Opinión
Sea cual sea la evaluación y los juicios de valor que podamos sentenciar a propósito de los antecedentes entregados, hay una conclusión objetiva: la Pyme es la gran perdedora en estos procesos de transición. En efecto, se realizan cambios en los puestos estratégicos (departamentos de compras y administración y finanzas), generándose retrasos y desajustes en los pagos, lo cual provoca problema de liquidez con la consecuente quiebra de muchas empresas que dependen en un cien por ciento de las ventas al Estado.
El próximo 11 de marzo, cuando asuma la administración Piñera, los distintos servicios públicos del gobierno central de Chile (sin considerar los municipios, FF.AA. y Carabineros) van a tener en pleno proceso de evaluación unas 200 licitaciones de montos superiores a las 5 mil UTM (390 mil dólares).
Si bien es cierto no existe una estadística pública e histórica de adjudicaciones por estos montos, debido a que la nueva nomenclatura de tramos adjudicados está vigente desde el año 2015, se estima que la cantidad de procesos publicados cada año sobre 5 mil UTM –sin considerar las grandes compras de Convenio Marco– es de alrededor de 2 mil licitaciones. En 2016, según analiza.cl, se publicaron 2.142 procesos.
Las licitaciones pertenecientes a este tramo se asocian principalmente a los rubros de: construcción de infraestructura (sin considerar las construcciones de obra pública del MOP); las grandes adquisiciones de medicamentos e insumos clínicos de Cenabast y Servicios de Salud; los llamados del Serviu para mejorar barrios y veredas; las compras de servicios y productos asociados a tecnologías de la información; y las adquisiciones de servicios vía subcontratación de personal para hospitales y servicios públicos descentralizados.
Así como sabemos que existe un instructivo para desvincular y contratar personal a honorarios de «confianza» de las autoridades de turno para el próximo cuatrienio, es válido preguntarse qué va a ocurrir, en general, con todos los procesos de licitación con adjudicación pendiente hasta antes del 11 de marzo y, en particular, con estos dos mil grandes procesos de compra que superan los 231 millones de pesos cada uno.
Cuando miramos las estadísticas y los datos de las órdenes de compra y vemos la concentración de proveedores de muchos servicios públicos, podemos apreciar que las subsecretarías y los servicios dependientes de estas reparticiones –en todas las administraciones–, históricamente, han beneficiado a empresas dirigidas por personas con las cuales existe algún nivel de cercanía o simpatía. Más nefasta y arbitraria es la compra a dedo que se hace a través de la modalidad de Convenio Marco.
Sea cual sea la evaluación y los juicios de valor que podamos sentenciar a propósito de los antecedentes entregados, hay una conclusión objetiva: la Pyme es la gran perdedora en estos procesos de transición. En efecto, se realizan cambios en los puestos estratégicos (departamentos de compras y administración y finanzas), generándose retrasos y desajustes en los pagos, lo cual provoca problema de liquidez con la consecuente quiebra de muchas empresas que dependen en un cien por ciento de las ventas al Estado.
Complementariamente, con justos o injustos argumentos, las nuevas autoridades aprovechan de renovar la nómina de proveedores, sin considerar aspectos técnicos, ni factores asociados a los precios de los productos y/o servicios que se adquieren. Por ejemplo, para comprar por Convenio Marco –en general–, se opta por los amigos o referencias de estos.
Al final del día, no solo la nominación de las nuevas autoridades es el gran premio a repartir entre los partidos que integran la coalición que resulta ganadora en una elección presidencial, también lo son las Compras Públicas y sus respectivos proveedores que, solamente para las compras que se informan por el sistema de Mercado Público de Chilecompra, cada año transan más de 10 mil millones de dólares.
Miguel Caniuqueo
