MERCADOS
Desde que estalló el caso SQM, como arista de Penta, el temor en la derecha y Nueva Mayoría siempre fue que se conocieran los profundos vínculos económicos del ex yerno de Pinochet con dirigentes políticos y parlamentarios. El escándalo que provocó su regreso como asesor de la firma, aprovechando el vacío legal del contrato que suscribió con Corfo, es una pieza más en el historial de impunidad con que ha actuado por años el empresario. Ante una inminente comisión investigadora, el desafiante poder de Ponce se pone nuevamente en juego en el Congreso, donde sus redes van de punta a cabo.
“Senador designado”, así llamó el diputado RD, Renato Garín, a Julio Ponce Lerou esta semana en la Sala de la Cámara Baja en la hora de incidentes, luego que se hiciera pública la decisión unánime del directorio de SQM de contratar al ex yerno de Pinochet y su hermano, Luis Eugenio, como asesores de la minera no metálica.
La noticia desató una tempestad. Recién en enero pasado los abogados de Corfo y la minera habían firmado el acuerdo para prorrogar al 2030 la concesión del Salar de Atacama, a cambio de que el carismático líder de la compañía no volviera a controlar la firma ni siguiera influyendo en su gestión. Así lo había estipulado Bachelet antes de irse en marzo pasado, según reveló ahora el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, al criticar al presidente de la minera, Alberto Salas, designado como independiente y en acuerdo de la propia ex Mandataria para que asegurase la salida del empresario.
Y es que la sombra de Ponce incomoda a todos y todas, pero pocos pueden rehuirle. Ni el Presidente Sebastián Piñera ni Bachelet, porque ambos han tenido vínculos indirectos con el empresario o sus colaboradores cercanos, sin que hasta ahora el Ministerio Público haya logrado develar si han existido ilegalidades en dicha relación.
Tanto la derecha como la Nueva Mayoría tienen parlamentarios y dirigentes que están siendo investigados o ya fueron sancionados por delitos tributarios asociados a la emisión de boletas a la minera no metálica por trabajos no realizados. La sombra del líder de SQM sigue viva.
Bitran ha puesto énfasis reiterado en que era orden de Bachelet que Ponce Lerou no siguiera vinculado al control o la conducción de SQM. No es trivial. La ex Mandataria ha estado siempre expuesta a que la justicia llegara a determinar penalmente que su precampaña –que fue la primera parte de su regreso a La Moneda– estuvo financiada en forma relevante por ingresos de la minera no metálica.
El vínculo es Giorgio Martelli, socio de Asesorías y Negocios, la firma que emitió boletas por unos 245 millones de pesos a SQM Salar –filial de la minera– entre 2012 y 2013. Condenado en juicio abreviado, Martelli –al igual que Santiago Valdés respecto de Piñera– jamás reconoció que dichos dineros fueran destinados a la campaña, de la cual él era el hombre clave de las platas.
Ligado a Martelli, el primer ministro del Interior de Bachelet, Rodrigo Peñailillo, debió dejar su cargo a comienzos de 2015, cuando surgieron las boletas que emitió el 2012 –el período de la precampaña– a la sociedad de Martelli y, descolocado ante los antecedentes que surgían, habría intervenido ante Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para evitar que se presentaran querellas y limitar el actuar penal de la Fiscalía. Peñailillo renunció, su relación con Bachelet quedó quebrada irreparablemente y ahora está en Estados Unidos, pero la arista quedó muerta sin que se siguiera ahondando en el punto.
Piñera, en tanto, tiene varios puntos de confluencia con SQM y Ponce, que tampoco pudieron ser develados por la justicia. En 2015, en medio del terror que vivían los políticos por la caja de Pandora que se abría, SQM hizo millonarias rectificaciones ante el SII, entre ellas, 103 millones de pesos por servicios que no fueron prestados a la minera no metálica por cuatro proveedores que, en paralelo, sí habían participado de su campaña electoral del 2009.
Una de ellas fue Pandemia Producciones Limitada, cuya socia –María Inés Alliende– reconoció que habían prestado servicios a la campaña, pese a que las facturas fueron emitidas a la minera. Según reveló en 2017 Ciper, otros tres proveedores figuraron en el listado rectificatorio de SQM ante el SII y, al mismo tiempo, en el listado de proveedores de la campaña de Piñera: Trama Impresores, el transportista Juan Carlos Petit Oggero y el ex concejal UDI en Antofagasta y encargado de trabajos en terreno en la campaña, Robert Araya.
Hubo otros casos. Los 76 millones de pesos girados por la sanitaria Aguas Andinas en favor de los ex ejecutivos de Chilevisión, Jaime de Aguirre y Mario Conca –cuando aún el canal lo controlaba Piñera– por bonos que debía pagarle el canal. Lo mismo ocurrió con boletas emitidas por dichos ejecutivos a otras tres sociedades, incluida Pampa Calichera, la sociedad que controla SQM y donde Ponce ronca. A ellas se agrega una sociedad de José Cox, amigo personal de Piñera y Bancard, la sociedad de inversiones ligada a la familia del ex Mandatario. Las cuatro firmas pagaron bonos a De Aguirre y Conca sin que jamás hubieran trabajado en ellas.
En ninguno de estos casos la Fiscalía pudo clarificar los motivos por los que las empresas recibieron dichas boletas y pagaron los recursos y tampoco hubo sanciones. Al igual que con Bachelet, con Piñera la investigación también pasó por el lado, ya que quien era su jefe de finanzas en la campaña de 2009 y al mismo tiempo había sido gerente de finanzas de Bancard, Santiago Valdés, fue procesado, aunque recientemente le sobreseyeron una de las aristas, pues los delitos estaban prescritos, si bien sigue en curso la causa por contratos forward irregulares.
Aunque el Gobierno ha optado por mantener acotado el caso, políticamente ya se desató y en menos de 24 horas la Cámara Baja aprobó crear una comisión investigadora.
No será la primera que involucre al polémico Ponce. En el pasado se conformaron comisiones investigadoras por la privatizaciones en dictadura y, en 2014, a propósito del Caso Cascada, la instancia terminó enfocándose en parte importante en intentar involucrar a Piñera.
Sin embargo, Ponce Lerou siempre sale limpio. Quienes lo conocen y han conversado en privado en el pasado con él, recuerdan ocasiones en que ha hecho aspavientos de su influencia sobre la clase política.
De hecho, cuando fue formulado de cargos por la SVS, en septiembre de 2013, su equipo legal dilató ante tribunales el caso, apostando a que un cambio de Gobierno, con Bachelet a la cabeza, le sería más beneficioso.
Uno de los que tuvo un rol en ese momento, el entonces diputado DC Roberto León, hoy es perseguido por el Ministerio Público por la emisión de boletas de su hijo a SQM durante años, aunque el ex parlamentario ha negado reiteradamente que favoreciera al empresario.
Similar caso ocurrió con el senador DC Jorge Pizarro, cuyos hijos también emitieron boletas a la empresa desde la sociedad Ventus; y, asimismo, el ex embajador DC Marcelo Rozas.
En la lista de boletas a SQM también figuran el ex senador PS Fulvio Rossi, que fue formalizado en su momento por ello, y el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, por los 391 millones de pesos que su mano derecha, Cristian Warner, emitió en facturas a la empresa de Ponce Lerou.
En la derecha la nómina también es larga. El ex precandidato presidencial UDI y ex ministro de Economía del primer Gobierno de Piñera, Pablo Longueira, aún es investigado por posible cohecho y por facilitar boletas ideológicamente falsas a través de distintos colaboradores. Uno que quedaría sin sanción sería el ex diputado UDI y ex director de TVN, Cristian Leay, pues no hay querella del SII por delitos tributarios.
Además, ya recibieron condenas en juicios abreviados el ex PPD Patricio Rodrigo, el ex PRI Humberto de la Maza, la ex DC Clara Bensán y el RN Claudio Eguiluz.
