Tribunal confirmó los procesos a nueve de los imputados y, además, rechazó la «falta de mérito» con la que el juez de primera instancia había excluido a otros tres efectivos.
Un tribunal confirmó el proceso a doce miembros de la Armada argentina acusados de espionaje similar al que hacía la dictadura (1976-1983) contra dirigentes políticos y humanitarios desde una base naval, dijeron fuentes judiciales.
«Estoy muy contento por la resolución» de la Cámara Federal de Apelaciones de la sureña ciudad de Comodoro Rivadavia, destacó el fiscal Fernando Gelves, a cargo de la investigación del caso de espionaje en la base naval Almirante Zar.
«La ratificación de los procesamientos que pedimos marcan que estábamos en el buen camino», agregó en declaraciones a radios de Buenos Aires.
El tribunal de alzada confirmó los procesos a nueve de los imputados y, además, rechazó la «falta de mérito» (falta de pruebas) con la que el juez a cargo del caso, Hugo Sastre, había excluido a otros tres, por lo que seguirá el proceso contra los doce.
Entre los procesados figuran el ex director de la Dirección de Inteligencia Naval (DINA) contraalmirante Pablo Rossi; Félix Médici, antiguo jefe de la base naval; el vicealmirante Eduardo Luis Avilés y los oficiales Cristian Vidal y Carlos Vázquez.
Todos fueron pasados a retiro por orden del entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, una de las personas espiadas, según la denuncia que desembocó en la instrucción de actuaciones judiciales en marzo de 2006.
La denuncia fue presentada por el organismo humanitario Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y conmocionó al país porque desde el fin de la última dictadura las leyes prohíben a los militares espiar a los civiles.
El espionaje que se hacía desde la base Almirante Zar, a 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires, involucraba a Kirchner (2003-2007) y a la ministra de Defensa, Nilda Garré, quienes militaron en el peronismo de izquierda en la década de 1970.
Los marinos también espiaron a dirigentes sociales, sindicales y periodistas, según las actuaciones judiciales.
«Se dio un paso muy importante que confirma la gravedad de los hechos y la veracidad de la denuncia», dijo Andrea Pochak, quien dirige el CELS, a los periodistas.
Los doce marinos implicados fueron acusados de recopilar datos personales, fotografías y fichas con información de los civiles víctimas de espionaje, con una metodología similar a la utilizada durante la última dictadura.
Esos informes eran clasificados, ordenados y enviados a la Dirección de Inteligencia Naval en la sede de la Armada desde la base Almirante Zar, situada sobre el océano Atlántico.
Tras el escándalo, el Gobierno de Kirchner había ordenado cerrar las dependencias de inteligencia de las bases de la Armada en el país.
EFE
