La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados puso en un problema al comandante en Jefe de la Armada, Edmundo González. Le ordenó -a través de un “oficio fiscalizador” al ministerio del ramo- que entregue todos los documentos relativos al derrame de 120 mil litros de petróleo provocado por el barco de bandera china, el Eider, ocurrido en Antofagasta en octubre de 2005. Lo anterior en el contexto del ocultamiento de información que protagonizó la institución, ante una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) a mediados de año.
La decisión de la instancia parlamentaria, se debió a una solicitud del diputado por la región, Manuel Rojas (UDI), luego que se comprobara que los informes periciales que acreditaban que las aguas estaban limpias de contaminación, fueron falsificados en el Laboratorio de Toxicología Humana y Ambiental (LTHA) de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), información revelada por El Mostrador el 12 de agosto pasado.
El parlamentario Rojas confirmó la información a este diario e indicó que es la segunda oportunidad en que solicita la misma documentación, ya que a mediados de agosto hizo lo propio sin que hasta ahora haya recibido respuesta.
Hay que recordar que hace un par de semanas, Edmundo González enfrentó a la comisión por la responsabilidad de la Armada durante el terremoto de febrero, oportunidad que el diputado Pedro Araya (PRI) pidió que compareciera junto al jefe de la Dirección de Territorio Marítimo (Directemar), vicealmirante Enrique Larrañaga, a explicar por qué la institución omitió información al CDE.
[cita] El parlamentario Rojas confirmó la información a este diario e indicó que es la segunda oportunidad en que solicita la misma documentación, ya que a mediados de agosto hizo lo propio sin que hasta ahora haya recibido respuesta.[/cita]
Además, para que señale la razón por la cual se le entregó el certificado de “aguas limpias” a la naviera, en circunstancias que conocían que las conclusiones de los informes de la UPLA podían ser falsificados; y por qué no denunciaron estos hechos a la justicia, pese a que los funcionarios públicos deben hacerlo dentro de 24 horas.
Existen algunos documentos que no han sido encontrados, dijeron fuentes de la Marina, por lo que tanto González y Larrañaga podrían enfrentar problemas ante la comisión cuando expongan sobre hechos que involucran a la institución, el próximo 14 de septiembre, a la que están “obligados” a concurrir.
A estos hechos se suma la investigación sumaria de la UPLA que acreditó que los análisis eran modificados “a pedido del cliente”, hecho que fue refrendado por una indagatoria que abrió el Ministerio Público de Valparaíso en junio de 2009, luego de una querella presentada por la casa de estudios y otra a mediados de este año por el CDE.
Al respecto, el miércoles pasado el fiscal Javier Carrasco formalizó por falsificación de documento público (los peritajes) al ex jefe del LTHA de la UPLA, Mario Morales, en una audiencia que se llevó a cabo en el juzgado de garantía de Valparaíso, en el contexto de la indagatoria por la venta y confección de informes ambientales falsos.
El tribunal otorgó al Ministerio Público un plazo de dos años -el más largo que establece la ley- para llevar adelante la indagatoria, que se vincula con el derrame del Eider, en las aguas del puerto de Antofagasta. Hasta ahora, junto a Morales, está en la mira del perseguidor el biólogo Sergio Sangüesa, autor directo de los informes a través de su empresa syambiental.
El fiscal Carrasco se apronta a interrogar a Sangüesa en calidad de imputado, quien tiene altas posibilidades de ser formalizado por el mismo ilícito. De esta manera, el círculo se irá cerrando en torno a las falsificaciones de informes ambientales.
La decisión judicial es una potente señal tanto para los querellantes como para los abogados que demandaron a la empresa en la Segunda Región, quienes lograron acreditar que los análisis falsificados de la UPLA, sirvieron para que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) hiciera una transacción con la empresa Cave y Compañía -que representa en Chile a los armadores de la motonave- renunciando al seguro de US$ 25 millones. De hecho sólo pagó $ 7 millones por las costas del juicio.
Lo anterior porque el organismo tuvo a la vista documentos que indicaban que las playas de la zona estaban limpias. Al respecto, la entidad encargada de velar por las platas fiscales, ordenó realizar un estudio en derecho, para analizar la posibilidad de declarar nulo el acuerdo con la firma.
En tanto el CDE también ordenó rastrear en todo Chile desastres ambientales donde hubiera participado la UPLA. Asimismo está a la espera de que la Armada entregue un segundo informe sobre la contaminación en Antofagasta, el cual no ha sido aún evacuado.
Este diario intentó obtener una versión de la Armada, pero se indicó que cualquier información respecto a los hechos se canalizará por los conductos formales.
