MERCADOS
Una reglamentación emitida en septiembre tiene a las empresas del rubro enfrentadas con la Subsecretaría de Pesca, ya que la norma establece nuevos límites de producción que buscan velar por la sanidad de la industria, teniendo como base el elemento productivo del último año. Pero los afectados se preguntan: ¿realmente se trata de una resolución que tiene como fin la bioseguridad? ¿O no será que realmente busca un control de la producción de la industria?
Las salmoneras están totalmente divididas. Desde mediados de septiembre que la industria está en pie de guerra contra el Gobierno y entre las mismas empresas. Esto, después que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura –dependiente del Ministerio de Economía– fijara límites de producción con el objetivo de velar por la seguridad sanitaria.
La génesis del conflicto data del 7 de septiembre, una vez que la subsecretaría emitió una nueva resolución en la cual se estableció nuevas densidades de cultivo, después del análisis que en agosto hizo Subpesca, sobre el cual el jefe de la división de Acuicultura, Alejandro Barrientos, informó a las empresas de la industria del salmón que estaban bajo análisis, dejando constancia de la directa relación que había entre el número de peces cultivados, su densidad y la presentación de enfermedades de alto riesgo.
Según explicaron algunos actores del sector, la autoridad fijó un límite de producción sobre la base de la performance del ejercicio anterior, gatillando que varias compañías acudieran a Subpesca con recursos de reposición para revertir su decisión.
Fuentes de la industria explicaron que la división interna en ella se generó debido a que algunas empresas se verían beneficiadas con la medida adoptada por la autoridad, mientras que otras serían perjudicadas al no poder crecer en su producción. Agregaron que son principalmente las empresas extranjeras y algunos actores chilenos los que estarían en contra de la última resolución de Subpesca, mientras que las grandes firmas de capitales locales respaldan las cuotas de salmón.
El Mostrador Mercados consultó a Salmón Chile, gremio que agrupa a estas compañías, sin obtener respuesta.
El criterio de Subpesca descansa en que el llamado elemento productivo incide directamente en las calificaciones de bioseguridad. Según su análisis, «es conocida la consecuencia del aumento de centros operando y del aumento de biomasa en cultivo en presentación de diferentes enfermedades de alto riesgo».
A su juicio, la regulación vigente ha sido deficiente y hoy es necesario generar mecanismos de mayor eficacia para evitar el riesgo de ingresar más peces al agua y así proteger el bien público y garantizar la sustentabilidad de la salmonicultura. El problema para las compañías que no comparten este criterio, es que la autoridad solo se basó en el elemento productivo para dicha medida y no en la «densidad», que es el problema que Subpesca busca evitar.
Recursos de reposición a los que accedió este medio, por parte de compañías que prefirieron mantener su anonimato, sostienen que «parece razonable la idea de que, si existe mayor densidad en las jaulas, se genera un factor de riesgo relativo a las enfermedades a las cuales son susceptibles los salmónidos, pero no necesariamente un aumento en la producción recae en un aumento de la densidad que implique un factor de riesgo sanitario».
A juicio de estas empresas, la idea que un aumento de la biomasa y una mayor densidad de los peces en los centros de cultivos debe ser sobre la base de un parámetro objetivo y no de la producción del periodo anterior. «Lamentablemente el informe técnico se desarrolla en base a una premisa equivocada que lo lleva a cometer errores conceptuales que se plasman en el temor manifiesto a cualquier aumento en las proyecciones de producción en la industria, independientemente de la densidad objetiva que tenga una determinada empresa e independientemente de sus índices de bioseguridad», recalcaron en la industria.
De esta forma, sostienen que la autoridad, en vez de establecer límites que velen por la sanidad de la industria, lo que buscaría es «imponer límites al crecimiento de la misma y a la libertad individual de los interesados».
Con dicha reglamentación, algunos actores han reclamado a la autoridad que, tal como está, perfectamente «las empresas más consolidadas económicamente podrían aumentar intencionalmente sus proyecciones de cultivo para hacer caer a la agrupación de centro de cultivo en una calificación de bioseguridad más baja, determinando que todos los otros concesionarios tengan que operar en densidades más bajas que eventualmente las hagan inviables económicamente».
Así, entonces, plantean que dicha norma incluso vulnera el principio de competencia, ya que se les estaría impidiendo crecer a compañías que en el ejercicio anterior registraron una producción «objetivamente baja».
Por otro lado, los afectados reclaman que la autoridad habría dado solo dos días para presentar observaciones a esta nueva regulación, del 8 al 10 de agosto. Algunos pidieron ampliación de plazo –pero les fue negado– acusando que la nueva norma vulneró un debido proceso.
«No puede ser de otra forma, pues tratándose de un tema esencialmente técnico, es fundamental preguntarle a la entidad especializada para tal efecto. Habiendo omitido este punto la autoridad administrativa, solo cabe preguntarse: ¿realmente se trata de una resolución que tiene como fin la bioseguridad? ¿No será que realmente busca un control de la producción de la industria?», reza parte de un recurso de reposición enviado a Subpesca.
Desde la industria señalan que habría un claro grupo de beneficiados con la norma y otros en el bando contrario.
Supuestamente, en el primero estarían Camanchaca, Blumar, Salmones Austral, Australis, Multiexport, Yadran, Marin Farm, Nova Austral y Ventisquero. Mientras que entre el grupo reaccionario estarían Los Fiordos, Friosur, Aquachile, Magallanes, Marin Harvest, Cermaq, Antartica y Salmones de Chile.
