Cuando la población hondureña pase la línea de los siete millones, un 71 % vivirá bajo la línea de pobreza y un 51% vivirá en la indigencia. Por otra parte, el ambiente natural está muy próximo al colapso, las aguas contaminadas, la corrupción, el comercio sexual infantil y las exigencias del FMI alimentan una de las situaciones más explosivas del continente.
Honduras comparte con Guatemala -si no la supera- los índices más elevados de pobreza en Centroamérica, y con Bolivia los de América del Sur; es también el segundo país más poblado del área, con poco más de 6.7 millones de habitantes. Entre Panamá y la frontera sur de México no parece haber demasiado espacio para el desarrollo de sus habitantes. Ya en 1988 la encuesta Latinbarómetro detectó que la cesantía, los bajos salarios y la inestabilidad laboral, la educación, la pobreza y la corrupción eran los temas que más preocupaban a la población de América Central.
Cinco años después, ninguno de estos problemas ha sido resuelto. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que cuando la población hondureña pase la línea de los siete millones, un 71% vivirá bajo la línea de pobreza y un 51% vivirá en la indigencia. Y esto ocurrirá en pocos meses.
Mientras el descontento y la resistencia ciudadana activa ante la ineficiencia de las autoridades gana terreno en las áreas rurales del departamento de Olancho, que asiste consternada a la destrucción de su riqueza forestal y degradación de los suelos cultivables, la contaminación por metales pesados del lago Yajoa -principal recurso de agua dulce del país- supera todos los límites aceptados por la comunidad internacional.
En la ciudad de San Pedro Sula, capital económica de Honduras, la situación social se torna más grave día a día. A las reiteradas denuncias por maltrato y abuso sexual contra las obreras de las plantas maquiladoras -ensambladoras y textileras montadas por compañías extranjeras en ocasiones asociadas a capitalistas locales-, que fueron vistas como el inicio de la industrialización y el despegue económico, se suma la guerra de guerrillas desatada entre el Director de la Comisión Nacional de Trabajo (CNT) de EEUU.
Charles Kernaghan estimó atendible la denuncia de una joven operaria en una maquiladora y movió los hilos de la CNT con el objeto de que ésta se investigue. El presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras, Jesús Canahuati, respondió con violencia en declaraciones públicas que los diarios hondureños reprodujeron el jueves. Dijo: que Kernaghan es "un terrorista internacional", lo que fue inmediatamente apoyado por el ministro de Industria hondureño, que avivó la tormenta. Norman García señaló que el dirigente estadounidense era un farsante.
Lo cierto es que las condiciones laborales en las maquiladoras hondureñas provocan fuerte descontento -que aviva la hoguera social-, pero rara vez toma estado público; al fin de cuentas es una de las escasas fuentes de trabajo relativamente bien pagadas que existen en el país.
De cualquier modo, la tensión social en Honduras se agrava en las zonas urbanas por la imposibilidad policial de acotar el aumento de la inseguridad. Para muestra un botón: hace 48 horas y tras dos semanas de permanecer secuestrada por delincuentes comunes, fue liberada Aída Cabrera de Yánez, 45, cónyuge del ex alcalde de una localidad vecina, Mariano Yánez.
Otro factor que atiza las llamas, esta vez en el otrora incipiente sector medio de la sociedad, hoy en vías de extinción, lo constituye la impunidad con que actúan los delincuentes de cuello blanco. Actualmente un millón de ahorristas aguarda con desesperanza que el Congreso apruebe un paquete de medidas para poner freno a las estafas cometidas por empresas fantasmas, pero afiliadas a la bolsa de comercio hondureña o centroamericana. El último zarpazo fue de unas 230 millones de lempiras (se cotiza a poco más de 17 por dólar) aceptadas por diversas sociedades financieras a título de depósitos a mediano y largo plazo, utilizados por éstas en el mercado especulativo y luego, perdidos, jamás devueltos por el sencillo expediente de hacer quebrar las compañías. Eso sí, hace 48 horas se anunció que bajan las llamadas telefónicas a Estados Unidos.
FMI o cómo apagar fuego con bencina
En estas condiciones el gobierno de Ricardo Maduro, presionado por los organismos internacionales -el Grupo de los 15 delegó esta tarea en el embajador de España en Tegucigalpa, José Javier Nagore- y la oligarquía local, busca un consenso imposible: congelar sueldos y salarios. A la protesta de las entidades gremiales del profesorado y médicos, primeros afectados si la medida tiene efecto, se suman otros sectores sociales.
Maduro se encuentra acosado por el vencimiento inminente del plazo para firmar una carta de intención con el FMI, que libraría US$ 400 millones para lograr el equilibrio fiscal. Cabe considerar que Honduras cumplió las metas macroeconómicas previstas y pactadas con el Fondo, pero éstas fueron insuficientes para paliar el déficit pese a los dos ajustes realizados bajo su supervisión en los últimos ocho meses. El país no cuenta con los cuadros técnicos ni el mayor desarrollo relativo que permitió a la Argentina negociar con mayor tranquilidad una instancia tan difícil y compleja como la hondureña. No está de más recordar que las negociaciones realizadas por el ex presidente provisional trasandino, Eduardo Duhalde, y cerradas por el gobierno de Kirchner, se abrieron luego de que la acción de centenares de miles de ciudadanos obligaron a la renuncia, entre gallos y medianoche, del presidente De La Rúa.
En Honduras El FMI va aun más lejos de lo jamás intentó en Argentina: pretende una reducción "de la masa salarial" general y subir los impuestos, directos e indirectos. La Central de trabajadores hondureños reaccionó por boca de su secretaria general, Altagracia Fuentes, que exigió no congelar los salarios, pero en cambio reducir los sueldos y gastos reservados de los altos funcionarios y eliminar los subsidios al transporte urbano de pasajeros. Estos subsidios son la piedra de toque de un escándalo cuyas víctimas son los habitantes de la capital: los empresarios -es vox populi– cobran los subsidios pero mantienen las micros en el garage.
En este panorama conflictivo, y explosivo, no es extraño que hombres armados recorran los campos y selvas de Honduras. Si en Guatemala y Nicaragua la situación no es mucho mejor que en Honduras, la pregunta es: ¿cuándo explotará el barril de pólvora conformado por sociedades que parecen traspasar la frontera que separa sus expectativas de sobrevivencia y son obligadas a permanecer en el umbral de su propia muerte?
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