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Caso Cascadas se reabre y Juan Andrés Camus asume presidencia de la Bolsa con la institución cuestionada

por 28 abril 2014

El estreno que tendrá Juan Andrés Camus, socio de BTG Pactual, como presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago cuando termine la junta de accionistas que se realiza esta mañana, será el broche de oro para la carrera que junto a Jorge Errázuriz iniciaron a fines de los 80.

Esta mañana Camus fue confirmado como reemplazante de Pablo Yrarrázaval, el cuestionado presidente de la entidad. El cambio pone fin al rol determinante en la Bolsa de LarrainVial, la histórica corredora a la que Celfin (hoy BTG) siempre quiso destronar. De paso, Leonidas Vial deja el directorio, aunque en su reemplazo debería llegar su socio Fernando Larraín.

El ascenso de Camus a la testera de la Bolsa ocurre en momentos en que la institución –y la forma en que opera– está fuertemente cuestionada. Su misión inicial será tratar de amainar el incendio que atosiga al mercado por la investigación que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lleva a cabo por el caso Cascadas. En ella, la autoridad acusó a las corredoras LarrainVial y Banchile, además del socio de la histórica corredora líder del mercado y sus principales ejecutivos.

El viernes pasado, la SVS reinició el proceso contra Julio Ponce y todos los que fueron acusados en septiembre de 2013, debido a que desde fines de enero pasado el estado de la investigación de los formulados de cargo alcanzó la misma etapa.

En las próximas semanas, presumiblemente en la primera quincena de mayo, la SVS deberá zanjar recursos presentados tanto por Ponce –en enero pasado– como por León Vial y otros acusados, que cuestionan la forma en que el fiscalizador pretende desarrollar la etapa probatoria, que es posterior a los descargos ya hechos por todos y previa a la resolución final, donde la autoridad decide si sanciona o exculpa.

En esa etapa, Camus, desde la presidencia de la Bolsa, deberá liderar la decisión de la entidad acerca de testificar ante la SVS respecto de las operaciones cuestionadas. 

Esto, porque los acusados sustentan uno de los pilares de su defensa en la legalidad de las mismas. Y Camus, desde la testera, deberá acudir a explicar cómo opera el mercado, defender a la institución y, al mismo tiempo, a sus socios en la Bolsa.

Probatoria incidentada

El viernes pasado la SVS informó que se levantaba la suspensión del proceso contra Ponce, su abogado personal Roberto Guzmán, el gerente general de las cascadas Aldo Motta y Patricio Contesse Fica.

La entidad, que hoy dirige Carlos Pavez, explicó que con la suspensión se buscaba permitir que “las personas formuladas de cargos con fecha 6 de septiembre de 2013 pudieran analizar los cargos y descargos presentados y hacer las presentaciones que en derecho estimasen pertinentes, como asimismo, para que los eventuales períodos de prueba se llevaran de manera simultánea”.

Con el alzamiento de la suspensión, agregó la autoridad, se busca que los períodos probatorios derivados de todas las formulaciones de cargo vinculados a operaciones de las Sociedades Cascada “puedan efectuarse de manera simultánea o, en su defecto, que se desarrollen estando vigentes los respectivos procedimientos administrativos”.

Explicitó, además, que la medida permitirá “que los formulados de cargos puedan seguir ejerciendo de manera adecuada su derecho de defensa y se dé curso progresivo a los procedimientos administrativos en cuestión hasta su resolución”.

A partir de ahora, la SVS debe zanjar todas las incidencias presentadas por los acusados, las que, aseguran fuentes que conocen del caso, apuntan a la forma en que se lleva a cabo el término probatorio, la etapa en que los acusados presentan pruebas documentales, peritajes y testigos destinados a demostrar su inocencia.

La SVS le indicó a la defensa de Ponce, en el oficio reservado N°823 del 12 de noviembre de 2013, que eran ellos los que debían señalar “especifica, detallada y pormenorizadamente los hechos que (se) desea acreditar en este procedimiento así como los medios de prueba de los cuales pretende valerse para ello”.

En sencillo, la Superintendencia ordena a los abogados defensores definir los hechos que quieren demostrar, opción que –de acuerdo a la defensa de Ponce– es errada, pues, según la ley, debe ser la SVS, la acusadora la que determine los hechos informados por los acusados en sus descargos que no le consten y, a partir de eso, les indique a los formulados de cargo los hechos que deben demostrar.

Esta diferencia con la SVS se habría dado también en el caso de los cargos contra otros acusados, como LarrainVial y Leonidas Vial.

Según fuentes del proceso administrativo en curso, la SVS responderá en las próximas dos semanas a estos cuestionamientos, y Carlos Pávez ratificaría lo que ya había determinado su antecesor Fernando Coloma, rechazando los recursos.

Descartadas estas incidencias, la SVS daría curso a la etapa probatoria. Esta fase del caso, duraría entre 6 y 10 semanas, concluyendo en la segunda parte de julio de este año. Terminado ese período, la SVS estaría en condiciones de resolver si sanciona o absuelve a los acusados, decisión que tomaría otras 4 a 6 semanas, por lo que el caso en sede administrativa concluiría a mediados de septiembre próximo.

La Bolsa al ruedo

La etapa probatoria, aseguran conocedores del caso, será un desfile de testimonios y peritajes. Las defensas ya dieron luces en sus descargos, de aquello que buscarán demostrar en la etapa probatoria.

Por un lado, en el mercado de capitales existe coincidencia en que la determinación de lo que son los precios de mercado es un flanco débil de la SVS, que consideró como transacciones fuera de mercado las compras y ventas de papeles a precios desviados de los promedios de los últimos 15, 30 y 60 días.

Esta fórmula es cuestionada transversalmente, incluso entre altos ejecutivos que esperan que la SVS sancione a Julio Ponce. “El precio de mercado es el del mismo día o el día anterior, no más”, dice un activo gestor de carteras de acciones a nivel local.

Para demostrar el error de la SVS, las defensas han estado encargando estudios y no ha sido fácil. Una alternativa son ex titulares de la SVS, pero Guillermo Larraín estaría impedido, dado que parte de las operaciones cuestionadas se hicieron cuando él dirigía la SVS; Alejandro Ferreiro, su antecesor, fue director de Norte Grande; Álvaro Clarke es socio de una clasificadora de riesgo, y Daniel Yarur está involucrado en una disputa penal y civil personal.

Aldo Motta, de hecho, pidió un informe sobre este tema al economista Erik Haindl, el mismo que ha hecho algunos estudios para Norte Grande y Calichera.

Junto con ello, algunos acusados se defenderán aludiendo a la legalidad de las operaciones que se realizaron entre 2009 y 2011, pues se cumplieron normas de la SVS y reglamentos de la Bolsa de Comercio de Santiago, visadas por la propia Superintendencia.

Para ello, la Bolsa será citada a la Superintendencia a dar su testimonio y entonces deberá decidir si se enfrenta a la autoridad, defendiendo la labor de LarrainVial, Leonidas Vial y Banchile, o si toma distancia.

La conclusión del mercado es clara: Camus deberá defender la legalidad de las transacciones ejecutadas por LarrainVial y Banchile, incluyendo los tiempos de difusión, las operaciones elegidas para concretarlas y el rol que juegan las corredoras.

De hecho, la Bolsa no puede contradecirse: ya dio su opinión sobre el caso el 28 de octubre de 2013. Ese día, Pablo Yrarrázaval, el presidente de la institución que hoy definitivamente deja su cargo, encajonado por el caso Cascadas, aseguró tajante que “las operaciones se han hecho de acuerdo a la reglamentación vigente”.

Lo hizo también el 28 de enero pasado, cuando puso en consulta una serie de cambios a la normativa que hoy regula las operaciones en la Bolsa. Estás proponen, por ejemplo, elevar el tiempo de difusión de las Operaciones Directas (OD), en particular las automáticas, una modalidad de transacción usada reiteradamente en el caso que investiga la SVS, donde una corredora está en ambas puntas, es decir, es compradora y vendedora al mismo tiempo.

También aumenta los plazos de difusión de remates, los que llegan hasta tres días cuando se trata de operaciones superiores a UF 1 millón (US$ 43 millones) y que deban ser pagadas el mismo día que se realizan o al día siguiente. También plantea la erradicación casi total de los remates físicos (con martillero).

Estos cambios imponen nuevas condiciones para el mercado –según agentes del mismo– y demostrarían que las corredoras actuaron cumpliendo la norma que tal vez hasta ahora era demasiado laxa.

Estas nuevas normas ya fueron comentadas por el mercado, que tenía plazo para ello hasta el 31 de marzo pasado, y ahora la Bolsa debe traspasarlas a la SVS para que las ajuste.

Pero el testimonio de la Bolsa, dicen fuentes del proceso, no será cómodo, porque su opinión está completamente imbuida de conflictos de interés, debido a que, al menos hasta este lunes, tiene en su directorio a uno de los acusados –León Vial– y, si es reemplazado, lo será por su socio Fernando Larraín Cruzat. Además, la corredora es socia fundamental de la Bolsa, al igual que Banchile, del grupo Luksic.

La opinión de la Bolsa, si es validada por la Superintendencia, deja en una posición incómoda a Pávez, pues el esquema, según los cargos, considera “necesaria” la participación de LarrainVial y Leonidas Vial. Si la SVS los absuelve, el caso se caería.

Pero en el proceso existe constancia de que hay pocas posibilidades de que Pávez eche pie atrás en lo obrado por Coloma y quien fuera su mano derecha en este caso, Hugo Caneo. Se estima que 9 de cada 10 formulaciones de cargo terminan en sanción, por lo que las fichas de los acusados están puestas en los tribunales de justicia.

Eso sí, Larraín Vial también se ha defendido en sus descargos, aduciendo que su único rol en el caso fue intermediar las operaciones y que la oferta de negocios a Leonidas Vial es parte de su trabajo y no lo privilegia por sobre otros clientes.

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