Ex presidente es acusado del delito de usurpación de funciones y se enfrenta a una pena de siete años de cárcel por allanamiento a la casa de la esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos.
El ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) será sentenciado el próximo martes 11 por el allanamiento a la casa de la esposa de su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos en 2000, informó el Poder Judicial.
La Vocalía Suprema de Instrucción señaló que la primera sentencia al ex mandatario se conocerá en la Sala de Audiencias de la sede judicial de Ate-Vitarte, donde se encuentra retenido desde septiembre pasado cuando Chile aprobó su extradición por dos delitos de violación a los derechos humanos y cinco de corrupción.
Fujimori es acusado del delito de usurpación de funciones y se enfrenta a una pena de siete años de cárcel, según el pedido fiscal.
El vocal supremo instructor, Pedro Guillermo Urbina, notificó de la lectura de la sentencia al representante del Ministerio Público, la Procuraduría ad hoc y la defensa del ex jefe de Estado, para la realización de dicha diligencia, en un acto público.
Urbina escuchó los alegatos finales el pasado 27 de noviembre en el proceso sumario por el allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos, por el cual obtuvo pruebas de supuestos ilícitos que su ex consejero había acumulado en su contra.
El vocal supremo dispuso que se oficie al jefe del Establecimiento Penitenciario Transitorio Provisional Barbadillo, construido en un ambiente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía que actualmente lo acoge, para el traslado oportuno del procesado a la sede judicial.
En la última sesión del pasado 27 de noviembre, el fiscal José Pereyra pidió que se deniegue la solicitud de Fujimori para acogerse a la figura jurídica de la «confesión sincera» (admitir la responsabilidad).
Además, solicitó que la reparación civil se eleve de 500.000 nuevos soles (166.666 dólares) a un millón de nuevos soles (333.000 dólares) «para resarcir al Estado por los daños causados».
El procurador anticorrupción, Carlos Briceño, mencionó las contradicciones en las que incurrió Fujimori durante el proceso y señaló que éste «no sólo ordenó el allanamiento a la casa» de Montesinos, sino que «dirigió el operativo para borrar evidencias».
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, pidió, por su parte, que la decisión final sobre el caso se emita conforme al dictamen de la sentencia de la Corte Suprema de Chile, de donde el ex presidente fue extraditado en septiembre pasado.
El 7 de noviembre de 2000, luego de que Montesinos huyera de Perú tras difundirse unos vídeos donde se le ve cometiendo actos de corrupción, un destacamento de la policía, encabezado por un falso fiscal, revisó la casa de Trinidad Becerra.
Fujimori supuestamente también ordenó ingresar a otro piso del mismo inmueble, de propiedad de Becerra, de donde se extrajo gran cantidad de maletas y cajas.
Según la acusación, entre el material requisado se escondían los denominados «vladivideos», que fueron retirados del lugar sin ser inventariados ni levantarse un acta, para después trasladarlos al Grupo Aéreo Número 8, donde se entregaron al ex gobernante.
Una semana después, el entonces jefe de Estado abordaba un avión que le llevó a Japón, desde donde presentó su renuncia vía fax, bajo la sospecha de que se llevó gran cantidad de material comprometedor.
Este proceso empezó en 2003 y entre los sentenciados están el ex ministro del Interior Fernando Dianderas y el ex primer ministro Alberto Bustamante, condenados a cuatro y tres años de cárcel, respectivamente, así como el falso fiscal, Manuel Ubilluz, con siete años de prisión.
EFE
