Advirtió que el TC podría estar debilitando el correcto funcionamiento del mercado
Pese a la reciente decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación contra tres sancionados del caso, al no encontrar elementos para llevarlos a juicio, el saliente regulador del mercado financiero enfatiza que ello no acredita la inocencia de los involucrados y que los tribunales civiles lo han respaldado hasta ahora. E hizo hincapié en que, si bien el Tribunal Constitucional ha reducido las multas, la jueza Susana Ortiz advirtió, en el caso de Roberto Guzmán, que en los hechos se trató de conductas extremadamente graves, y no solo ratificó el procedimiento de multa sino que también aplicó la mayor sanción posible.
Este viernes Carlos Pavez deja la CMF, luego de cuatro años de liderar el organismo (ex SVS) y ser el responsable de la mutación hacia su actual estructura colegiada. En este período, asegura, lo más complejo que le tocó enfrentar fue, sin lugar a dudas, el caso Cascada.
“Fue lo más intenso, lo más complejo, porque venía de la mano de varios otros procesos paralelos, como comisiones investigadoras, respondiendo en distintos frentes y con exigencias contrapuestas. Todos, procesos demandantes de recursos que tensionan a la institución”, reflexiona.
Se trata del mismo caso que en 2013 remeció al mercado chileno y que también marcó los últimos días de su antecesor, Fernando Coloma, quien hoy suena como una de las posibles cartas para suceder a Pavez. Un caso complejo y que sigue dándole dolores de cabeza al regulador financiero. Esto, pues Pavez deja la CMF en un contexto mediático adverso para la entidad.
Lo anterior, porque la semana pasada el Ministerio Público decidió no perseverar en su investigación penal contra Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, ambos ejecutivos de LarrainVial considerados como “instrumentales” para el esquema de transacciones bursátiles que sancionó la ex SVS, además de la causa contra Canio Corbo, ejecutivo de CHL Capital.
Si bien varios intervinientes del casos sostienen que las razones de la Fiscalía apuntan a que el rol de dichos personajes es de mayor relevancia en su potencial calidad de testigos del caso en vez de imputados, en la audiencia concluyó que no había elementos concretos para llevarlos a juicio. Esto, en circunstancias de que son cinco los fiscales que siguen el caso, lo cual supone una investigación más profunda que la hecha por la SVS.
Para Pavez, sin embargo, se trata de ámbitos totalmente distintos. “No es algo formal, sino el ejercicio de potestades administrativas y penales que son distintas y tienen su lógica en el diseño del marco regulatorio de un país. En mercados más desarrollados, particularmente anglosajones, hay una mayor especialización de tribunales, por tanto, ahí uno sí podría decir que hay una conexión más directa entre ambos ámbitos, porque hay mayor conocimiento”, señala.
“Son estándares probatorios distintos y en un contexto general de lo que es el ejercicio de sus funciones. Una decisión de no perseverar del Ministerio Público en ningún caso significa acreditar la inocencia en el ámbito administrativo de la SVS. Entiendo que a la gente le pueda llamar la atención, pero estamos muy tranquilos esperamos que se terminen de revisar los procesos judiciales en las instancias. Acá no hay un sobreseimiento definitivo. No es que la causa no se pueda volver abrir”, agrega.
La saliente autoridad prefiere ver el vaso medio lleno, considerando que los tribunales civiles han ratificado la existencia del esquema, toda vez que sostiene que son esas las instancias que particularmente revisan las resoluciones del regulador. “Lo que me interesa al final del día es lo que se produce en los tribunales que revisan las resoluciones de la SVS, que son los tribunales de Letras, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema”, precisa.
Aludiendo a la confirmación de las sanciones que aplicó la SVS contra Roberto Guzmán, la cual fue ratificada por tribunales a mediados de diciembre, Pavez sostiene que si bien el Tribunal Constitucional (TC) redujo de manera importante el monto de la sanción, en su fallo la jueza Susana Ortiz advirtió que en los hechos se trató de conductas extremadamente graves, y no solo ratificó el procedimiento de multa sino que también aplicó la mayor sanción posible una vez conocido el criterio del TC, aplicando un castigo de UF 75 mil. “Es uno de los mejores ejemplos que pueden ver”, plantea Pavez.
“Hay que tener paciencia. Los procesos de revisión tienen sus tiempos. Entiendo que se pueda producir esta inquietud, pero hay que mirar aspectos objetivos y ya hay sentencias de distintos jueces. Si estuviera totalmente desacreditado lo que la SVS terminó sancionando, ¿por qué hay un juicio en pocos días más por las mismas conductas y en el ámbito de los mismos hechos y operaciones, con investigaciones pendientes todavía? ¿Esto confirma la resolución de la Superintendencia? Yo creo que no, son ámbitos distintos”, dice, refiriéndose al juicio oral que el 16 de marzo tendrá a Aldo Motta, ex gerente general de las sociedades cascada, en tribunales.
Una fuente que estuvo en la SVS en la era Coloma y que fue parte de la investigación, apunta directamente a los abogados de LarrainVial por hacer un lobby mediático que «no tiene nada que ver con la realidad de los fallos: el fondo no se está cuestionando. La jueza confirma que el esquema existió y el fallo del TC no los absuelve de nada».
A propósito de la reducción de multas que aplicó el Tribunal Constitucional en el marco del caso Cascada, Carlos Pavez dijo que esta instancia podría estar debilitando el correcto funcionamiento del mercado.
Asimismo, hizo un llamado a todos los agentes del mercado, todos los incumbentes, para que “podamos hacer una revisión profunda de las consecuencias de ese tipo de pronunciamientos y las decisiones del TC, reconociendo que el ejercicio de la potestad sancionatoria no es un fin en sí mismo, sino parte de un sistema integrado que apunta hacia el desarrollo de los mercados financieros”.
“Hay que mirar con cuidado cómo conciliar todos los objetivos para no generar debilidades en el funcionamiento del mercado”, puntualiza.
A su juicio, los factores que pueden explicar las actuaciones del TC no son aquellos relativos al lobby, sino que “hay un tema de especialidad o exceso de celo. En otras jurisdicciones hay mayor especialización en aquellos órganos que revisan las resoluciones de distintas agencias que regulan el mercado financiero”, indica.
A partir del viernes, Carlos Pavez debe cumplir un periodo de seis meses para, eventualmente, ocupar un cargo en el mundo privado en alguna entidad regulada por la CMF. Sin embargo, por ahí no va su interés.
Consultado sobre su futuro, dijo: “Tengo un interés claro en políticas públicas y funcionamientos de mercados. Me parece poco probable (ir al sector privado), tengo una preferencia más marcada desde el punto de vista de la academia, actividades de extensión o asesorías en proceso de desarrollo de normativas, más que desde una posición directiva o gestión”.
