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Ballesteros advierte “grave amenaza” a la independencia de magistrados si para nombrarlos se revisan sus fallos Durante inauguración del Año Judicial

Ballesteros advierte “grave amenaza” a la independencia de magistrados si para nombrarlos se revisan sus fallos

El presidente de la Corte Suprema aludió directamente al rol que en este sentido han jugado el gobierno y el Congreso, recordando la disposición constitucional que dispone que ninguno de esos poderes puede “en caso alguno” revisar los fundamentos de sus resoluciones. Durante su discurso, también destacó la línea que han mantenido los tribunales del país frente a casos de Derechos Humanos, asegurando que “el término de estos procesos no está sujeto a ningún plazo”.


El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, planteó este viernes, durante la inanuguración del Año Judicial, la necesidad de mantener los «resguardos mínimos» que garanticen  la autonomía de los tribunales del país, la que a su juicio está en riesgo por los mecanismos que están adoptando tanto el Ejecutiuvo como el Parlamento para resolver los nombramientos de los ministros que llenan las vacantes en las cortes de Apelaciones y el máximo tribunal del país.

Durante una ceremonia realizada en el Palacio de Tribunales y que contó con la presencia, entre otras autoridades,  de la ministra de Justicia, Patricia Pérez y el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Monckeberg -y donde llamó la atención la ausencia del presidente del Senado, Camilo Escalona-, Ballesteros pronunció un extenso discurso donde analizó en detalle la labor del Poder Judicial en distintas áreas.

Su alocución, sin embargo, estuvo marcada por sus críticas a la práctica de revisar los dictámentes que han emitido los magistrados para resolver si son o no candidatos aptos a llenar los cupos de ministros, un condicionamiento que a su juicio contraviene lo que dispone la propia Constitución.

Dijo al respecto que para resguardar la autonomía «importa adoptar los resguardos mínimos en el Poder Judicial para que éste desarrolle sus funciones jurisdiccionales esenciales de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, con entera independencia de toda otra autoridad», y enfatizó que «la experiencia reciente respecto del procedimiento de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema obliga ineludiblemente a referirse a ella «.

Es así como sostuvo que está consagarado en la carta fundamental que «la independencia de los jueces y magistrados no debe ser objeto de ninguna interferencia ni presión externa», citando para ello el artículo 76 que establece que “Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno… revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones…”.

Y enfatizó: que «el desconocimiento de la citada disposición constitucional, en el plano del procedimiento de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, constituye una grave amenaza y perturbación a la independencia de juicio e imparcialidad de los jueces y ministros».

Agregó que también «resulta prioritario que el procedimiento para proveer los cargos de ministros de la Corte Suprema se desarrolle en tiempos razonables. Su demora excesiva se traduce en que el máximo Tribunal en largos períodos no cuente con su dotación completa, lo que no es conveniente para su correcto funcionamiento».

«Para palear las dificultades en la conformación de sus salas se ha debido recurrir con excesiva frecuencia a los abogados integrantes. Cabe recordar que en los últimos 5 cargos que han sido provistos, el tiempo que ha mediado entre la remisión por la Corte Suprema de la respectiva cinquena y el nombramiento del nuevo Ministro de este Tribunal, el promedio se aproxima a los cinco meses, llegando en algunos casos a siete meses de demora», detalló.

Derechos Humanos

En la oportunidad, además de resaltar los avances de la justicia en materia de probidad, transparencia y  acceso a la información pública -incluido el uso de redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube, Ballesteros también resaltó la línea que han seguido los jueces respecto a causas por violaciones a los Derechos Humanos, las que aseguró,  se mantendrán abiertas mientras no se acredite la responsabilidad de quienes aparecen como responsables.

«Reiteramos que el término de estos procesos no está sujeto a ningún plazo. Su fin está condicionado al establecimiento de la existencia de los hechos constitutivos de delitos y la determinación de las responsabilidades criminales de las personas que los cometieron,  labor que los jueces encargados de instruirlos continuarán cumpliendo con especial atención», señaló.

Detalló que en la actualidad son 32 los jueces dedicados de manera exclusiva, a lo largo del país, «al conocimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1973 y 1990», las que en total suman 1.104, 98 de las cuales ingresaron a tramitación «sea por denuncia o querella» el año pasado.

Al respecto resaltó la visita que realizó al país en agosto de 2012 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, que en su informe  destacaó «la labor realizada por los tribunales de justicia de nuestro país en la tramitación de las causas sobre violaciones a los derechos humanos, distinguiendo  a Chile como uno de los países que más y mejores esfuerzos ha hecho para investigar la verdad y reparar los efectos nocivos de los atentados a los derechos de las personas».

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