El Comité de Medioambiente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ordenó la búsqueda en todo Chile de informes confeccionados por el Laboratorio de Toxicología Humana y Ambiental (LTHA) de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), luego que la casa de estudios y la Fiscalía de Valparaíso acreditaran que los análisis se falsificaban a pedido del cliente.
La decisión del organismo se produce a menos de dos semanas que El Mostrador revelara que tanto la entidad educacional como el biólogo Sergio Sangüesa, participaron en la elaboración de análisis falsos respecto al derrame de 120 mil litros de petróleo desde el barco de bandera China Eider, hecho ocurrido en Antofagasta en 2005.
La preocupación del CDE por este último caso, radica en que el organismo hizo una transacción con la empresa Cave y Compañía -representantes de los armadores del barco- renunciando al seguro de US$ 25 millones y a perseguir las responsabilidades civiles de la firma, luego que esta pagara $ 7 millones por los gastos del juicio civil que se tramitó en la Segunda Región.
Por esta razón, el CDE sospecha que tanto el perito como la casa de estudios pudieron haber participado validando limpiezas de otros accidentes ambientales, entregando análisis similares y afectando así las arcas fiscales.
[cita] El CDE sospecha que tanto el perito como la casa de estudios pudieron haber participado validando limpiezas de otros accidentes ambientales, entregando análisis similares y afectando así las arcas fiscales.[/cita]
Las dudas sobre la actuación de la UPLA, se cruzaron no sólo con la indagatoria del Ministerio Público, donde el CDE presentó una querella criminal por delitos de falsificación y presentación de documento falso en juicio, sino con el ocultamiento de información de la Armada sobre el caso Eider. Esto último sucedió a mediados de 2009, luego que los abogados de los hoteles Antofagasta y Terrado, que aseguran estar afectados por la contaminación que aún persiste en las playas de la región, le entregaran antecedentes sobre el hecho.
Fue así como el CDE le envió un oficio a la Marina y ésta, al responderle, omitió informes de sus propios científicos que, luego de analizar los peritajes preparados por Sergio Sangüesa y compararlos con otro de la empresa Silob, concluyeron que los del primero estaban mal hechos y no eran “congruentes”.
Los documentos internos que debían ser enviados al CDE fueron refrendados por el capitán de navío Juan Berasaluce, quien fue llamado a retiro. Las sospechas de organismo defensor de los dineros del fisco están centradas en el jefe de la Dirección de Territorio Marítimo (Directemar), vicealmirante Enrique Larrañaga y su subalterno, contraalmirante Eduardo Böke, jefe de la Dirinmar.
El contenido de este informe provocó que el CDE enviara un nuevo oficio en julio de este año, solicitando aquellos documentos que no fueron entregados. Asimismo, la complicación para la Marina creció, luego que el comandante en jefe de la institución, Edmundo González fuera citado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para que aclare los hechos, previa solicitud del parlamentario del PRI Pedro Araya, elegido por la zona donde se produjo el derrame del Eider.
Paralelamente a todo lo anterior, el presidente del CDE, Carlos Mackenney, ordenó al Comité Civil que analice la posibilidad de pedir la nulidad de la transacción con la empresa responsable de la catástrofe ambiental ocurrida en la Segunda Región, informe en derecho que aún está pendiente.
