Opinión
La inmigración dinamiza la economía con su trabajo y consumo, aumentando la demanda de bienes y servicios, por lo que deberán crearse nuevas plazas y, con ello, suplir el ajuste laboral inicial, pero lo clave es entender que no es un juego de suma cero: lo que el extranjero gana no lo pierde el país.
Debido al explosivo aumento de la migración hacia Chile en los últimos años, esta se ha posicionado como uno de los temas “calientes” en la agenda pública. Posturas contrarias y favorables se tomaron los medios y el quehacer político, y tras años en que el tema fue simplemente soslayado por los gobiernos, el Presidente Piñera reactivó la discusión de la esperada nueva Ley de Migración. Hoy por hoy se estima que más de 1 millón de migrantes han hecho de Chile su nueva patria, pero ¿qué dice nuestro Chile recién celebrado, mientras desfilaban noticias sobre haitianos bailando cueca, la entrega de más de mil cartas de nacionalización en el Palacio de La Moneda o el aumento en nacimientos de hijos de migrantes, a quienes han hecho de este su nuevo hogar?
Para quienes aspiramos a una sociedad de libertades, la persona humana es siempre el centro de nuestra reflexión política. Nuestra apertura a la migración radica en ver a las personas como un fin en sí mismo y nunca como un medio para la satisfacción de terceros, por lo que nuestro aprecio no va solo en la mera celebración de los beneficios que genera sino también en el imperativo de igual ciudadanía que reconocemos a toda persona, cualquiera sea su origen. A su vez, promover una sociedad libre obliga a apreciar la movilidad humana como una búsqueda legítima de la propia felicidad, y que el Estado tiene la facultad soberana de disponer un marco normativo que favorezca que sea segura, regular y ordenada.
Sin embargo, el idealismo no es sano. La migración no es moralmente buena ni mala per se, ni genera únicamente beneficios (o perjuicios), sino que es un fenómeno complejo que interactúa con distintas variables institucionales y sociales y, por tanto, exige generar una respuesta política que cree equilibrios ente los intereses en juego. Ante ello, ¿qué respuesta política podemos dar a quienes, desde sus propias vivencias, expresan temores o prejuicios hacia los migrantes? Muchos chilenos han experimentado situaciones socialmente indeseables, como esperas más largas en consultorios, cupos insuficientes en jardines o liceos, o la pérdida de oportunidades laborales. Estas situaciones son reales, son asuntos de interés público, y requieren una respuesta política seria.
Uno de los temores más frecuentes es la idea de que los extranjeros “quitan trabajo”. Respecto de los trabajadores calificados, competirán contra nacionales únicamente sobre la base del mérito de sus credenciales académicas y profesionales. Respecto de los trabajadores de baja calificación, que constituyen la mayoría de la fuerza laboral nacional, al ser igualmente capaces de desarrollar el trabajo, la elección de contratación se dará desde la decisión más costo-eficiente para el empleador, lo que inducirá ajustes en el mercado laboral en el corto plazo. Sin embargo, esto no se sostiene en el tiempo, por cuanto las plazas de trabajo no son estáticas, sino que son influenciadas por la demanda sectorial, el consumo y el crecimiento.
La inmigración dinamiza la economía con su trabajo y consumo, aumentando la demanda de bienes y servicios, por lo que deberán crearse nuevas plazas y, con ello, suplir el ajuste laboral inicial, pero lo clave es entender que no es un juego de suma cero: lo que el extranjero gana no lo pierde el país. La plena integración laboral de los migrantes (y la supresión de barreras arbitrarias a la contratación) mejora su capacidad presupuestaria y tendencias de consumo, lo que no hace sino favorecer a la sociedad toda a través de los múltiples beneficios económicos y laborales que genera.
Otro temor frecuente se manifiesta frente a la delincuencia. Toda la información oficial disponible indica que en realidad los extranjeros tienen tasas particularmente bajas de criminalidad. Según Extranjería, en 2015 solo un 1,1% de los migrantes en Chile fue sometido a detención; y según PDI, solo el 0,3% de las denuncias por delitos involucraban a extranjeros. Respecto de la población penitenciaria, solo un 2,6% son extranjeros condenados por la comisión de algún delito. Datos así se replican una y otra vez, por lo que la frecuente asociación discursiva de la migración con la delincuencia parece más una sobredimensión de hechos marginales que un verdadero riesgo para la seguridad pública.
Finalmente, es común oír reservas frente a su relación tanto con el fisco como con los servicios públicos. Según la Dipres, la migración significó un mayor gasto fiscal por USD $209 millones en 2016, aunque es una estimación correspondiente a gastos desglosables por nacionalidad, y no aquellos gastos indirectos que se distribuyen innominadamente a favor de todos, como el transporte público o la mantención de áreas verdes. Por su parte, se estima que los migrantes, quienes tributan bajo iguales reglas que los chilenos, contribuyen con más de mil millones de dólares entre IVA, impuesto a la renta y trámites migratorios. En definitiva, contribuyen al fisco prácticamente 5 veces más de lo que este gasta en servicios públicos que les favorezcan, significando un aporte fiscal neto bastante considerable, por lo que la idea de que son “cargas fiscales” parece más un mito creado desde una infundada presunción de pobreza.
Si los migrantes tributan en iguales condiciones que cualquier chileno, ¿por qué son tan comunes reparos frente a que se beneficien de los servicios públicos para los cuales también contribuyen? El problema no radica en ser (o no) “carga fiscal”, sino que la ineptitud de las administraciones anteriores frente a la migración acarreó que no existiera una adecuada medición sobre el impacto que tendría en la demanda de bienes y servicios públicos, particularmente en aquellas zonas de alta concentración de migrantes, lo que devino en que en muchas zonas la nueva demanda sobrepasara la oferta disponible, y que por sus condiciones vulnerabilidad algunos tuvieran acceso prioritario a ellos. El dilema está en ver los desafíos institucionales no como una dinámica de “chilenos vs. extranjeros”, sino en ser capaces de medir adecuadamente la nueva demanda de los servicios públicos, y planificar servicios y políticas públicas que permitan garantizar adecuadamente el acceso regular de todos nuestros compatriotas, nacionales y extranjeros.
Chile goza de una posición privilegiada dentro del contexto latinoamericano. Con sus virtudes y defectos, posee una gran estabilidad política y económica que permite a muchos extranjeros el soñar con mejorar sus condiciones de vida, o encontrar refugio desde países en crisis como Venezuela. Que la reciente celebración de Fiestas Patrias nos invite a reflexionar sobre cómo se configura nuestra identidad nacional, cada vez más diversa y cosmopolita, y ver a la migración no como un riesgo sino una oportunidad: una respuesta política responsable nos permitirá capitalizar un sinnúmero de beneficios económicos, sociales y culturales, y que desde nuestra apreciación por la diversidad acojamos a quienes hagan de Chile su nueva patria como lo que serán: nuevos y plenos chilenos.
