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El departamento de Estado sale a defender intereses norteamericanos en Chile y manda señal a La Moneda sobre reformas

por 7 mayo 2014

Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en Chile, con US$ 25,000 millones en inversiones directas.

Ayer, el gobierno de Barak Obama salió a defender esas inversiones y se metió de lleno en el debate político nacional.
En su primer encuentro con la comunidad empresarial, organizado por la Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio, el embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, hizo una advertencia acerca de las reformas que está proponiendo el gobierno de Michelle Bachelet.

Dijo que antes de hacer los cambios, el gobierno tiene que consultar a "todas las partes interesadas". Y remarcó que los inversionistas norteamericanos piden "reglas claras" y "estabilidad política".

"Cuando hay cambios es importante consultar a todos los stakeholders (partes interesadas), y a su vez tomar decisiones en un tiempo razonable, para que las empresas puedan clarificar y adaptarse adecuadamente", señaló el diplomático.

Durante su intervención, hizo hincapié en que la discusión es "enteramente del pueblo chileno", agregando que "mientras haya transparencia y se trate a todos igual, aquí seguiremos y, claro, tomamos nota".

Las reformas que ha planteado el gobierno de Michelle Bachelet podrían afectar a empresas como Grupo Laureate (educación),  AES (energía), Freeport-McMoran (minería - DL 600), Principal Financial (AFP Cuprum)  y Met Life (AFP Provida).

Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en 2003, el intercambio comercial se ha triplicado. 

El lobby de Estados Unidos con Campiche

No sería la primera vez que la embajada norteamericana interviene ante un gobierno de Michelle Bachelet para salvaguardar inversiones y ayudar a sus empresas. 

Durante su primer paso por La Moneda, Bachelet cedió al lobby político norteamericano y dio su respaldo a la termoeléctrica Campiche, propiedad de AES Gener, luego de que la Corte Suprema ordenara detener la construcción del proyecto, acogiendo un recurso de protección contra su aprobación ambiental, debido a un problema con el uso de suelo donde se emplaza, que estaba destinado a áreas verdes.

La decisión de la Suprema fue resistida desde la empresa y desde los gobiernos chileno y norteamericano.

Tras el fallo, desde Estados Unidos se inició un importante lobby para impulsar a las autoridades a tomar cartas en el asunto y buscar una vía para destrabar el proyecto, cuya construcción ya estaba avanzada en casi un cincuenta por ciento.

Los detalles de la operación, que terminó dando vuelta la mano al fallo de la Suprema y al rechazo de los vecinos, fueron filtrados a través de dos cables de Wikileaks, publicados en Ciper, y dan cuenta de reuniones, cartas y recados para abrirle el camino a la termoeléctrica. El entonces  embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, tuvo un rol clave en defender la posición de AES.

De acuerdo a los cables, el 4 de agosto de ese año, Simons se reunió con el ministro del Interior de ese entonces, Edmundo Pérez Yoma, para discutir el caso. El secretario de Estado estaba bien informado, ya que según Wikileaks le señaló que el gobierno entendía que era un problema grave, “más allá  del impacto inmediato sobre la inversión de AES, la decisión también perjudica el clima de inversión en Chile”, detallando que se estaba trabajando para encontrar una salida y que, para ello, se había asignado “a uno de sus principales asesores”.

El embajador también planteó la cuestión ante el ministro de Energía, Marcelo Tokman, quien se comprometió a darle su apoyo.

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