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Gemines por Ley de Pesca: «Se trata de un esfuerzo poco meditado y que responde, en buena parte, a presiones políticas» MERCADOS

Gemines por Ley de Pesca: «Se trata de un esfuerzo poco meditado y que responde, en buena parte, a presiones políticas»

Natalia Saavedra Morales
Por : Natalia Saavedra Morales Editora periodística El Mostrador Mercados
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La prestigiosa consultora en la que participan Alejandro Fernández y Tomás Izquierdo, entre otros, abordó como tema especial de su último boletín la Ley Corta que ingresó en mayo al Congreso. Según el análisis, la propuesta tendría efectos negativos, pues es una legislación que volverá a la industria ineficiente. [ACTUALIZADA]


El ojo agudo de la consultora Gemines siempre lee la relevancia de los hechos políticos y sociales y sus efectos para la economía. Un ejercicio que hacen todos los meses y comparten a través de un informe con sus clientes, y que en julio se hizo cargo de un tema no alejado de la polémica: la Ley Corta de Pesca que ingresó al Congreso en mayo por el Ejecutivo.

El debate fue abordado como tema especial por Alejandro Fernández, socio de la consultora. La Ley Corta ha sido rechazada por los senadores miembros de la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, quienes han señalado que la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera no considera las urgencias del sector. «Somos contrarios a que la llamada Ley Corta, establezca una norma que regirá hasta el 2032, postergando indefinidamente problemas urgentes que afectan al sector artesanal, tales como el fin de la pesca de arrastre, el término de las perforaciones de la industria en la zona de reserva artesanal, el refuerzo de la institucionalidad pesquera, la ampliación de las cinco millas a todo el país, la desconcentración del mercado pesquero, el mejoramiento de los canales de distribución y comercialización, la actualización del registro pesquero y eliminación de exigencias de acceso, y una plataforma social para los pescadores artesanales», explicaron en mayo pasado en carta a El Mostrador los legisladores. 

Gemines inició su análisis señalando que la acuicultura en el país ha mostrado una tendencia a la sobreexplotación que motiva la pesca ilegal y que por ello la participación del sector pesquero en las exportaciones del país ha mostrado una baja continua desde los noventa. «Tal vez, el referente más claro de la declinación del sector pesquero tradicional es la pérdida de importancia de la harina de pescado, fundamentalmente por la reducción en las capturas», manifestaron.

Pero ¿qué origina que esta sea una industria donde la cancha es tan poco pareja? A juicio del capítulo firmado por Fernández se trata de que al igual que en muchas otras actividades, como la extracción de petróleo y gas, de agua, la asignación de derechos en el espectro radiofónico y la emisión de contaminantes, el problema residiría en la ausencia de derechos de propiedad bien definidos. «Esta situación se traduce en que no genera el cuidado necesario para la preservación del recurso (o su explotación eficiente) y racionalmente se generan incentivos para extraer la mayor cantidad en el menor tiempo posible. En el sector pesquero el problema es más complejo, porque no se pueden asignar derechos de propiedad sobre el océano ni sobre recursos que, muchas veces, son migratorios (entre regiones y países) y/o cuya biomasa no es conocida con precisión. No obstante lo anterior, es posible asignar derechos de pesca sobre un porcentaje de la cuota global que, si están bien definidos, generan un manejo adecuado del recurso», manifiesta en el documento.

En el contexto de la explotación de la industria, Gemines planteó que hay consenso en que un manejo de las pesquerías a través de derechos es lo mejor, ya que se atacan las causas del problema y no solo los síntomas. El problema es ¿cómo asignar los derechos? A juicio de la consultora la solución no provendrá de la Ley Corta que ha propuesto el gobierno, que no ha subsanado la historia legislativa del sector. «Ha sido siempre muy complejo legislar sobre el sector y la frecuencia con que se han producidos cambios en la regulación del sector se traducen en un ambiente poco propicio para su desarrollo. (…) La Ley Corta actualmente en el Congreso, ingresada en mayo, propone perfeccionar el sistema de cuotas, que se subastarán en vez de entregarse por criterios históricos, y enfrentar el problema de la pesca ilegal. A fin de año se presentaría una «Ley Larga» para el sector. Desgraciadamente, la propuesta de llegar a licitar el 100,0% de las cuotas de pesca con una duración de 20 años sin renovación, tendrá consecuencias negativas para el desarrollo del sector, ya que las inversiones se ajustarán a este horizonte de tiempo, lo que resulta ineficiente. Del contenido del proyecto de ley y del informe de productividad que lo acompaña, queda claro que se trata de un esfuerzo poco meditado y que responde en buena medida a la existencia de presiones políticas, ya que, en el caso de una industria fundamentalmente orientada a competir con el resto del mundo, la concentración de la propiedad no genera consecuencias negativas, algo que el TDLC así determinó en 2011″, concluyó Fernández.

La propuesta más juiciosa de acuerdo a Gemines debería ser en torno a ejemplos internacionales: fijar cuotas de captura en las pesquerías en plena explotación que, óptimamente, deben entregarse a partir de derechos históricos. Estas licencias individuales y transferibles deben ser permanentes y tener las características de un instrumento financiero, susceptibles de ser vendidas, arrendadas y utilizadas como garantía. Así se generan los incentivos adecuados para preservar la pesquería, hacerla crecer y aumentar su valor a través de inversiones y de la incorporación de tecnología, ya que de este modo el valor de la licencia aumenta en el tiempo.

Empleo y remuneraciones: el punto débil

Desde el análisis de la economía dura, destaca la lectura que hacen de la ocupación, uno de los puntos que le ha sido criticado al actual gobierno. Al respecto destacaron lo que preocupa a diferentes actores del esquema laboral: el aumento del trabajo por cuenta propia. Aunque el aumento en la tasa de desocupación a 7,0% en el trimestre móvil marzo-mayo refleja el comportamiento estacional normal de esta variable, a lo que hay que agregar que se emparejó con lo sucedido el año pasado, es evidente que el empleo no está dando señales muy claras de adquirir mayor dinamismo. La ocupación de asalariados creció 1,6% en 12 meses mientras que las de aquellos que trabajan por cuenta propia lo hizo en 5,1%. Adicionalmente, hay que señalar que el empleo de asalariados en el sector privado creció solo 0,6%, mientras que en el sector público lo hizo en 6,7%, mientras la fuerza de trabajo aumentó 2,1%».

Así, y debido también a que  el aumento de la ocupación se concentra en actividades de servicios (mientras que el empleo se redujo en la industria, electricidad y construcción, generando un efecto neto negativo de casi 30 mil empleos en 13 meses», las remuneraciones muestran un escenario de debilidad persistente. «En términos nominales, si bien se produjo una aceleración entre abril y mayo, pasando de 3,0% a 3,2% en 12 meses, en términos reales se mantuvo la expansión de 1,1%, también en 12 meses, pero con la tercera reducción mensual en lo que va del año, acumulándose una caída de 0,8% respecto del máximo de enero.
Como resultado de lo anterior, la masa salarial, que mide la capacidad de gasto familiar, exhibe un crecimiento de 3,3% en 12 meses que, salvo el de abril, es el más bajo desde marzo de 2017, revelando una débil capacidad de financiamiento para el consumo. Es probable, por otro lado, que con la aceleración de la inflación a partir de junio, transitoriamente al menos, este panorama se deteriore aún más, complicando la fortaleza de la recuperación en el gasto», dijo Fernández.

En la observación del comportamiento político del gobierno, Guido Romo, también socio de la firma, manifestó que la dualidad de sus propuestas es algo evidente, mostrando leyes de tradición más bien conservadora, pero mostrándose comunicacionalmente más abierto. En ese sentido, cito como obvio la extensión del Metro a zonas que me parece nadie había considerado seriamente con anterioridad, esos sectores con millones de personas que serán beneficiadas. La extensión de la red de Metro es clave para hacer de Santiago (por ahora) una mejor ciudad, algo más vivible. Las viviendas “sociales” de Lavín, por citar otro ejemplo, las que -más allá  de populismo o no- pegan en el corazón de la izquierda y su falta de propuestas para puntos tan concretos. Hábilmente, se han levantado temas transversales, donde es difícil para la oposición precisamente oponerse, sin caer en odiosidades que generan rechazo en la ciudadanía. Difícil tarea para un sector que no vive su mejor momento. Por ahora, la “oposición” al gobierno es más bien interna y centrada en los temas llamados “valóricos”, que proviene de mundos con una mirada teocrática de la función pública. Conciliar esto con los sectores más liberales es una tarea relevante para el gobierno, si lo miramos en un plan de pasar a los ocho años de mandato para su sector. Algo hoy día perfectamente posible», manifestó Romo.

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