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Enrique Correa entra como asesor de crisis de Penta y de sus socios controladores Délano y Lavín

por 8 octubre 2014

En medio de la investigación por el financiamiento irregular de campañas políticas de personeros de la UDI y ex candidatos presidenciales y la acusación de evasión tributaria del Servicio de Impuestos Internos (SII) por la entrega de boletas de sus cónyuges por trabajos no realizados, Carlos Alberto “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños de Empresas Penta, recurrieron a los servicios de Imaginacción, la compañía de Enrique Correa.

Personaje familiar cuando las empresas están en problemas, requieren tender puentes con el gobierno o hacer lobby frente a proyectos de ley, el ex vocero de gobierno de Patricio Aylwin asesora también a Julio Ponce Lerou, a quien la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicó la multa más alta de la historia –US$70 millones– por infringir tres artículos de la Ley de Sociedades Anónimas y dos de la Ley de Mercados de Valores, y a Álvaro Saieh, cuya cadena de supermercados SMU ha debido renegociar pasivos después de caer en mora y evitar la quiebra. En ambos casos, Soquimich y CorpBanca son clientes con los que trabaja desde hace, al menos, cinco años. No está solo: Matías Cartajena y su agencia Simplicity se encargan del manejo de crisis. Correa, de las relaciones institucionales, prensa y del lobby con autoridades y parlamentarios.

Fundada en 1996, Imaginacción posee distintas líneas de negocios –comunicación estratégica, asesoría legislativa, seguimiento de políticas públicas–, pero el lobby es la que la ha hecho más conocida. Es la única que reconoce participar en este negocio, aunque no informa quiénes son sus clientes.

 “No lo hacemos a menos que ellos quieran dar a conocer que cuentan con nuestra asesoría, porque tenemos acuerdos de confidencialidad”, sostiene Moisés Valenzuela, gerente de asuntos públicos de la agencia, al ser consultado por El Mostrador acerca de su nexo contractual con Empresas Penta, que en gestión de prensa opera con Rumbo Cierto, de la periodista Valentina Giacaman.

Otros de sus clientes son la Asociación de Clínicas, Anatel, la Universidad Santo Tomás, Aguas Andina, Claro, el grupo Mall Plaza, y Blanco y Negro, la concesionaria de Colo Colo. También es un antiguo asesor de la familia Luksic, que cuenta para varias de sus empresas con la agencia de comunicaciones Nexos.

En el pasado, fue contratado por las centrales Campiche y Castilla, Dicom, Cruz Verde –durante la tramitación del proyecto de ley de venta de remedios en supermercados– y Colliguay, la cuestionada sociedad de los privados que entró en 1991 a la propiedad de la Empresa Periodística La Nación y se opuso a su disolución.

Asesoró ad honorem al entorno más estrecho de Michelle Bachelet en su primer gobierno: a los abogados de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, formalizados y acusados por cuasidelito de homicidio a raíz de las muertes provocadas al no alertar el maremoto del 27 de febrero de 2010.

No son todos los clientes, por cierto. “Correa está en muchos más lugares de los que se lo ve”, afirma una fuente del mundo de los negocios. Un capítulo que revela el poder de Correa en su negocio fue lo ocurrido con LCH&H, la empresa de asesorías de Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Pese a sus contactos, no lograron reclutar interesados por su cercanía con el gobierno de Piñera, por lo que firmaron un acuerdo con Imaginacción para atender clientes en conjunto. Días después de que El Mostrador hiciera pública la alianza y, a través de una carta al director de El Mercurio, se terminó LCH&H, “para evitar cualquier interpretación equivocada sobre sus objetivos”.

Extend, el otro asesor        

Correa no es la única agencia contratada en medio de la crisis que viven Empresas Penta y sus socios, Délano y Lavín.

Extend, la empresa de las hermanas Marilú y Pilar Velasco, quienes al igual que Correa son cercanas a la Nueva Mayoría –la segunda fue secretaria de prensa del gobierno de Aylwin–, también está prestando asesoría.

“No podemos confirmar ni desmentir”, afirma Pilar Velasco, pero fuentes consultadas por este diario aseguran que su empresa está trabajando con el grupo Penta en el manejo de crisis. De hecho, estas fuentes precisan que ambas consultoras conforman un comité de crisis, que es presidido por el ex canciller de Piñera, Alfredo Moreno, director de varias empresas del grupo y quien reemplazó a Hugo Bravo cuando este renunció. Es un ex director de Falabella, ex presidente de Icare y hombre cercano a Agustín Edwards.

Por tratarse de una asesoría puntual no figura como cliente en la página web de Extend. En total, son 51 empresas, entre ellas, Agrosuper y La Polar –a las que prestaban servicios desde antes de las crisis de Freirina y el fraude, respectivamente–; Enersis, que tomaron cuando fue cuestionada a raíz del aumento de capital; la Fach, que contrató sus servicios después del accidente de Juan Fernández; y otras, como Echeverría Izquierdo, Aconcagua, PF, Pizarreño, Azul Azul, Provida, Cruz Blanca.

Penta está en el centro del caso que lleva adelante el Fiscal de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, quien comenzó a investigar en 2013 una denuncia por devolución fraudulenta del FUT, hasta dar con una red de reclutadores de clientes, contadores y funcionarios del SII, quienes abultaban costos y servicios para simular pérdidas y obtener, así, la devolución del  FUT de forma ilegal.

Uno de los reclutadores, Jorge Valdivia –ex colaborador de la CNI, acusado de abuso sexual en contra de la hija de una ex pareja y quien se presentaba como martillero público–, declaró antes de morir sus vínculos con Hugo Bravo, gerente general de Empresas Penta hasta 2010 y director de varias filiales hasta poco antes de que fuera denunciado por el SII, el 29 de julio pasado, por devolución fraudulenta del FUT por $260 millones en dos sociedades de su propiedad. La PDI, los fiscales Gajardo y sus ayudantes Pablo Norambuena y José Luis Villalobos, incautaron en las oficinas de Penta computadores y libros de contabilidad de todas las empresas del grupo.

Las declaraciones de Valdivia fueron ratificadas por el ex funcionario del SII, Iván Álvarez, quien fue formalizado y está en prisión preventiva.

Bravo, al ser interrogado, habría revelado que Empresas Penta entregó boletas por, al menos, $10 millones al chofer de Iván Moreira para financiarle a éste su campaña a senador, sin que hubiese trabajos que respaldaran el pago; agregó, asimismo, que había otras boletas ficticias que eran marcadas con lápiz pasta en el reverso con las iniciales del destinatario. La revista Capital en su última edición informa que las letras son IM, LG y AV, las que corresponderían a Iván Moreira, Laurence Golborne y Andrés Velasco.

A juzgar por los hechos, ni Extend ni Imaginacción han podido frenar la ola informativa que ha inundado a los medios, como tampoco acercar posiciones para lograr un acuerdo político entre el gobierno y la UDI.

Hasta ahora Lavín y Délano guardan silencio, mientras Hugo Bravo –quien trabajó con ellos desde 1987 hasta el 28 de julio pasado– revela en su demanda laboral por indemnización detalles que sus ex empleadores jamás hubiesen querido sacar a la luz.

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