Presidente indicó que no tiene por qué pasar sobre el sistema de justicia, después de que el Congreso aprobara una normativa que reactiva la aplicación de la pena de muerte en ese país, que se encontraba suspendida desde 2002.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, anunció este miércoles que no otorgará el indulto a los reos condenados a la pena de muerte en su país y que respetará la decisión de los tribunales de justicia.
En declaraciones en el Congreso de Guatemala, donde se reunió con los jefes de bloques de los partidos representados en el Parlamento para solicitarles el apoyo en materia de seguridad, Colom aseguró que se aplicará la ley.
Colom indicó que no tiene por qué pasar sobre el sistema de justicia, después de que el Congreso aprobara una normativa que reactiva la aplicación de la pena de muerte en ese país, que se encontraba suspendida desde 2002.
El martes, el Parlamento guatemalteco aprobó una ley que restituye al presidente del país la potestad de conceder o no el «recurso de gracia» a los reos condenados a pena de muerte, con lo que se reactiva el cumplimiento de esta norma, suspendida desde hace seis años.
La aprobación de la iniciativa da curso a los procesos de 34 reos condenados a muerte que desde 2002 se encuentran a la espera de que el Congreso de Guatemala resolviera cuál es la autoridad que concede la gracia en aplicación de la legislación vigente, que data de 1892.
La incongruencia jurídica había sido planteada por el ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) ante la Corte de Constitucionalidad, que había dejado en suspenso la aplicación de la pena ya que la ley no precisaba cuál autoridad debía conocer los recursos de gracia.
En ese fallo, la Corte ordenó al Congreso enmendar la ley y precisar cuál autoridad debía tener la última palabra al respecto, algo que hizo hasta ahora por iniciativa del opositor Partido Patriota (PP, de derecha).
«Se aplicará la ley»
«La justicia existe y se aplicará la ley», enfatizó este miércoles el jefe de Estado guatemalteco, al anunciar que convocará para la próxima semana a una reunión al Congreso y el Organismo Judicial para analizar la situación de la seguridad en el país.
En la actualidad, un total de 41 presos están condenados a morir por la inyección letal en Guatemala, y tendrán un plazo de un mes para pedir el indulto presidencial cuando la nueva normativa cobre vigencia.
Por su parte, Carlos Zúñiga, presidente de la cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), afirmó que están de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte.
«Si queremos tener un sistema judicial fuerte y cumplir con el Estado de Derecho, se tiene que aplicar la pena de muerte», aseguró el empresario.
Piden rechazar iniciativa
Amnistía Internacional (AI) pidió a Colom rechazar la ley aprobada por el Parlamento guatemalteco.
La organización defensora de los derechos humanos llamó al mandatario a que «no re-instaure la pena de muerte» y que, en cambio, «busque soluciones más eficaces y duraderas para la crisis de seguridad pública que afecta» a Guatemala.
«La pena de muerte es la pena cruel, inhumana y degradante por excelencia. Es arbitraria, su ineficacia para reducir la delincuencia está demostrada y perpetúa un clima de violencia en el que nunca se puede alcanzar realmente la justicia», indicó AI en una carta enviada al gobernante.
Los últimos ejecutados con la inyección letal, que sustituyó en 1998 al fusilamiento, fueron Luis Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, en el 2000, por el secuestro y asesinato de la empresaria Isabel de Botrán.
