“Es moralmente impresentable la improvisación»
Tras la publicación de La Tercera que relata la terrible situación que vive una menor que fue violada en Chiloé, la Corporación Miles exigió al Minsal un protocolo a la brevedad y anunció que “reforzaremos nuestros talleres a recintos de salud para que conozcan los procedimientos del aborto por tres causales”. La ausencia de reglamento y falta de insumos en hospitales fueron parte del problema, además de la a la negativa de médicos locales a realizar el procedimiento de interrupción del embarazo.
Una denuncia presentada el 26 de septiembre, pocos días después de que la Presidenta Michelle Bachelet promulgara la ley que despenaliza el aborto en tres causales, evidenció las dificultades que tiene la aplicación de la nueva legislación.
Según detalló el diario La Tercera, se trata de una menor de 13 años que llegó hasta un centro asistencial privado aquejada de un dolor estomacal. Allí, lograron detectar que la niña estaba embarazada producto de una violación.
Aun cuando la situación reunía todas las condiciones para poder practicar una interrupción del embarazo y tribunales autorizó la medida luego de obtener el consentimiento de la madre de la menor, el caso dejó en evidencia las dificultades que enfrenta la implementación de la nueva ley.
Como explica La Tercera la primera medida, es que el juez de Familia ordenó determinar las semanas de gestación, ya que según la normativa, en caso de acreditarse una de las tres causales (inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre o violación), la paciente puede interrumpir su embarazo “siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación”. Y tratándose de una niña menor de 14 años, “la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación”, dice la ley.
El peritaje preliminar arrojó que la niña tenía 11 semanas y tres días, por lo que debían actuar con rapidez.
Sin embargo, ante la sorpresa y preocupación de fiscalía, el Servicio de Salud de Chiloé notificó que no había, en los hospitales de la zona, facultativos dispuestos a realizar el procedimiento médico. Fuentes que conocieron el caso señalaron que los profesionales del Hospital de Castro argumentaron que no podían realizar el aborto, ya que aún no estaba listo el reglamento del Ministerio de Salud que fija los protocolos para aplicar la Ley 21.030, el que debe dar a conocer la ministra del ramo, Carmen Castillo.
Entre otras cosas, el documento establecerá el mecanismo de objeción de conciencia que pueden invocar los médicos, los que, según la ley, “podrán abstenerse de realizarlo cuando hubiesen manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante a la paciente. Si el establecimiento de salud no cuenta con ningún facultativo que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata”.
Tanto en el Ministerio de Salud como en el Servicio de Salud de Chiloé y en las direcciones de hospitales locales señalaron a La Tercera que no se referirán al caso porque la investigación se encuentra bajo secreto. Aunque el director del Hospital de Castro, Ricardo Salazar, negó que el recinto haya recibido una solicitud para practicar un aborto a una menor, en los organismos públicos de Chiloé la negativa es conocida y provocó un fuerte debate en las últimas semanas, e incluso matronas de la región compartieron a través de un grupo de whatsapp sus críticas por la postura de los médicos.
Corporación Miles
La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) calificó de “moralmente impresentable la improvisación del Estado de Chile para aplicar la ley de aborto, pese a que fue aprobada hace más de tres meses, entró en vigencia hace más de un mes y fue tramitada durante casi tres años, tiempo suficiente para haber estados preparados a objeto atender con dignidad y celeridad a cualquier mujer o niña que necesite interrumpir su embarazo por alguna de las tres causales”.
“Por un lado desde el Gobierno se niegan a dar información sobre el caso de la niña de Chiloé porque dicen que se encuentra bajo secreto, algo absurdo, pues deben dar explicaciones a todo el país sobre la manera cómo ha evolucionado este problema. Se trata de una niña, que merece la máxima protección y el país necesita saber que se está haciendo, por cierto manteniéndose en reserva de su identidad”, indicó la directora de Miles, Claudia Dides.
“Como si fuera poco aún no hay claridad sobre cuándo estará listo el reglamento del Ministerio de Salud sobre los protocolos para aplicar la Ley 21.030, una falta en dos sentidos. La primera, y más grave, es la excesiva tardanza en la aplicación de este protocolo que no está altura de las urgencias que afectan a niñas y las mujeres. La segunda, es el hermetismo respecto al estado en que se encuentra este proceso, lo cual lo único que genera en incertidumbres en quienes requieren hacer uso de esta ley”, dijo Dides.
Junto con exigir “la rápida publicación del reglamento”, Miles apuntó qué “nuestra Corporación intensificará sus talleres en los servicios públicos y privados de salud para capacitar a sus técnicos y profesionales en al aborto por tres casuales. Ya hemos capacitado a médicos y matronas de ocho regiones del país y seguiremos por esta vía, pues es evidente que hace falta”.
Las explicaciones
La publicación ahonda en que especialistas de salud explican que una de las razones que tuvieron los facultativos para oponerse a realizar el aborto fue que el Hospital de Castro (calificado como recinto médico de mediana complejidad) no cuenta con los implementos necesarios para aplicar el sistema de aspiración manual endouterina AMEU, una de las técnicas para interrumpir el embarazo, como tampoco lo tendría ninguno de los hospitales de la zona, incluido el de Puerto Montt.
Sin embargo, esto fue rebatido por otros profesionales de la región, ya que también existe el fármaco Misoprostol, el cual disminuye sus riesgos, al aplicarse en un recinto médico protegido.
Otro de los problemas detectados es que en la provincia no cuentan con la capacidad para asegurar la cadena de custodia de las evidencias de ADN que requiere la investigación penal.
Ante la urgencia del caso, fue la Subsecretaría de Redes Asistenciales la que debió tomar cartas y a inicios de octubre organizó el traslado de la niña a Santiago, por vía aérea y acompañada por enfermeras. Ya en la capital pudo ser atendida en el Hospital San José, donde se practicó la interrupción del embarazo.
El Servicio Nacional de Menores se querelló por la violación de la menor y se esperan los resultados del peritaje de ADN para identificar al responsable.
