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14 de abril de 2011

Condenan a prisión perpetua al ex dictador argentino Reynaldo Bignone

La pena fue impuesta por el Tribunal Oral Federal 1 de la localidad bonaerense de San Martín, que en 2010 ya lo había sentenciado a 25 años de prisión por delitos de represión cometidos en la guarnición militar de Campo de Mayo, que albergaba cuatro centros de tortura y una maternidad.

Un tribunal de Argentina condenó hoy a prisión perpetua al exdictador Reynaldo Bignone por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de diez víctimas del último régimen militar (1976-1983), informaron fuentes judiciales.

La pena fue impuesta por el Tribunal Oral Federal 1 de la localidad bonaerense de San Martín, que en 2010 ya había sentenciado a Bignone a 25 años de prisión por delitos de represión cometidos en la guarnición militar de Campo de Mayo, que albergaba cuatro centros de tortura y una maternidad.

El tribunal también condenó a reclusión perpetua a los exmilitares Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez, y al antiguo subcomisario Luis Patti, quien se desempeñaba en la dependencia policial de la ciudad bonaerense de Escobar, mientras que sentenció a seis años de prisión al excomisario Juan Fernando Meneghini.

Para todos ellos, los jueces ordenaron que cumplan sus penas en una cárcel común.

La lectura del fallo, presenciada solamente por Meneghini, fue recibida con aplausos por integrantes de organismos de derechos humanos que ingresaron en la sala de audiencias y por quienes se apostaron frente a la sede del tribunal.

Para celebrarlo, las Abuelas de Plaza de Mayo, una de las querellantes en este proceso, convocaron a un recital del grupo Los Auténticos Decadentes.

El secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, manifestó su satisfacción por la sentencia y alabó las condiciones del tribunal de San Martín.

“Este es un tribunal de gran jerarquía jurídica que hoy ha procedido en consonancia con su prestigio y sapiencia”, destacó.

Para Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, “hoy es un día histórico para todos los argentinos de bien”.

“Hay muchos países que están mirando cada vez con más respeto a Argentina porque llevamos las banderas de la verdad y la justicia para los 30.000 (desaparecidos)”, comentó.

Horas antes de la sentencia, Reynaldo Bignone, de 83 años, hizo uso del derecho a su última defensa y consideró que la Justicia civil no era “competente” para juzgarle.

En ese sentido, el último presidente de la dictadura (1982-1983) sostuvo que debió ser juzgado por un tribunal militar.

Tanto Riveros, Meneghini y Patti, hospitalizado desde el año pasado por un accidente cerebrovascular, se negaron a hablar ante el tribunal bonaerense.

Durante la etapa de alegatos del juicio, iniciado en septiembre pasado, la fiscalía y las querellas habían solicitado la pena de prisión perpetua para los cinco imputados.

El tribunal, integrado por los jueces Lucila Larrandart, Marta Milloc y Horacio Sagretti, abordó en el proceso, que contó con un centenar de testigos, el secuestro y asesinato del exguerrillero Gastón Goncalves y del exdiputado nacional Diego Muñiz Barreto, detenido en forma ilegal en Escobar, entre otros.

Gastón Goncalves, militante del disuelto grupo Montoneros, fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, el día del golpe que inauguró la dictadura, y su cadáver fue encontrado el 2 de abril de ese año.

Un año después fue raptado en Escobar el exdiputado Muñiz Barreto, quien tras pasar por varias cárceles clandestinas fue introducido sedado en un auto y arrojado en un río para simular un accidente.

Patti, quien siguió el juicio desde una ambulancia apostada frente al auditorio, entró en la política en 1991 de la mano del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) y luego de ser alcalde ganó un escaño de diputado por el derechista Partido Unidad Federalista en 2005.

No obstante, los grupos parlamentarios oficialista y de la oposición aprobaron en su día un dictamen que impidió que asumiera sus funciones.

Además de afrontar este proceso concluido hoy, Bignone es uno de los ocho acusados en un juicio que comenzó en febrero pasado por 35 casos de robo de bebés durante la dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos.

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