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Ponce Lerou instala a Piñera al centro del caso Cascadas y cuestiona independencia de la SVS

por 25 octubre, 2013

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Julio Ponce Lerou instala una bomba política en el caso Cascadas. El empresario, que controla SQM a través de diversas sociedades, dio el miércoles el paso más decidido en su estrategia para enfrentar los cargos que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le formuló en septiembre pasado. Esos cargos son por las operaciones con las sociedades cascadas que conforman la cadena de control de Soquimich.

Esta vez, su ataque fue directo contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, a quien acusa de haber participado en algunas de las operaciones incluidas en la investigación de la entidad que dirige el titular de la SVS, Fernando Coloma, deslizando de paso que los intereses del Mandatario en el caso provocaron su intervención ante la SVS, quitándole a esta la independencia necesaria para investigar el asunto. 

"Es la jugada más audaz de Ponce y, de ser cierta, avala el argumento de su entorno de que esto en el fondo es una pelea por el control de SQM y que Piñera está detrás", dice una fuente que no está ligada al caso, pero que lo conoce en detalles. "Es muy difícil de probar, pero Ponce sabe que poner al Presidente en el banquillo obligará a todas la partes a mostrar sus cartas", explica.

En un documento reservado que ingresó a la SVS y al cual El Mostrador Mercados tuvo acceso, el controlador de SQM dice que Piñera participó en al menos tres de las operaciones incluidas en el oficio de formulación de cargos de la SVS. En este plantea que el Presidente aún mantendría una participación en dos de las sociedades –Oro Blanco y Norte Grande– a través de Moneda Corredora de Bolsa y cuestiona la independencia del superintendente Fernando Coloma para liderar la investigación.

En la presentación, que está firmada por los abogados de Ponce, Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, se pide una serie de antecedentes e información en relación a la participación de las sociedades del Presidente de la República en las operaciones de las Cascadas y los detalles del fideicomiso que firmó con Moneda Corredora un año antes de asumir el cargo de Primer Mandatario.

Finalmente, solicita que, mientras no se entregue dicha documentación, "se suspenda el procedimiento sancionatorio, y en particular, el plazo para presentar los descargos correspondientes" a Ponce Lerou. También le pide a la SVS que se pronuncie con "máxima urgencia", recordando que el plazo para formular sus descargos vence el próximo 29 de octubre.

Las operaciones cuestionadas

El oficio de formulación de cargos de la SVS del 6 de septiembre pasado realizó un detallado seguimiento a las transacciones de acciones de las sociedades cascadas, incluidas las que eran controladas en su totalidad por Ponce Lerou. Así, la primera transacción de acciones es la del 12 de mayo del 2008, donde Oro Blanco compra 151,22 millones de acciones de Pampa Calichera (esta última es la sociedad que invierte directamente en SQM, siendo Oro Blanco la controladora de Pampa), tras pagar US$ 159 millones.

Luego, la SVS relata que el 22 de mayo, diez días después, Norte Grande (que controla Oro Blanco) compra 1.900 millones de acciones de Oro Blanco en US$ 26,7 millones. Finalmente, el mismo 22 de mayo de ese año, SQYA –que días antes había pasado a ser controlada en un 100% de forma indirecta por Ponce Lerou– compró 1.986 millones de acciones, tras pagar US$ 26,99 millones.

En el oficio de formulación de cargos, Fernando Coloma incluye estas y otras operaciones de 2008 como el punto de partida de la seguidilla de compras que hacen estas Cascadas hasta 2011, periodo en el cual, según la investigación, se produjo daño a los accionistas minoritarios de dichas sociedades. Sin embargo, el regulador no incluye estas compras relatadas del año 2008 entre las que habrían sido parte del esquema de transacciones que lideraba Ponce junto a Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc y donde también participaron con sociedades instrumentales la corredora LarrainVial y su presidente Leonidas Vial.

El punto es que las tres operaciones en que los compradores fueron sociedades presididas y controladas por Julio Ponce Lerou, el vendedor fue el actual Presidente de la República. A través de Axxion, Bancard y Santa Cecilia (esta última en la tercera venta), Piñera habría recaudado unos US$ 213 millones. Por cierto, el intermediador, al igual que en muchas de las operaciones criticadas por la SVS, fue LarrainVial.

Los abogados de Ponce reclaman que la SVS no revela el nombre del vendedor, no hace ningún comentario al precio al cual fueron transadas dichas acciones y tampoco cuestiona la modalidad en que inscribieron, difundieron y ejecutaron las operaciones en la Bolsa, características que habrían sido similares a las que ocurrieron de 2009 en adelante y que la SVS utiliza para acusar al controlador de SQM. De hecho, aseguran que los precios a los que se ejecutaron fueron entre un 8% y un 34% superiores (en la venta del 12 de mayo de 2008) a los que serían si se calcularan de acuerdo a los parámetros que la SVS utilizó para cuestionar los remates hechos a partir del año 2009. La diferencia es de 19% a 35% para la segunda transacción y de 26% a 39% para la tercera.

Desde la sociedad de inversiones Bancard, Nicolás Noguera es tajante en rechazar las imputaciones de Labarca y Parodi.

“Las transacciones no son comparables, porque el vendedor (Piñera) no tenía relación alguna ni con el control ni con el directorio ni con la administración de la compañía, tampoco existían terceros minoritarios que se pudieran ver afectados de manera alguna. Respecto del precio, en las transacciones del 12 de mayo este fue un 5% superior al precio de cierre anterior, precio totalmente en rango con el mercado y atractivo para cualquiera que quisiera adquirir una posición de ese tamaño. El precio y ese 5% de premio son absolutamente normales para alguien que estaba buscando consolidar el control de una empresa”, dice Noguera.

La presentación de los abogados de Ponce es vista por sus críticos como una maniobra desesperada frente a la contundencia que tendrían los cargos y la investigación de la SVS.

Para ellos, la denuncia de Ponce sigue una línea de acción que antes incluyó presentaciones contra Moneda y luego contra las AFP, en cuanto a asignarles participación en los remates que la SVS cuestiona y que, a juicio de Ponce, son normales en el mercado.

Sin embargo, los detractores de Ponce advierten que el motivo por el cual la SVS no incluyó las operaciones en que Piñera vendió acciones de las Cascadas, fue porque estas no fueron parte del entramado de compra y venta de papeles que, a juicio de la SVS, Ponce organizó con Guzmán, Le Blanc, Motta, Contesse Fica, y donde también fue relevante la actuación “instrumental” de León Vial y su corredora LarrainVial.

El fideicomiso de Piñera

“Como Presidente me he preocupado del tema (Cascadas) para que se haga lo que se tiene que hacer, investigar, si corresponde, sancionar y tratar de compensar el daño causado”.

La frase del Presidente Piñera en una entrevista a Radio Bío Bío el 15 de octubre pasado es clave para los abogados de Ponce Lerou. En la presentación ante la SVS señalan que, según la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, se establece  que es “especialmente contrario al principio de probidad” el “participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad” al funcionario de que se trate. El documento agrega que “las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos…”.

Los abogados señalan esto para luego recordar que, según un dictamen de la Contraloría del 22 de agosto de 2013, se recalcó en relación a la norma más arriba indicada que tiene como objetivo “impedir que tomen parte en la resolución, examen o estudio de determinados asuntos o materias aquellos funcionarios que puedan verse afectados por un conflicto de interés en el ejercicio de su empleo o función, en virtud de circunstancias que objetivamente puedan alterar la imparcialidad con que éstos deben desempeñarse, aun cuando dicha posibilidad sea sólo potencial, para lo cual deberán cumplir con el referido deber de abstención”.

Para Labarca y Parodi, la declaración de Piñera reconociendo que intervino ante la SVS y conoció del caso Cascadas, es evidencia de que influyó en la labor de Coloma.

Y el que hubiera tres operaciones de 2008 donde participó Piñera y que fueron parte de la investigación de Coloma es, a juicio de ellos, argumento importante para cuestionar la investigación.

Pero dan un tercer antecedente para cuestionar a Piñera y Coloma.

En su presentación, plantean que hay evidencia que apunta a que Piñera no habría dejado completamente la propiedad de las sociedades Cascadas. Esto, porque luego de vender sus acciones en Pampa en 2008, el actual Mandatario informó el 29 de abril de 2009 que traspasaba a un fideicomiso ciego las inversiones que mantenía a través de Bancard y Santa Cecilia, las que fueron asumidas para ser gestionadas por Bice, LarrainVial, Celfin y Moneda.

A esa altura, Piñera tenía alrededor de un 2,6% de Norte Grande y 1,2% de Oro Blanco. Según los abogados, hoy Piñera –a través del fideicomiso ciego– seguiría teniendo dicha participación, lo cual no es posible verificar, dado que los contratos firmados por Piñera ante las instituciones financieras señaladas no son públicos, excepto el que mantiene con LarrainVial.

En Radio Bío Bío, ante la pregunta de si mantenía propiedad en las Cascadas, Piñera respondió que: "Habíamos vendido esas acciones y el resto fue todo a un fideicomiso ciego mucho antes que yo asumiera como Presidente, un año antes y, por lo tanto, a partir de ese instante yo me desligué totalmente de la administración de los activos financieros chilenos", dijo en ese momento. 

Al parecer todos entendieron que lo que el Presidente dijo en ese momento es que ya no tenía acciones de las Cascadas. Sin embargo, lo que hizo en 2009 fue traspasar sus acciones al fideicomiso ciego, no venderlas. Por ende, si los gestores financieros no han vendido hasta esos papeles, Piñera seguiría siendo accionista de ambas sociedades. 

En todo caso, los contratos señalan claramente que desde ese momento el Mandatario no puede tener conocimiento del destino de sus inversiones. Así lo reafirma Noguera: “Nosotros en mayo de 2008 vendimos una parte muy importante de nuestra posición en las sociedades cascadas, la parte que teníamos en abril de 2009 fue traspasada íntegramente a los fideicomisos ciegos. Cuando Sebastián asume la presidencia habíamos o vendido o traspasado a los fideicomisos todas nuestras acciones un año antes y dado eso ni él ni nadie puede haber sabido si en ese minuto éramos o no accionistas de las sociedades cascadas, cumpliéndose de esa manera el objeto por el cual se hicieron los fideicomisos”, explica.

En cualquier caso, las palabras de Piñera son vistas por sus críticos como un paso en falso, dado que por prudencia política no debería haber intervenido en el caso ante la SVS.

Aún más, la investigación de la SVS revela que en 2008, antes que Piñera vendiera sus acciones, su representante en el directorio, Juan Luis Rivera, quien siguió algunos meses después en ese cargo, fue el único que rechazó los aumentos de capital aprobados a principios de abril de ese año, destinados a financiar inversiones y pago de deudas. Dichos aumentos de capital fueron cuestionados en su lógica económica por la SVS en los cargos a Ponce.

Al cierre de esa nota, Moneda Corredora de Bolsa no había respondido a las consultas planteadas por El Mostrador Mercados.

Consultado formalmente sobre el tema, el Gobierno precisó que había que remitirse a las declaraciones del Presidente Piñera en Radio Bío Bío el martes 15 como la versión oficial al respecto.

Debido a esto, los abogados de Ponce cuestionan la independencia de Coloma. Dicen que el interés que tendría Piñera en el caso “podría restar imparcialidad a ese superintendente para seguir interviniendo en esta investigación y, en su caso, para resolverla”.

El antecedente sobre la participación de Piñera, además, es visto en el mercado como parte de una disputa sobre el control de SQM, ya que la situación de Ponce y la debilidad financiera actual de las Cascadas –y de SQM, por el fin del cartel del potasio en Rusia– podría abrir la puerta al ingreso de inversionistas extranjeros o locales a la propiedad. Las voces apuntan también a que Piñera (después de salir de La Moneda) o inversionistas cercanos a él, podrían querer participar en la puja por la empresa.

Los descargos de Ponce Lerou ponen de forma inédita al Presidente de la República al centro del caso más polémico que ha golpeado al mercado financiero chileno desde el caso Chispas y eleva la temperatura en lo que muchos consideran es una batalla en la que está en juego el control de SQM.

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