preferencias solo por la vía de la educación quizá no sea suficiente. Por ello, el regulador chileno eligió usar una herramienta que es menos distorsionante de la eficiencia económica que las alternativas de política como impuestos o prohibiciones.
Como señala el artículo del New York Times sobre la Ley Chilena de Etiquetado de Alimentos, los efectos de esta nueva regulación, observados hasta ahora, apuntan a que hay un grado de cambio en los patrones de consumo, por un lado, y las empresas han cambiado la composición de sus productos para evitar la incorporación de las etiquetas.
Este quizá sea un ejemplo de cómo, cuando un grado de regulación es inevitable y las empresas enfrentan elevados costos reputacionales (como las empresas de bebidas gaseosas azucaradas), la aceptación por parte de las empresas de regulaciones orientadas a empujar a los consumidores hacia un consumo más informado, y así enviar una señal que rescate su legitimidad perdida, puede ser una mejor alternativa que la persistencia en denunciar a toda intervención como económicamente distorsionante.
Siguiendo la tendencia global en estos temas, esperamos un incremento de las presiones micropolíticas en industrias sensibles, como las vinculadas a la cadena de salud. Por ello es clave que las empresas desarrollen capacidades internas para anticipar amenazas u oportunidades, y para identificar y comprender cuáles son los disparadores específicos de estas.
Asimismo, es clave discutir y comprender internamente las nuevas alternativas regulatorias y de política pública que han surgido en los últimos tiempos. Cuando la intervención regulatoria es inminente o inevitable, el apoyo a las opciones regulatorias menos distorsionantes, y el desarrollo de un grado de autorregulación que inhiba la intervención misma, son alternativas que deben ser consideradas.
Pavel Gómez
Analista Político y Profesor
(N.d.R – Este análisis apareció originalmente en el informe mensual de la Consultora Gemines de Febrero)
