Al ministro Barraza le afloró el PC que tiene adentro y salió a criticar duramente el acuerdo para la explotación del litio que logró, entre otras cosas, la pérdida del control que Julio Ponce ha mantenido por años sobre la empresa. La respuesta de Eduardo Bitran no se dejó esperar y no fue menos blanda.
Un matutino nacional fue el ring donde el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y el vicepresidente ejecutivo Corfo, Eduardo Bitran, protagonizaron un duro round acerca del acuerdo que firmó Corfo con SQM, en el contexto de la larga y polémica disputa sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama.
El primer golpe lo asestó Barraza en una entrevista en La Tercera el sábado. Allí el ministro de Desarrollo Social dijo que él habría votado en contra del acuerdo, reflejando así la postura que ha tenido el Partido Comunista.
«Creo que lo adecuado hubiese sido perseverar en un camino judicial hasta el final, de modo tal de darle continuidad a un acuerdo con SQM», agregando que «yo en esos términos no lo hubiese aprobado, pero es parte de la institucionalidad el voto de cada ministro».
A Barraza no se le invitó a la reunión del consejo de ministros que votó el acuerdo en forma unánime, a pesar de ser parte. Su voto no habría cambiado el resultado.
Ayer domingo, Bitran salió a responder los dichos de Barraza y no se guardó nada: sus propuesta «lo pone abiertamente en contra de la política del gobierno de la Presidenta Bachelet en esta materia», dijo.
«Lo aprobado en el Consejo de Corfo es coherente con las recomendaciones de la Comisión del Litio y corresponde estrictamente a la política anunciada por la Presidenta de la República en enero del 2016, que no considera una empresa estatal para la explotación del salar», apuntó.
Agregó que el planteamiento de Barraza en cuanto a que habría preferido esperar un fallo del juez árbitro, en el próximo Gobierno, «habría mantenido el contrato vigente (suscrito en los años 80 y confirmado en los gobiernos de los presidentes Aylwin y Frei) hasta el año 2030 e impedido mejorarlo, con graves perjuicios para el país, las comunidades y la sustentabilidad del salar».
Además, advirtió que su propuesta de crear una empresa pública «hubiera requerido la expropiación por ley, con un alto costo para Chile y la creación por ley de quorum de una empresa estatal, que se habría demorado varios años en poder crear las capacidades para desarrollar este sector».
