“Es irritante la desigualdad en las condiciones para jubilar entre la gran mayoría de los chilenos”, señalan
«Lamentamos profundamente que la situación de una militante, que ha cumplido una función pública, comprometa al partido, generando una crítica injusta sobre el conjunto de la militancia, y en una profundización de la desconfianza de la ciudadanía en la política», expresaron en una declaración pública.
A través de una declaración pública, los integrantes de la bancada de senadores del Partido Socialista manifestaron su rechazo a la situación que involucra a Myriam Olate, esposa del diputado Osvaldo Andrade y militante del partido que, por su trabajo como subdirectora técnica de Gendarmería, recibirá una pensión de $5.214.000 mensuales.
Los parlamentarios resaltaron primero la enorme desigualdad entre la mayoría de los cotizantes en el sistema privado y quienes lo hacen como ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden a través de Capredena y Dipreca, como es el caso de Olate. «Es irritante la desigualdad en las condiciones para jubilar entre la gran mayoría de los chilenos, que cotizan en un sistema de capitalización individual como las AFP, en comparación con quienes han cotizado en un sistema de reparto, en especial aquellos establecidos para el personal de las FF.AA y de Orden», afirmaron.
Los parlamentarios enfatizaron que «como socialistas lo que buscamos es que las y los chilenos cuenten con pensiones dignas. El origen de esta desigualdad está en la reforma previsional impulsada por la dictadura en 1980, de la cual se marginó expresamente a los uniformados», dijeron
Los senadores puntualizaron que es de vital importancia revisar este tipo de asignaciones, aunque se trate de un asunto que está dentro de la legalidad. «Es relevante la revisión de todas aquellas normas que puedan generar abusos o excesos, aunque sean legales, que no se condicen con la realidad general del país o del sector público. Nos parece que una pensión de $ 5.000.000, pagada por el Estado, no se corresponde a la actual situación del país», puntualizaron.
Respecto del caso específico de Myriam Olate, afirmaron que «lamentamos profundamente que la situación de una militante, que ha cumplido una función pública, comprometa al partido, generando una crítica injusta sobre el conjunto de la militancia, y en una profundización de la desconfianza de la ciudadanía en la política y en los partidos».
Y en este contexto anunciaron la siguiente determinación: «Apoyamos que sea revisado por el Tribunal Supremo, entendiendo que esta situación afecta a una militante y no al conjunto del Partido y su militancia», concluyeron.
