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Isapres detienen reforma de la industria y le doblan la mano a Mañalich

por 13 noviembre, 2012

“Va en el sentido correcto, porque desde el inicio, cuando conocimos este plan garantizado, hablamos de una fuga importante de personas”, señalaba el Presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, tras conocer la indicación presentada por el Ejecutivo que daba un radical vuelco al proyecto de reforma a las Isapres.

Doren tenía motivos para celebrar: la propuesta que el martes pasado presentó el ministro Jaime Mañalich en la Comisión de Hacienda, donde el proyecto dormía desde marzo, va en sentido contrario a la iniciativa original de crear un Plan Garantizado de Salud (PGS) de tarifa fija y de igual precio para los afiliados a una misma aseguradora, con el fin de terminar con la histórica discriminación por sexo y edad de las aseguradoras de salud,  que en 2010 el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional.

De esta forma, la indicación, que fue rechazada la semana pasada por la comisión presidida por Ernesto Silva (UDI), continúa con la línea que califica las tarifas de los usuarios en base a su rango etario impuesta por el millonario negocio de las aseguradoras privadas que en 2011 obtuvieron ganancias por 68 mil millones de pesos. Esto, contradiciendo lo impulsado por el propio gobierno. Un año antes el ministro de Salud señalaba a la prensa que en un breve plazo se terminaría “con estos temas odiosos de preexistencias por sexo o por edad, que hasta ahora son el talón de Aquiles del sistema”.

Voltereta que fue interpretada por el ex superintendente de Isapres, Manuel Inostroza (DC), como “inexplicable”, agregando que “sólo puede entenderse pensando que las isapres le doblaron la mano al ministro Mañalich”.

Opinión con la que coincide el diputado Juan Luis Castro (PS), que participó en las sesiones relativas a la reforma en la Comisión de Hacienda en reemplazo de Carlos Montes. “Los que siempre plantearon tarifas diferenciadas fueron las Isapres. Es evidente que las beneficiadas son ellas, que alegaban que no podían sostener tarifa plana, que no era factible como industria. El gobierno dijo hace dos años que sería plana, pero ahora manda esta indicación y los únicos contentos son ellos”.

Para la doctora en derecho y académica de la Universidad de Valparaíso, Alejandra Zuñiga, además la indicación de Mañalich, “no tiene viabilidad jurídica alguna, ya que la sentencia del TC no puede interpretarse en el sentido de que el legislador tiene libertad para darle a una futura ley de Isapres cualquier contenido, que es lo que sustentan quienes defienden esta tesis. La sentencia es muy clara al establecer que el derecho de la protección de la salud no puede nunca adjudicarse en base a criterios considerados discriminatorios y en particular señala edad y sexo. No sirve para nada. Ninguna tabla de riesgos es legítima, por lo que esta propuesta no va a pasar la necesaria fiscalización del TC”.

Por ello, coincide con la lectura de Manuel Inostroza que afirma que es una jugada política del gobierno para dejar morir el proyecto, achacando su fracaso al Parlamento. “Claramente aquí hay un lobby de las Isapres con el objeto de no tener que aprobar un proyecto que las va a perjudicar porque las estimaciones que hace tanto el gobierno como el sector es que con este plan básico unas 500 mil personas se irán al sistema público. Pero en verdad creo que eso no es real. La verdadera razón por la que no quieren modificar esto es porque sus increíblemente altas utilidades sí se verían disminuidas”, asegura la abogada.

El miércoles pasado Zuñiga envió un carta a El Mercurio manifestando su postura y explicando que con estas condiciones el proyecto “está condenado al fracaso”. Misiva que fue respondida el jueves desde la Fundación Jaime Guzmán por el abogado e investigador Máximo Pavéz, que recalcó la viabilidad de la iniciativa.

La influencia de la UDI

Según el ministro Mañalich, la propuesta de generar cuatro tramos de edad para diferenciar los cobros a los usuarios, había sido solicitada por los mismos diputados de la comisión, sin especificar quienes fueron. Entre los parlamentarios detrás de la indicación se encuentra el presidente de la Comisión, Ernesto Silva (UDI), y su compañero de tienda, Javier Macaya.

“Claramente aquí hay un lobby de las Isapres con el objeto de no tener que aprobar un proyecto que las va a perjudicar porque las estimaciones que hace tanto el gobierno como el sector es que con este plan básico unas 500 mil personas se irán al sistema público. Pero en verdad creo que eso no es real. La verdadera razón por la que no quieren modificar esto es porque sus increíblemente altas utilidades sí se verían disminuidas”, asegura la abogada Zuñiga.

Consultado al respecto, Silva señaló que “yo soy parte de los diputados que solicitó al gobierno presentar esta indicación y creo que es una buena medida, importante y que mejoraba el proyecto. Varios de los parlamentarios estaban informados de que se iba a presentar esta indicación independiente de la posición que tuvieran acerca de ella”.

Ernesto Silva, según consta en su declaración de patrimonio, posee 12.100 acciones en la Isapre Banmédica, conocida en el sector como “el bastión de la UDI”, lo que en abril de 2010 representaba unos 7 millones 700 mil pesos (actualizados equivalen a 12,5 millones de pesos).

El parlamentario conoce de cerca el negocio de las isapres. Su padre, Ernesto Silva Bafalluy, fallecido en 2011, fue director de varias empresas del grupo Penta, vinculada a Carlos Alberto Délano —uno de los mejores amigos de Sebastián Piñera— y Carlos Eugenio Lavín, financista de la UDI. Además de accionista controlador del holding  Banmédica, y dueño de la isapre del mismo nombre y de Vida Tres. Como parte de Penta era presidente de otra filial del grupo, la AFP Cuprum.

Hasta su muerte, Silva Bafalluy era rector y socio fundador de la Universidad del Desarrollo, también propiedad de algunos de los dueños de Banmédica.

El blindaje

El estudio “Mercado de la Salud Privada en Chile”, encargado por la FNE a la Universidad Católica de Valparaíso y publicado hace unas semanas, puso el acento en la integración vertical del sistema y en que esta industria supera las utilidades de bancos y seguros. Pese a ello no hubo ninguna reacción gubernamental. De hecho, Jaime Mañalich le bajó el perfil al asunto declarando que las falencias consignadas por el informe estaban en su mayoría resueltas.

Lo que está lejos de la realidad, ya que uno de los más complejos problemas que se le critica a esta industria, cuyo mercado está controlado por cinco actores (Banmédica y Vida Tres, Consalud, Cruz Blanca, Colmena Golden Corss y Más Vida), está relacionado justamente con la integración vertical que ya es parte de su modus operandi, y que no ha sido abordado ni en el Congreso ni en el mundo político. Lo que se ha traducido en que las aseguradoras de salud privadas dejaron de limitarse a financiar las prestaciones y beneficios de sus afiliados, ya que hoy sus accionistas están detrás de clínicas, centros de salud, servicios de atención domiciliaria y laboratorios. Manejando así el paquete completo.

Pese a esto y a las fuertes críticas que se han levantado en contra de las aseguradoras privadas de salud por sus jugosas utilidades, estas jamás han enfrentado reformas legislativas profundas.

Ni siquiera durante la discusión del Plan Auge, que originalmente introducía un mecanismo que cambiaba el paradigma actual: el Fondo de Compensación de Riesgo, un pozo único con aportes de quienes estaban tanto en los sistemas privado como público de salud. En palabras simples, un impuesto a las cotizaciones del sector que lograba destinar recursos privados para fines públicos. Lo que atacaba el corazón del sistema privado de salud chileno.

A su rechazo contribuyó el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera (RN), quien elaboró un informe en derecho que apuntaba a eliminar el fondo en su idea original. En tanto, Andrés Tagle, experto electoral de la UDI, actual miembro del directorio de Codelco y asesor de la Segpres, señaló durante la discusión que la eliminación de dicha parte del proyecto no jugaría en contra del plan estatal, ya que sería un éxito “porque puede operar perfectamente sin ese fondo de compensación”.

Todo indica que una vez más la poderosa industria de las Isapres logrará mantener el statu quo que las ha beneficiado desde su creación en 1981. Siendo un factor clave para ello la “puerta giratoria” para entrar y salir desde el sistema público al privado y viceversa. Así como las redes de poder que las rodean.

Para graficarlo, varios ejemplos: el actual superintendente de Isapres, Luis Romero, aterrizó en el cargo desde el puesto de subgerente general de la Isapre Colmena Golden Cross, que posee 16,07 % de participación en el mercado. El ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, que dejó el cargo tras la fallida licitación del litio hace poco más de un mes, fue gerente de planificación y desarrollo del holding de Banmédica, que junto a Vida Tres —con la que existe una estrecha vinculación de sus accionistas—, poseen en conjunto 25,29% del sector.

Esta puerta giratoria también ha operado desde la otra vereda, ya que importantes funcionarios de salud de la Concertación han terminado con altos cargos en el mundo de las aseguradoras de Salud. Es el caso del ex ministro de Salud y de Fonasa, Álvaro Erazo, que en abril de 2011 fue reclutado como miembro del directorio por el holding Cruz Blanca, del grupo Said y con un 19,77 % del mercado.

El holding Cruz Blanca asimismo cuenta con otro ex director de Fonasa, César Oyarzo, que es el actual gerente general de la prestadora de Salud del grupo: Integramédica, que también contó en su directorio entre 1994 y 2002 con el primer superintendente de Isapres del país, Héctor Sánchez.

El antecesor de Hernán Doren como presidente de la Asociación de Isapres de Chile, fue el ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat, quien desde 2006 hasta junio de 2010 estuvo en el cargo.

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