Asimismo el grupo consideró que el embargo de Estados Unidos contra Cuba es «contraproducente porque continúa dándole al Gobierno cubano un pretexto para las violaciones de los derechos humanos».
La decisión de Fidel Castro de retirarse del poder no supone un fin de la represión del gobierno cubano, que continúa privando a sus ciudadanos de los derechos básicos, denunció este martes el grupo Human Rights Watch (HRW).
«Aunque Castro ya no es el que manda, la maquinaria represiva que él construyó durante casi medio siglo permanece completamente intacta», dijo en un comunicado el chileno José Miguel Vivanco, director del programa de las Américas de HRW.
«Hasta que eso cambie, es poco probable que haya un progreso verdadero sobre los derechos humanos en Cuba», agregó.
Asimismo, el grupo consideró que el embargo de Estados Unidos contra Cuba, en pie desde 1962, es «contraproducente porque continúa dándole al gobierno cubano un pretexto para las violaciones de los derechos humanos».
Vivanco reaccionó así a la noticia de que Castro, de 81 años y debilitado por una cirugía intestinal que lo obligó a apartarse provisionalmente del poder en julio de 2006, no buscará ni aceptará otro término como presidente del Consejo de Estado cubano o comandante de las Fuerzas Armadas.
El anuncio, que Castro hizo por medio del diario oficial Granma, se produjo cinco días antes de una reunión de la Asamblea Nacional que debe nombrar un nuevo Consejo de Estado.
«Durante casi cinco décadas, Cuba ha restringido casi todos los caminos de la disidencia política. Los ciudadanos cubanos han sido privados sistemáticamente de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, la vida privada, la libre asociación, libertad de movimiento y el debido proceso legal», observó Vivanco.
Agregó que, apoyándose en las estructuras legales e institucionales, el gobierno de La Habana ha recurrido a tácticas represivas para mantener la conformidad política.
Esas tácticas han incluido advertencias policiales, vigilancia, detenciones breves, arresto domiciliario, restricciones de movimiento, persecuciones criminales, y despidos laborales con motivaciones políticas, indicó el experto de HRW.
Esto se suma a que en Cuba, en aras de la seguridad del Estado, las autoridades «criminalizan la propaganda enemiga», no hay independencia jurídica y se restringen los derechos legales de los acusados, continuó Vivanco.
Aun cuando Raúl Castro, que gobierna de forma interina desde julio de 2006, ha demostrado «ocasionalmente» una voluntad para reevaluar su política de derechos humanos, «hasta ahora no ha tomado ninguno de los pasos necesarios para poner fin a sus prácticas de abuso», se quejó el analista de HRW.
Por otra parte, señaló que esta sería una buena oportunidad para que EE.UU. modifique su fallida política del embargo porque, al levantarlo, «privaría a Raúl Castro de la imagen de víctima que con tanta eficacia explotó su hermano».
En paralelo, la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen pidió este martes a los secretarios de Justicia, Michael Mukasey, y de Estado, Condoleezza Rice, que Estados Unidos tome medidas legales contra Castro por el derribo de una avioneta del grupo anticastrista Hermanos al Rescate en 1996.
«La renuncia de Castro podría ser una oportunidad única para que Estados Unidos tome medidas legales contra él por su papel en el derribo de la avioneta civil estadounidense el 24 de febrero de 1996», dijo en la misiva la legisladora de origen cubano.
Tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal fallecieron en el incidente, tras el cual el gobierno de Estados Unidos recrudeció el embargo que mantiene contra Cuba, en un intento por suscitar una transición democrática en la isla.
Ros-Lehtinen argumentó que ahora, con el líder cubano retirado del poder, «ya no habría impedimentos diplomáticos para que Fidel Castro sea llevado ante la Justicia».
La legisladora representa a un distrito en Florida con fuerte presencia de exiliados cubanos.
Las reacciones, tanto del gobierno como del Congreso y de centros de estudios políticos abundaron en Washington, pero el consenso es que, a corto plazo, no habrá cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba.
EFE
