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Larraín mantiene silencio pese a nuevos antecedentes en Caso Johnson’s

por 8 agosto, 2012

“No tengo facultad para condonar por ley y no hubo participación alguna en la fiscalización operativa y negociación de esta operación”, recalcaba la semana pasada el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira, ante la Comisión Investigadora de la Cámara que revisa el caso Johnson’s.

Sin embargo, su versión contrasta en 180 grados con el testimonio que la ex directora de la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC), Mirtha Barra, dio ante la comisión presidida por Fuad Chahín (DC) el lunes pasado, y que pone en el centro del proceso al abogado, así como al subdirector jurídico, Mario Vila, ya que aporta datos que hacen inviable que este último se haya inhabilitado durante las negociaciones, como ha sido la versión pública del SII.

La historia relatada por la funcionaria de carrera con 33 años en el servicio, detalla que la decisión de condonación a Johnson’s estaba tomada desde mucho antes de su aterrizaje en el cargo. De hecho, según señaló frente a los parlamentarios, a días de asumir se le informó, por parte del propio Vila y de Pereira, sobre dicha decisión, incluidos los términos y condiciones que debían cumplirse. Barra señaló que ella se había enterado después de que las negociaciones venían desde 2010.

Pese a la contundencia de estas declaraciones, que abre amplias dudas sobre la veracidad de los dichos de Pereira y de la información emanada oficialmente del propio servicio que dirige —así como una serie de aristas nuevas entre las que se cuenta la participación de la Tesorería General de la República y del Banco de Chile en las negociaciones—, desde el gobierno han optado por mantener la fórmula de marcar la mayor distancia posible de la polémica, evitando pronunciarse sobre el fondo de las declaraciones que ponen en tela de juicio la versión de Pereira.

El ministro Andrés Chadwick se limitó a precisar que “la comisión investigadora está haciendo su trabajo, está haciendo la investigación que corresponde y no nos corresponde hacer juicios o conclusiones, antes que concluya su trabajo”.

Agregando que “hasta el momento son versiones de uno contra versiones de otro” y que “dejemos a la comisión investigadora que concluya su trabajo y no saquemos versiones anticipadas”.

Sobre la situación de Pereira en el gobierno, el ministro tampoco quiso adelantarse, menos si su permanencia a la cabeza de Impuestos Internos depende del resultado de la investigación parlamentaria. “Esperemos que la comisión investigadora termine y ahí podemos conversar”.

En tanto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, no quiso referirse al tema. Desde su cartera respondieron escuetamente a una serie de consultas hechas por este medio relativas al rol del secretario de Estado en la condonación, que “el ministro no estaba informado y no correspondía que así fuera”.

En cuanto al nuevo contexto que se abre con la declaración de Barra, se consultó si se tomarían medidas para dilucidar la real participación de ambos funcionarios, así como si se ha evaluado si esta situación no podría salpicar a Larraín y complicarlo en medio de la discusión de la Reforma Tributaria que se lleva en el Congreso.

Al respecto, desde la cartera señalaron que “el ministro no se referirá porque el tema está radicado en el SII”.

Larraín a la palestra

Esta compleja trama no le cae en el mejor momento al ministro Larraín, que se encuentra en medio de la discusión sobre la reforma tributaria, cuya idea de legislar fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el martes.

El proyecto, en opinión de un amplio sector de la Concertación, se ha complicado más de la cuenta por la falta de manejo político del economista, tal como pasó también con el salario mínimo. Incluso, para algunos parlamentarios opositores su actuación tanto en la reforma como en el caso Johnson’s demuestra “una mano permisiva con los grandes contribuyentes”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora del caso, Fuad Chahín, lamenta que gracias a la condonación del Servicio de Impuestos Internos “de los 228 millones de dólares que debía pagar Johnson’s terminó pagando sólo ocho”.

Eso, según lo que ha podido asimilar del trabajo de la instancia que encabeza, “demuestra cómo se utiliza la institucionalidad para favorecer a los grandes empresarios. Ocurre lo mismo con la reforma tributaria. Le quita, con una mano, a los sectores de más altos ingresos y con la otra le devuelve”. Así, grafica el hecho de que por un lado se aumente el impuesto de primera categoría, pero a la vez se descuente por el gasto privado en educación y “no se generen nuevas normas para evitar la elusión”.

El diputado explica que en el segundo proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo al Congreso, “en el fondo se favorece la elusión, porque elimina una norma que estaba en el original, para que sea aprobada”. Por lo mismo es que en su opinión, después de este proceso “el ministro de Hacienda va a quedar tremendamente incómodo porque va a favorecer a los que ganan más y va a aparecer al servicio de los grandes contribuyentes”.

Por su parte, el diputado, también DC, Pablo Lorenzini, cree que lo que está sucediendo con el caso Johnson’s demuestra que el SII debería ser una entidad autónoma al estilo del Banco Central, para mostrar independencia del gobierno. “Porque puede tener o no relación con el ministro de Hacienda, pero a uno le queda la duda, justamente, por el tema de la dependencia. Y lo que allí pase indirectamente afecta al ministro”, concluye.

La actuación de Felipe Larraín está siendo cuestionada hace rato por gran parte de la oposición. En este contexto y dados los últimos acontecimientos que directa o indirectamente han implicado a Hacienda, en la Concertación estiman que el titular de la cartera está saliendo un poco “trasquilado”. Por lo pronto, un senador recuerda cómo se han dado los distintos debates estos últimos meses y advierte que la reforma se está haciendo aceleradamente para que no se tope con el debate del Presupuesto. Sin embargo, en la oposición, también hay quienes reconocen que no se puede hacer mucho ruido, porque en los gobiernos anteriores “también se usaron las atribuciones y se hicieron condonaciones interesantes, sobre todo en relación con las pérdidas compradas”.

 En tanto, para el senador PPD e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, “el gobierno redujo sus niveles de ambición respecto de las medidas de elusión, en relación con el proyecto original. En consecuencia, evita una mayor fiscalización en el pago de los impuestos con tal de facilitar la aprobación de la reforma, que a todas luces representa una inconsistencia, cuando de lo que se trata es de recaudar más”.

A juicio del parlamentario opositor, “cualquier observador desapasionado coincidirá en que estos últimos tres meses, la performance del ministro no ha sido descollante (…) pasan tres meses hasta que reacciona, retira el proyecto de “reforma” y presenta uno “más simplificado” y recién ahora entra a tallar la oposición. Dígame, si no hay una impericia negociadora”.

En este contexto y considerando la forma como la oposición visualiza el manejo del ministro, todo indica que Larraín “podría quedar severamente cuestionado después de este proyecto”, sobre todo en medio el escenario que se genera en paralelo con la Comisión Investigadora por el Caso Johnson’s.

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