Las razones del Gobierno para sumar a la derecha a la Reforma Tributaria - El Mostrador

Lunes, 20 de noviembre de 2017 Actualizado a las 22:13

Las razones del Gobierno para sumar a la derecha a la Reforma Tributaria

por 11 julio, 2014

El deterioro de la economía era una preocupación que rondaba al Ministerio de Hacienda. Pese a que públicamente se dijera que la actividad iría de menos a más hacia el segundo semestre, los indicadores demostraban una caída que comenzó a pesar. El último Imacec, el de mayo, fue de 2,3%.

A medida que pasó el tiempo se hizo más evidente el deterioro de las  expectativas. Las señales apuntaban a que había varios proyectos importantes detenidos por el ambiente de crispación que se percibía.

La preocupación por estos dos factores –crecimiento y expectativas– llevó a redoblar los esfuerzos por alcanzar un entendimiento lo más amplio posible. También influyeron los consejos y la orientación del ex ministro y ex senador Alejandro Foxley.

Este le habría planteado al ministro Alberto Arenas que una reforma estructural de alcance mayor requería no sólo de los votos para aprobarla, sino de un apoyo que fuera más allá de la mayoría gobernante para que se produjera la menor cantidad de ruido sobre la economía.

Se apuntaba, así, a no sólo legitimarla en términos políticos, sino que a viabilizar los otros proyectos de cambio –como los de Educación y Constitucional– que el gobierno de Michelle Bachelet quería realizar. Algo parecido indicó en su audiencia ante los senadores: “La forma en que se resuelva esta Reforma Tributaria influirá en la manera en que se resuelvan las otras”.

Evitar la polarización

Con estas dos ideas dando vueltas, el equipo de Hacienda habría buscado llegar a un acuerdo con la oposición. A eso se agregaba una consideración extra. Si bien en Teatinos 120 habrían contado con cinco informes constitucionales –dos de abogados de derecha– que le daban al Ministerio una relativa seguridad sobre la legalidad de la normativa en trámite, había un factor que les inquietaba: la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) cambiaba en agosto.

El presidente de este tribunal es el miembro que dirime en caso de empate, por lo tanto, ante la eventualidad de que asumiera Carlos Carmona –designado por Michelle Bachelet–, el gobierno creía que la derecha se iba a apurar en presentar requerimientos de constitucionalidad, lo que sólo aumentaría la polarización. “Cualquier modificación o cambio, se iba a leer que se hacía presionado por el tema de una supuesta ilegalidad”, se explica.

Hoy, preside el TC la abogada Marisol Peña, que ha sido elegida en dos periodos por la Corte Suprema y en 2013 asumió el cargo por un año. Carmona, en tanto, fue jefe jurídico del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet.

El factor Piñera

El primer acercamiento –de acuerdo a fuentes consultadas– no fue con Renovación Nacional, sino que habría sido con la UDI. Se desprende que fueron militantes de este partido los que se acercaron, pero no se dan más detalles.

A juicio de fuentes de gobierno, el factor que más ayudó a allanar posiciones con la derecha, fue el ex Presidente Sebastián Piñera. Mientras más atacaba la Reforma Tributaria, más incentivaba a integrantes de su sector a llegar a acuerdo. “Las presiones de Piñera y de Felipe Larraín fueron feroces los últimos tres días”, se señala.

Entre las historias que se cuentan estaría que dos senadores de la Alianza le aseguraron al ex mandatario que no iba el acuerdo, pese a que estaban negociando.

La interpretación que se da desde la Nueva Mayoría a esta falta de empatía entre Piñera y los partidos de derecha, es que los senadores querían efectivamente lograr un acuerdo político y propinarle por esta vía un golpe a Piñera, porque no lo quieren como candidato para un nuevo período presidencial.

La figura más clara en esta posición es Andrés Allamand, que se movería no sólo por la convicción política de que era mejor llegar a acuerdo, sino por sus viejas rencillas con Sebastián Piñera. Pero también se menciona al ex alcalde de Puente Alto y actual senador, Manuel José Ossandón.

Ayer, en El Mercurio, Allamand señaló que le parecía “doblemente incomprensible” la serie de declaraciones de Piñera en contra del acuerdo, porque el día anterior había indicado que un Presidente saliente no podía hacer declaraciones críticas a la política interna de su país desde el extranjero. “Tampoco logro entender que un ex presidente, que sabe el valor que tienen los acuerdos, haya estado en contra de este entendimiento transversal”, añadió.

La exclusión de los parlamentarios

Lo que está claro es que en la negociación entre Renovación Nacional –liderada por Juan Andrés y Bernardo Fontaine– y el equipo de Hacienda, no se involucró a los parlamentarios. Así lo reconoce el senador (PS) Carlos Montes, quien señala que hubo aspectos que fueron previamente conversados con el bloque oficialista, pero los temas principales del protocolo no se comunicaron.

Pese a ello, Montes destaca que lo principal de este acuerdo es que la oposición asume que quiere terminar con el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y firma un aumento de impuestos que permite recaudar US$ 8.200 millones para realizar el programa de gobierno.

“Esta no es la política de los consensos”, advierte.

Y aunque la línea divisoria puede ser percibida como tenue, Montes señala que hay una diferencia con la antigua forma de hacer política de la Concertación, que “era ver en qué temas había acuerdo y cómo le echamos para adelante. Ahora esto no ocurre. Tenemos claro lo que queremos, existe un proyecto y a partir de nuestro proyecto” se trata de incorporar a nuevos actores.

“Antes empezábamos negociando con el objetivo de llegar a Chimbarongo y terminábamos llegando a Melipilla... Perdíamos el norte”, ilustró ayer el senador PPD Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, en entrevista con radio Zero.

A tres días de firmado el protocolo resulta evidente que hay una tensión en la Nueva Mayoría. Hay quienes hubieran preferido aprobar la Reforma Tributaria con los votos oficialistas, con tal de no ser acusados de volver a las viejas prácticas de la Concertación. Sin embargo, hay un mar de fondo que va más allá de la Reforma Tributaria que pesa en las decisiones de Gobierno y que apunta a las otras reformas que se avecinan. Por eso, se acude al vocablo acuerdo y no consenso cuando se habla del protocolo.

En la etapa de celebrar dicho acuerdo, además, se filtró un par de críticas. Por un lado, el diputado DC y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Pablo Lorenzini, que había dado un trámite acelerado al proyecto, levantó la duda al manifestar que sólo se recaudarán US$ 6.000 millones.

Y, ayer, el economista Claudio Agostini –académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y autor de uno de los estudios que fueron base del proyecto original de Arenas– criticó abiertamente el protocolo, advirtiendo que abrirá más vías de elusión que antes.

El rol de los senadores

Si las negociaciones relevantes para conseguir el apoyo inédito de la derecha se hicieron fuera del Congreso, ¿cuál fue el rol que cumplió la Comisión de Hacienda del Senado? Quizás la función más importante fue servir de foro, donde se fueron entregando de manera ordenada los argumentos de los diversos sectores a través de cerca de 90 audiencias. El resultado de esas sesiones fue que, en una proporción 9:1, se llegó a la conclusión de que el proyecto tenía problemas.

Eso, que puede ser mirado como un dificultad de marca mayor para Hacienda, también le debió haber impulsado a buscar una fórmula de entendimiento, la que pasaba por recaudar US$ 8.200 millones, eliminar el FUT, y que los que ganaran más, pagaran más impuestos, deslizan fuentes parlamentarias.

El lío comunicacional del Ministerio Hacienda es que había sido majadero en repetir que el corazón de la Reforma Tributaria estaba en la renta atribuida obligatoria, en el aumento de impuestos a las empresas, en la retención del 10% de las utilidades y en el fin del FUT; y ahora aparece suscribiendo un protocolo donde la renta atribuida se transforma en voluntaria, donde se elimina la retención del 10% de las utilidades y se mantienen las ideas de terminar con el FUT y aumentar los impuestos. Junto con ello, levanta un mecanismo alternativo sobre base percibida.

Tal como estaba la línea de los argumentos que se dieron a conocer en el Senado, la renta atribuida tenía problemas de constitucionalidad, de operatividad y entraba en colisión con los tratados internacionales de doble tributación, por lo tanto, había cierta claridad de que la fórmula no volaba. “Que la renta atribuida ahora aparezca como un sistema voluntario es una forma que tiene Hacienda de no perder la partida. Hubiera sido muy duro, para quienes la defendieron, eliminarla del proyecto”, dice una fuente del Congreso.

La indecisión del PS

De acuerdo a las distintas versiones recogidas, el contenido del protocolo no fue tan fácil de tragar por parte de los parlamentarios de la Nueva Mayoría. No sólo por la implicancia política que tiene el potencial peligro de volver a la política de los consensos, sino porque no todos perseguían los mismos intereses.

Una fuente de gobierno cuenta que el senador Ricardo Lagos tuvo un rol importante ante la indecisión del Partido Socialista y de Andrés Zaldívar: “El PS quería más tiempo y Lagos los apretó, diciéndoles: ‘¿Ustedes están planteando dudas de una reforma hecha por un ministro socialista? Entonces digan qué reforma quieren tener’”, versión que es desmentida por una fuente socialista. Esta asegura que “nunca ocurrió ese diálogo”. Sí reconocen que querían incluir en el protocolo que las utilidades reinvertidas se quedaran en la empresa y no fueran usadas para otros fines, por ejemplo, pero les dijeron que ya el documento estaba prácticamente cerrado.

Por eso, cuando fundamentó su voto, el senador Carlos Montes expuso claramente que las indicaciones debían apuntar a que las utilidades que difieren impuestos lo hagan por un plazo definido y tengan que cumplir una serie de condiciones para que no se vuelva a replicar otro FUT disfrazado. A lo que sumó la exigencia de que el informe financiero demuestre que se van a recaudar los US$ 8.200 millones que se requieren para las inversiones en bienes sociales.

Más ingrato fue el papel del senador DC Andrés Zaldívar, pues en el Ministerio de Hacienda sentían que les jugó en contra todo el tiempo. “El quería administrar la negociación y matar la renta atribuida. Cuando vio que las cosas ocurrían por el lado, se sumó con decisión y vehemencia, como buen político avezado”.

En la votación general del proyecto, se mostró muy entusiasmado por el resultado: “Estoy feliz de haber escuchado y de participar en este acuerdo y que la oposición se haya sumado. El país es el que gana. La reforma está en la línea de lo que el país necesita para el próximo tiempo”.

Tanto el gobierno como la Nueva Mayoría están conscientes de que en las semanas entrantes se juega, a través de las indicaciones, la reforma de verdad. Ya es relevante recaudar los US$ 8.200 millones que requieren para el programa de gobierno, pero el tema de fondo es lograr un sistema tributario que apunte a la desconcentración del poder económico en Chile. Esa discusión, eminentemente técnica, está en manos de muy pocos.

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