El ministro argentino de Justicia, Gustavo Béliz, se entrevistará con su homologa suiza, Ruth Metzler, el próximo 11 de noviembre en Berna. La intención del funcionario es desbloquear el caso para poder, en Buenos Aires, avanzar en la causa contra del ex presidente Menem.
Una muy discreta intervención parlamentaria e informaciones de distintos medios periodísticos suizos ponen en dificultades al gobierno de la Confederación Helvéica y a la jueza de Ginebra, Christine Junod, unidos en el rechazo a que Abolghasem Mesbahi -un arrepentido agente secreto iraní residente en Alemania- pueda viajar a Ginebra e individualizar el banco, a "200 metros del Hotel du Rhí´ne", donde el régimen integrista de Teheran tendría una cuenta secreta con la que se financiaron unas 400 operaciones terroristas en los últimos años. La misma con cuyos fondos se le habrían pagado US$ 10 millones al ex-presidente argentino Carlos Menem, presuntamente para desviar las investigaciones de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la Mutual de Asociaciones Judías (AMIA) de ese país.
El ministro argentino de Justicia, Gustavo Béliz, se entrevistará con su homologa suiza, Ruth Metzler, el próximo 11 de noviembre en Berna. La intención del funcionario es desbloquear el caso para poder, en Buenos Aires, avanzar en la causa contra del ex presidente. Mientras, Agathe Duparc, del semanario "L´Hebdo", y Frank Garbely, de la televisión suiza, especialistas en asuntos de corrupción, develaron nuevos datos sobre el "affaire" que envuelve a Menem.
Como una novela de Le Carre
La revista destapa el contenido de una presentación realizada el 2 de octubre por el diputado federal Christian Grobet, pidiendo que el gobierno de la Confederación garantice el trámite de los exhortos enviados por los tribunales argentinos, que solicitan desde hace dos años investigar a Menem, y que la juez Junod convoque al "testigo C", para establecer la verdad sobre la supuesta cuenta con la que Teherán financia sus acciones en el extranjero. Por su parte Garbely -desde la cadena estatal de TV- sustentó, con documentación judicial, la declaración del "testigo C" de que tenía un pacto con la policía ginebrina para actuar en el país como agente de la inteligencia iraní durante los años 80. Además, que ésta se encontraba infiltrada por un "topo" de la central informaciones de Irán.
Garbely agrega otro elemento inquietante. Expone pruebas documentales de que a Hamid Nagashian, el funcionario iraní señalado por el "testigo C" como el encargado de cumplir la orden del Consejo de la Revolución de atentar en Buenos Aires, se le permitieron en los años 80 actividades de espionaje y trafico de armas y drogas. Nagashian alternaba la negociación con las potencias occidentales de las tratativas del Irangate y la liberación de los rehenes occidentales en el Líbano -tareas en las que participó "testigo C"-, con su desempeño diplomático en la embajada de su país en Berna. No es todo, desde Zurich, y a través de la Hamid Trading Ltd, ejercía otra especialidad: comprar armas pagándolas con estupefacientes. Incidentalmente, Hamid Nagashian está imputado por el ministerio público argentino en el caso AMIA, pero el juez Eduardo Galeano, que tiene a su cargo la causa, no le ha dictado orden de aprehensión.
El ‘quilombo’ suizo de Carlos Saúl Menem
Tras la detención preventiva de Menem en junio de 2001, por su presunta participación en un negocio de tráfico de armas a Ecuador, los bancos suizos -obligados por la ley antiblanqueo de 1998- informaron a los tribunales sobre su cuenta, en la UBS de Ginebra, y la de su secretario Ramón Hernández en un banco de Zurich, bajo cobertura de una sociedad constituida en Liechtenstein The Spark Foundation. Entre ambas, un saldo de unos US$ 7 millones.
Enterados, los jueces argentinos, enviaron sendos exhortos solicitando se investigara a Menem y varios de sus allegados para incorporar los antecedentes a los juicios que se instruían en Buenos Aires. Mientras, en Suiza se inició un sumario penal por presunto blanqueo de dinero contra "Menem y otros". Paralelamente se abrió un expediente de intercolaboración judicial para responder a los pedidos de los jueces de Buenos Aires. A cargo de las causas quedó Christine Junod, una magistrada con 13 años de experiencia, casada con un alto funcionario de la policía local y ex candidata a la Procuradoría General de Ginebra por el Partido Liberal (centro-derecha).
El 27 de agosto de 2002 la Oficina Federal de Justicia en Berna declaró que los exhortos argentinos estaban mal hechos, e invitó a los magistrados a una reunión en Berna. Ningún juez acudió a la cita. Recién el 30 de enero de 2003 pudo saberse que en realidad la magistrada admitía la cooperación con Argentina "exclusivamente" por el hipotético nexo de Menem con el atentado de la AMIA, rechazando de plano investigar otras acusaciones.
