Si bien en un inicio el ministro del Trabajo habría hecho gestiones con algunos gremios para que la indicación que permite la indemnización por obra y faena, que afecta no solo a trabajadores del agro sino de todas las ramas productivas que trabajen con contrato a plazo fijo, no avanzara en el Parlamento, el discurso se ha moderado. Con el pasar de los días, desde esta cartera se ha planteado dejar contentos a todos los sectores y demorar la votación de la polémica indicación para que se debata en conjunto con otros proyectos laborales.
Cartas, reuniones, declaraciones públicas y llamados han sido parte de las muchas idas y vueltas que han existido durante el último tiempo entre el mundo privado y el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg (RN), ante la modificación que se está tramitando al proyecto que establece la indemnización por obra o faena. Una iniciativa que se arrastra desde 2015, pero que, aterrizado el nuevo gobierno de Sebastián Piñera en marzo, ha tomado ribetes particulares, porque el hoy secretario de Estado fue uno de sus precursores cuando era diputado de RN.
Monckeberg está siendo presionado por algunos gremios y representantes del sector privado para que tome posición frente a la normativa que establece la indemnización para trabajadores con contratos por obra, faena o servicio. Entre otros derechos se les otorga 2,5 días feriados por cada mes trabajado, cualquiera sea la razón del término de contrato, algo que en 2015 fue celebrado por Monckeberg, quien empujó dicho proyecto en esa época junto a su par del PS en la Cámara Baja, Osvaldo Andrade. “La aprobación de este proyecto es una clara demostración que tenemos que analizar en profundidad los cambios al sistema de indemnización por años de servicio vigente”, dijo entonces el actual ministro del Trabajo.
El proyecto está en tierra derecha para ser zanjado en el Congreso, pero al gobierno no le ha sentado del todo cómodo que su propio ministro haya sido promotor de una ley abiertamente criticada por los privados, entre ellos la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). El presidente de dicho gremio, Ricardo Ariztía, ha liderado la ofensiva con el objetivo de demostrar lo que a su juicio sería perjudicial para la formalización del empleo en el sector y elevaría los costos del mundo privado en mano de obra, justo en momentos en que la señal del gobierno es que se generen mayor cantidad de empleos asalariados. En ese escenario, aseguró Ariztía a El Mostrador, hay algo disonante.
[cita tipo=»destaque»]Hace unas semanas varios dirigentes gremiales comentaron que el ministro Monckeberg había llamado a algunos dirigentes para preguntarles su parecer sobre la normativa y comentarles si podía haber clima para «bajarla», recado que algunos recibieron incluso mientras hacían una gira fuera del país. Esa es una de las versiones, en tanto que otra apunta a que han sido en realidad diversos sectores productivos los que han presionado al titular del Trabajo para que muestre una posición contraria a la ley, lo que hasta ahora no ha sucedido.[/cita]
Como participantes en mesas de trabajo, la SNA ha hecho ver -mediante reuniones con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, y con el propio Monckeberg- que le propuesta de modificación no le gusta al gremio. Sus argumentos se basan en que la norma, que ahora debe ser votada en el Senado, afecta particularmente al agro por la gran cantidad de contratos que tienen a corto plazo, lo que no sucede en otras áreas productivas, y que el costo estimado para el sector sería de cerca de 400 millones de dólares. Además consideran que se otorgarían condiciones que parecerían mejores a los trabajadores temporales que a los permanentes, aumentando con ello la informalidad laboral del agro, algo que el gobierno y los privados quieren eliminar.
“La mejor manera de aumentar las remuneraciones es motivar inversiones que generen más empleo y no hacerlo a través de un pago obligatorio, sin resultado productivo o con resultados negativos. Una medida como la propuesta no solo traerá como consecuencia que los salarios crezcan más lentamente, sino que terminará socavando puestos de trabajo”, señaló Ariztía.
Hace unas semanas varios dirigentes gremiales comentaron que el ministro Monckeberg había llamado a algunos dirigentes para preguntarles su parecer sobre la normativa y comentarles si podía haber clima para «bajarla», recado que algunos recibieron incluso mientras hacían una gira fuera del país. Esa es una de las versiones, en tanto que otra apunta a que han sido en realidad diversos sectores productivos los que han presionado al titular del Trabajo para que muestre una posición contraria a la ley, lo que hasta ahora no ha sucedido.
«Es ridículo que el mismo ministro, que apoyó la ley, ahora quisiera modificar lo que alguna vez apoyó», dijo un parlamentario, el que agregó que la negociación actualmente apunta a que la indemnización se aplique solo a trabajadores con tres meses trabajados, ya que disfrazan en contratos temporales ocupaciones permanentes.
La postura del Ministerio del Trabajo habría surgido a raíz de que el proyecto ha mutado su espíritu original con las modificaciones hechas en sala y que, de hecho, surgió con el objetivo de regular el rubro de la construcción y no al agro en particular, además que no contemplaba originalmente que un contrato incluso de un mes incluyera la indemnización. Otros críticos de la gestión de la cartera dicen que el giro se debe a que Monckeberg no tendría demasiado piso político ni tampoco tan buena llegada con los gremios como para negociar un acuerdo, y que con ello el debate se encendería, algo que el gobierno quiere evitar particularmente con medidas que afecten al mercado laboral.
La apuesta ahora del gobierno es aplazar durante 60 días la votación con la meta que se debata el proyecto en conjunto con otra iniciativa, el estatuto agrícola. Sin bien se trata de proyectos de ley diferentes, el mismo ministro del Trabajo, quien le baja el perfil a posibles desavenencias, en medio del debate señaló que «lo que he promovido es que se empalmen ambas discusiones, porque los trabajadores por obra o faena no solo están en la construcción, sino que incluya a los personeros, pues no tiene sentido tramitar por separado ambos proyectos que están íntimamente relacionados».
Agregó que «es muy importante que lo que apoye el Senado en indemnizaciones por despidos sea algo que favorezca y proteja el empleo y no lo afecte. He sido, desde el primer día, promotor de acuerdos y creo que en esta materia, tanto en la comisión del Trabajo como en la de Agricultura, ha primado la voluntad de lograr un acuerdo en ambos proyectos y estamos impulsando aquello a través de mesas técnicas».
Una fuente gremial agregó que, si bien las palabras del ministro Monckeberg parecen bien intencionadas, es sabido que no es «íntimo» de algunos dirigentes gremiales, por ende «esta será una prueba de fuego para su capacidad negociadora, tanto en el Congreso como con el sector privado y también, para dejar contento al gobierno». La prueba entonces es triple.
