Deportistas y empresarios envueltos en caso contrabando de automóviles - El Mostrador

Sábado, 18 de noviembre de 2017 Actualizado a las 21:18

Escándalo en Argentina:

Deportistas y empresarios envueltos en caso contrabando de automóviles

por 26 enero, 2008

En la lista figuran reconocidas firmas y numerosos famosos, como el cantante folclórico Óscar "Chaqueño" Palavecino, la empresa "La Dolfina" del jugador de polo Adolfo Cambiaso, el ex integrante de la selección argentina de rugby Pedro Sporleder y Jorge Pablo Brito, hijo del propietario del Banco Macro.

La justicia argentina investiga a deportistas y empresarios, entre ellos el futbolista Aldo Pedro Duscher y el representante Gustavo Mascardi, salpicados por el presunto fraude en el uso de franquicias para ingresar autos libres de impuestos, informó hoy la prensa local.



Tanto el jugador del Racing de Santander como el empresario, que representa a numeros futbolistas en el país y el exterior, integran el listado que el Registro de la Propiedad Automotor giró al juez penal económico Marcelo Aguinsky.



Aguinsky es uno de los magistrados que investigan a quienes compraron 98 automóviles importados al aprovechar franquicias diplomáticas.



Con esa modalidad, se pagó por los vehículos hasta un 58 por ciento menos de impuestos.



En la lista figuran reconocidas firmas y numerosos famosos, como el cantante folclórico Óscar "Chaqueño" Palavecino, la empresa "La Dolfina" del jugador de polo Adolfo Cambiaso, el ex integrante de la selección argentina de rugby Pedro Sporleder y Jorge Pablo Brito, hijo del propietario del Banco Macro.



Portavoces judiciales informaron este viernes que el centrocampista Juan Sebastián Verón también figura en el listado de famosos.



"Cuando comprás un auto, qué sabés de dónde viene. No me interesa el tema: que investiguen a los que los importaron. (Yo) lo probé, lo compré y se lo devolví a la misma concesionaria. Era mucho auto y mucho gasto", señaló Duscher, ex jugador del Deportivo de la Coruña, al diario Clarín.



En tanto, el juez Aguinsky prohibió este viernes la circulación de 56 de los 98 automóviles investigados "hasta tanto formalicen el endoso a favor de este tribunal sobre una póliza de seguro (...) por un valor que se corresponda con un monto no inferior al fijado por el mercado", según consta en una resolución.



Por su parte, el juez Norberto Oyarbide investiga las embajadas y diplomáticos que importaron esos automóviles, luego nacionalizados para su venta.



Oyarbide pidió este jueves a la Cancillería datos sobre identidades y condiciones laborales de diplomáticos involucrados en este escándalo, ya que, de encontrarse actualmente en funciones, enviará los casos a la Corte Suprema de Justicia, precisaron fuentes judiciales.



En la mira del magistrado se encuentran 14 embajadores de 12 países, entre los que figuran Perú, Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay, Nigeria, Pakistán, Armenia, Marruecos, Bielorrusia y Rusia, precisaron los portavoces.



En tanto, el titular del Registro de la Propiedad Automotor, Miguel Gallardo, envió este viernes a la justicia un listado con otros 1.000 autos que pueden haber sido ingresados también en forma irregular.



Los magistrados intentan determinar si los automóviles estuvieron en manos de los diplomáticos al ser ingresados al país o fueron comercializados directamente, lo que supone grandes ganancias para los vendedores.



Las leyes argentinas establecen que los diplomáticos deben esperar nueve meses para poder vender sus automóviles importados, además de acreditar más de un año de residencia en el país.



La causa involucra a vehículos lujosos cuyo valor supera el tope de 60.000 dólares que tienen los funcionarios extranjeros para importar autos.



El caso fue iniciado por una investigación interna dispuesta por el propio canciller argentino, Jorge Taiana, que descubrió irregularidades en el Departamento de Franquicias del Ministerio de Relaciones Exteriores y las denunció ante la justicia el lunes pasado.



Al día siguiente, la Aduana radicó otra denuncia por contrabando agravado, que tiene una pena de entre dos y ocho años de prisión. EFE

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