La prensa deportiva se pregunta cómo los ‘barras bravas’ reunieron el dinero para pagar sus pasajes y su estadía, mientras sectores de la oposición cuestionan que la Dirección argentina de Migraciones no haya detectado irregularidades al controlar a los hinchas en el aeropuerto de Ezeiza, cuando se alistaban para viajar.
La deportación de Sudáfrica de diez hinchas violentos argentinos que habían viajado a ver el Mundial desató una polémica en Argentina que salpica a las autoridades del país, que este miércoles volvieron a negar que estén vinculados a los llamados ‘barras bravas’.
Los hinchas, uno de ellos camuflado con una máscara para no ser identificado, llegaron anoche al aeropuerto bonaerense de Ezeiza tras haber sido detenidos el pasado domingo en Johannesburgo, cuando aterrizaron para asistir al Mundial de fútbol.
Sudáfrica resolvió deportar a diez hinchas, de los 80 ‘barras bravas’ argentinos que viajaron este fin de semana a ese país, a raíz de la información aportada por las fuerzas de seguridad del país suramericano.
Uno de los vándalos, Sergio Flay Roldán, vinculado a la hinchada del San Martín de Tucumán, fue detenido por la Policía Aeroportuaria al pisar suelo argentino por haber violado su libertad condicional.
Una jueza dispuso el arresto de Roldán, quien cumple una condena de ocho años por tentativa de homicidio que ahora se extenderá hasta enero de 2011 por haber violado su condición.
La organización Maldita Violencia en el Fútbol presentó esta semana un escrito ante el Parlamento para que «se investigue el comportamiento» de funcionarios del Gobierno en la presunta financiación del viaje a Sudáfrica de 235 ‘barras bravas’ que forman parte de ‘Hinchadas Unidas Argentinas’, cuya formación se atribuye al Gobierno de Cristina Fernández, que lo niega tajantemente.
«El gasto total por los 235 barras ascendería» a 10,7 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares), subraya el documento que la ONG difundió a la prensa.
La prensa deportiva se pregunta cómo los ‘barras bravas’ reunieron el dinero para pagar sus pasajes y su estadía, mientras sectores de la oposición cuestionan que la Dirección argentina de Migraciones no haya detectado irregularidades al controlar a los hinchas en el aeropuerto de Ezeiza, cuando se alistaban para viajar.
«Ninguno de los barras deportados tenía registrado ante la Dirección de Migraciones órdenes de captura ni prohibiciones para salir del país. Los únicos habilitados para disponer algún tipo de prohibición son las autoridades judiciales», argumentó hoy el director de Migraciones, Martín Arias Duval.
El funcionario dijo que en el caso de Roldán, «la orden de captura fue comunicada a Migraciones el 7 de junio, pero esta persona salió del país el 6 de junio», por lo que «al momento de salir del país tenía la documentación de viaje en regla».
«El único caso que fue encontrado con un pasaporte vencido fue (Andrés) Bracamonte. Esa persona salió del aeropuerto en un avión de la empresa Gol con destino a Brasil, con una cédula de identidad vigente, por lo cual era un documento útil para ir a un país limítrofe. Cómo salió de Brasil no lo sé, pero no es competencia nuestra», sostuvo Arias Duval en alusión a otro de los deportados.
De esta manera, el traslado de los hinchas a Sudáfrica reavivó la polémica por la presunta vinculación de los ‘barras bravas’ con dirigentes políticos.
El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, admitió hoy que es «muy probable» que hinchas violentos trabajen en la administración pública provincial, aunque consideró que los ‘barras bravas’ que estén asociados al Estado «deben ser denunciados».
La prensa local reveló recientemente que Ariel Pugliese, vinculado a la hinchada de Nueva Chicago, trabajó hasta hace días atrás en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), cuestionado por la fiabilidad de sus informes.
Según medios locales, Pugliese fue uno de los manifestantes que irrumpió este año arrojando sillas en la presentación de un texto sobre el Indec durante la Feria del Libro de Buenos Aires.
«No estoy de acuerdo con que las hinchadas se junten, no quiero que estén cerca mío, no participé de ninguna conversación, no quiero ser amigo de ellos, y cuando encontremos algún gesto que ponga en riesgo la seguridad, hay que sacarlos de la cancha y no discutir más», aseguró esta semana el jefe del gabinete argentino, Aníbal Fernández, al reiterar que el Gobierno «no financia» a ningún vándalo. EFE
