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Las modificaciones en la directiva buscan evitar que se utilice el sistema financiero para actividades delictivas, así como reforzar las reglas de transparencia para prevenir la ocultación de fondos a gran escala.
Los Estados de la Unión Europea (UE) dieron hoy el visto bueno final a las nuevas reglas que refuerzan la directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una propuesta que Bruselas impulsó como respuesta a los atentados terroristas en Europa y a los «papeles de Panamá».
Durante el Consejo de Asuntos Generales celebrado hoy en Bruselas, los representantes de los Estados aprobaron sin debate el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo en diciembre de 2017, con lo que los países tienen ahora un año para introducir las medidas en su legislación para que esta empiece a aplicarse.
Las modificaciones en la directiva buscan evitar que se utilice el sistema financiero para actividades delictivas, así como reforzar las reglas de transparencia para prevenir la ocultación de fondos a gran escala.
«Las nuevas reglas responden a la necesidad de una mayor seguridad en Europa eliminando los medios a disposición de los terroristas», indicó en un comunicado el ministro de Finanzas búlgaro, Vladislav Goranov, cuyo país ostenta la presidencia de la UE este semestre.
Con las nuevas normas, se ampliará el acceso a los registros sobre los propietarios reales de las empresas, aquellos que, independientemente de ser titulares o no de las mismas, son los auténticos beneficiarios de ellas.
Esta información será accesible al público en general, pero en el caso de los fideicomisos sólo estará disponible para quienes puedan probar que tienen un «interés legítimo» en acceder a la misma.
Además, las autoridades financieras de los Estados tendrán acceso a registros centralizados de bancos y cuentas para identificar a sus titulares, con lo que se espera mejorar la cooperación entre los países en la lucha contra la financiación ilegal.
Los cambios también prevén un aumento del control sobre tarjetas de prepago y monedas virtuales.
En concreto, se eleva de 150 a 250 euros el umbral a partir del cual debe identificarse a los usuarios de tarjetas de prepago y se refuerzan los requisitos para la identificación del consumidor.
Asimismo, las plataformas de cambio y proveedores de servicios de monedas virtuales tendrán que aplicar controles a sus consumidores para acabar con el anonimato en este tipo de intercambios.
Por último, se reforzarán los controles sobre los flujos financieros con terceros países, en concreto con aquellos incluidos en la lista europea de jurisdicciones con «deficiencias» en sus sistemas contra el blanqueo de dinero.
