MERCADOS
La Policía brasileña arrestó hoy al consejero delegado de General Electric para Latinoamérica, Daurio Speranzini Júnior, y registró la sede de Philips en el país, en el marco de una operación contra un cartel que defraudaba contratos en el sector salud, informaron fuentes oficiales.
Los arrestos y allanamientos se produjeron durante una operación realizada por la Policía Federal para «desarticular un cartel» organizado para defraudar «en licitaciones para el suministro de equipamientos médicos y materiales hospitalarios» en Río de Janeiro.
El caso es un desdoblamiento de la Operación Lava Jato, que investiga desde hace más de cuatro años los millonarios desvíos ocurridos en la petrolera estatal Petrobras y por la ya han sido condenados decenas de políticos y empresarios.
En total fueron ordenados 22 mandatos de prisión preventiva y temporal y más de 40 registros en los estados de Río de Janeiro; Sao Paulo, donde se hicieron buscas en la sede Philips, ubicada en la localidad de Barueri; Paraíba, Minas Gerais y en el Distrito Federal, la capital Brasilia.
Entre los detenidos está el primer ejecutivo de General Electric para Latinoamérica, Daurio Speranzini Júnior, si bien la investigación en su contra es por hechos referentes al periodo en el ejerció como consejero delegado de Philips Medical en Brasil.
No obstante, Speranzini, según la Fiscalía, «permaneció realizando contrataciones espurias» con la Secretaría de Salud de Río de Janeiro después de asumir como directivo en el grupo estadounidense, que hoy no fue objeto de búsquedas durante la operación.
Las autoridades también arrestaron a «un colaborador del equipo de ventas de Philips», según admitió la compañía holandesa en un comunicado, además de registrar las oficinas de la sede en el gigante sudamericano.
Por otro lado, la Policía tiene además entre sus objetivos a dos ejecutivos de Dixtal Biomédica, empresa que adquirida por Philips en Brasil.
En paralelo, la Justicia decretó el bloqueo de bienes a los investigados por valor de 1.200 millones de reales (unos 300 millones de dólares).
Philips informó en una nota que «todavía no ha tenido acceso al proceso» y mostró su disposición a colaborar con las autoridades para «prestar cualquier esclarecimiento sobre las alegaciones presentadas, que datan de muchos años atrás».
La firma destacó que «los actuales líderes ejecutivos de Philips no son parte de la acción» policial, solo el colaborador mencionado.
Otra gran multinacional salpicada en el caso es la estadounidense Johnson & Johnson, de acuerdo con la Fiscalía, que pidió realizar registros en sus oficinas, pero estos fueron negados por la Justicia, según publicó hoy el diario ‘Folha de Sao Paulo’.
Según el Ministerio Público, en el centro de la trama figura la empresa Oscar Iskin, propiedad de Miguel Iskin, que supuestamente actuaba como «líder del cartel formado por al menos 33 empresas, algunas de las cuales actuaban como compañías fachada de las demás».
El núcleo operativo de esta red corrupta era «formado por trabajadores de confianza de Iskin», quienes ponían en contacto a la Administración Pública con el cartel «para dirigir las demandas públicas» del sector salud y «las contrataciones», por medio de subastas manipuladas a su favor.
