Las investigaciones involucran tanto a funcionarios de embajadas como a representantes de organismos internacionales al detectarse irregularidades en más del 90% de las tramitaciones de ingreso de automóviles entre 2004 y 2007.
Un juez de Buenos Aires investiga a unos 40 diplomáticos extranjeros por presunto contrabando de automóviles y otras irregularidades a raíz de una denuncia de la Aduana, informaron fuentes aduaneras.
Los diplomáticos deberán gestionar una autorización especial para poder sacar sus vehículos del país, dispuso además la Aduana con el aval del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, indicaron.
Las investigaciones involucran tanto a funcionarios de embajadas como a representantes de organismos internacionales al detectarse irregularidades en más del 90% de las tramitaciones de ingreso de automóviles entre 2004 y 2007.
La Aduana denunció presuntos casos de contrabando y violación de normas sobre comercio de automóviles este martes, un día después de que la Cancillería argentina diera intervención a otro juez por irregularidades con vehículos destinados a funcionarios de embajadas extranjeras.
Al cabo de una auditoría, la Cancillería descubrió los presuntos ilícitos cometidos por un funcionario de la oficina encargada de las franquicias para la importación de automóviles destinados a diplomáticos.
Las fuentes consultadas por la agencia de noticias EFE explicaron que la Aduana presentó su denuncia para deslindar su responsabilidad en el ingreso libre de impuestos de los vehículos para diplomáticos, que es autorizado por la Cancillería como disponen normas internacionales en esa materia.
El precio de los automóviles ingresados bajo ese régimen resulta 58% más barato debido a la exención de impuestos.
Las leyes argentinas, que castigan el contrabando con penas de dos a ocho años de prisión, establecen que los diplomáticos deben esperar nueve meses para poder vender sus automóviles importados, además de acreditar más de un año de residencia en el país.
También establecen que los funcionarios extranjeros tienen un tope de 60.000 dólares para importar vehículos y que el ingreso de este tipo de automóviles es para uso diplomático.
Las investigaciones involucran a vehículos lujosos cuyo valor supera el tope fijado y que luego fueron vendidos antes de que se cumplieran los plazos legales, lo que supone grandes ganancias para los vendedores.
Tanto la Justicia como la Cancillería y la Aduana argentinos han evitado identificar a los diplomáticos sospechosos, que según la prensa trabajan en legaciones de países latinoamericanos, europeos y asiáticos y en algunos organismos internacionales.
La Cancillería destituyó al responsable de la oficina de Franquicias, Jorge Matas, y denunció los presuntos ilícitos el lunes ante el juez federal de Buenos Aires Norberto Oyarbide.
EFE
