El ex mandatario , quien en diciembre de 2001 renunció a la Presidencia del país en medio de una grave crisis económica que derivó en un estallido social, fue procesado por el delito de «cohecho activo» para conseguir la aprobación de una polémica ley de reforma laboral.
La decisión de un juez argentino de procesar a Fernando de la Rúa por el pago de sobornos a senadores abre las puertas a la posibilidad de juzgar a un ex presidente por un delito de corrupción por primera vez en la historia del país.
Tanto De la Rúa como los otros nueve sospechosos procesados aparecen «muy comprometidos» con el escándalo, ocurrido en 2000 y cuya investigación está en condiciones de ser elevada a juicio oral y público, aseguraron fuentes judiciales.
En tanto, los abogados del ex gobernante (1999-2001) dijeron que apelarán el procesamiento dictado este lunes por el juez del caso, Daniel Rafecas, cuya decisión fue ponderada por un «arrepentido» que confesó haber entregado algunos de los pagos ilegales.
De la Rúa, quien en diciembre de 2001 renunció a la Presidencia del país en medio de una grave crisis económica que derivó en un estallido social, fue procesado por el delito de «cohecho activo» para conseguir la aprobación de una polémica ley de reforma laboral.
En noviembre pasado, el «arrepentido» ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto confirmó en un careo judicial con el ex presidente que De la Rúa habilitó el pago de sobornos a senadores, acusación que negó el ex jefe de Estado.
«Tomé bien la noticia» del procesamiento del ex gobernante «porque la justicia comprobó que existió» el delito «y que De la Rúa no era ajeno al pago de sobornos», declaró hoy Pontaquarto a la emisora local Radio Mitre.
Tras reconocer que aún siente «vergüenza por haber participado de algo tan espantoso como pagar un soborno para sancionar una ley», el ex funcionario consideró que además de los procesados «hay más» involucrados en el escándalo.
Los que ya están bajo proceso son los ex senadores del Partido Justicialista (PJ, peronista, actualmente en el poder) Emilio Cantarero, Alberto Tell, Augusto Alasino, Ricardo Branda y Remo Costanzo, así como el ex legislador José Genoud, de la Unión Cívica Radical, la fuerza a la que pertenece De la Rúa.
También están procesados el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicio secreto) Fernando de Santibáñez, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y Mario Pontaquarto.
De Santibáñez, Flamarique, Genoud y Pontaquarto están imputados por haber ofrecido el pago de una suma de dinero a Cantarero, Alasino, Costanzo, Tell y Branda, para que estos legisladores, por entonces de la oposición, aprobasen una ley de reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Según Jorge Kirschenbaum, uno de los abogados de De la Rúa, el juez Rafecas «se basa en indicios» y «no hay prueba directa» que incrimine a su cliente en el delito de «cohecho agravado», que las leyes locales castigan con hasta seis años de cárcel.
«Hemos incorporado una enorme cantidad de pruebas que desvinculan totalmente a De la Rúa con los hechos que se investigan» y el magistrado las «ha ponderado equivocadamente», por lo que «otros jueces revocarán el procedimiento», añadió el letrado.
Pero fuentes judiciales con acceso a la causa recordaron, en diálogo con Efe, que «en el primer tramo de la investigación hay nueve procesamientos dictados en 2005 y confirmados en segunda instancia apenas tres meses después por la Cámara Federal».
«Sólo quedaba pendiente la situación de De la Rúa -indicaron-, sobre el que hay el mismo nivel de pruebas que el reunido para el resto de los procesados, por lo que todo parece indicar que la Cámara confirmará esta resolución y la causa irá a juicio oral».
De acuerdo con la acusación del fiscal del caso, los entonces senadores peronistas recibieron en total 4,3 millones de dólares «para que a través de su apoyo se lograra la sanción del proyecto de ley que resultó aprobado por la Cámara Alta el 26 de abril de 2000».
La investigación judicial se reactivó en febrero de 2003, cuando Pontaquarto confesó que él mismo retiró de la sede de la SIDE cinco millones de dólares y los repartió entre los senadores con el visto bueno del Gobierno de Fernando de la Rúa.
Los primeros rumores sobre las llamadas «coimas (sobornos) del Senado» fueron difundidos por la prensa local en julio de 2000, apenas dos meses después de la aprobación de la ley, que contaba con la oposición de los sindicatos.
A raíz de estas denuncias, en octubre de 2000 dimitió el entonces vicepresidente de Argentina y presidente del Senado, Carlos Álvarez, mientras que poco más de un año después De la Rúa abandonó el poder a 24 meses de la conclusión de su mandato.
EFE
