La abolición de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, declaradas «insanablemente nulas», implica que los violadores los derechos humanos podrían ser juzgados ante los tribunales argentinos y se paralizarían las extradiciones a otros países, entre ellos España.
La «nulidad absoluta» de las leyes de impunidad que decidió la Cámara de Diputados de Argentina despeja el camino para que sean juzgados en el país los responsables de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar.
La abolición de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, declaradas «insanablemente nulas», se decidió después de una intensa sesión parlamentaria de casi ocho horas que concluyó al filo de la pasada medianoche.
La medida deberá ser ahora ratificada por el Senado, en cuyo caso los implicados en los delitos de represión política durante la dictadura militar (1976-1983) podrían ser juzgados ante los tribunales argentinos y se paralizarían las extradiciones a otros países, entre ellos España.
Mientras en las calles aledañas al Parlamento miles de personas convocadas por organizaciones humanitarias se manifestaban en contra de las leyes de impunidad, los diputados votaron la nulidad de esas normas promulgadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989)
La «histórica decisión», como afirmó el jefe del bloque de diputados del gobernante partido peronista, José María Díaz Bancalari, se ajusta a los deseos del presidente del país, Néstor Kirchner, de juzgar en Argentina a los represores de la última dictadura militar.
Los bloques del peronismo y de los opositores Alternativa para República Igualitaria, Socialista e Izquierda Unida habían acordado previamente unificar sus diferentes proyectos de nulidad de las normas que beneficiaron a más de un millar y medio de policías y militares acusados de violaciones de los derechos humanos.
La decisión de los diputados y la ratificación del Gobierno de la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad constituyen una nueva vuelta de tuerca en la presión política sobre la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre la validez de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
El constitucionalista Daniel Sabsay opinó que ahora «toda la responsabilidad recae sobre la Corte», ya que «no puede desatender los claros mensajes del Ejecutivo y del Legislativo».
«Esta decisión es política y es legítima porque coincide con los reclamos de la mayoría del pueblo argentino», dijo durante la sesión la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, una de las más fervientes impulsoras de la anulación de las leyes de impunidad.
Ley de punto final
El único diputado que recibió el repudio de sus pares, y una llamada de atención del presidente de la Cámara Baja, Andrés Camaño, fue Ricardo Bussi, hijo del general retirado Antonio Domingo Bussi, uno de los procesados y requeridos por Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España.
Bussi se opuso a la nulidad de las leyes que en su día beneficiaron, entre otros, a su padre, y sostuvo que la decisión parlamentaria no «devolverá los muertos a la señora (Estela) Carlotto», la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo que, en ese momento, se manifestaba junto con miles de personas frente al Congreso argentino.
La Ley de Punto Final fue aprobada a finales de 1986 y decretaba «el final de la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos relacionados con la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983».
Seis meses después, en junio de 1987, se firmó la Ley de Obediencia Debida, que absolvía a los militares de baja y media graduación en base a la presunción de que «actuaron bajo el principio de subordinación a sus superiores».
En el caso de que ambas leyes queden definitivamente excluidas del ordenamiento jurídico argentino podrían ser procesados en el país destacados personajes del régimen militar como el ex presidente Jorge Rafael Videla, actualmente bajo arresto domiciliario por el secuestro de niños de desaparecidos.
También quedarían en la misma situación Alfredo Astiz, apodado «el ángel rubio de la muerte» y condenado ya a cadena perpetua por un tribunal francés, y Emilio Massera, responsable de la Escuela Mecánica de la Armada, convertida en la época en un centro de tortura.
EFE
