La acción militar tuvo como objetivo derrocar y capturar al entonces general Manuel Antonio Noriega, acusado y condenado por narcotráfico y lavado de dinero por las autoridades estadounidenses, y destruir su aparato militar, conocido como Fuerzas de Defensa.
El presidente panameño, Martín Torrijos, vetó por inexequible la ley que declara el 20 de diciembre, fecha en que tropas de EEUU invadieron Panamá en 1989, como «Día de Luto y Reflexión Patriótica», informaron este viernes fuentes oficiales.
Dicha ley, aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de diciembre pasado, buscaba fijar como «una fecha especial» el día en que se registró la invasión a ese país, en la que murió un número de panameños no determinado hasta ahora.
La acción militar tuvo como objetivo derrocar y capturar al entonces general Manuel Antonio Noriega, acusado y condenado por narcotráfico y lavado de dinero por las autoridades estadounidenses, y destruir su aparato militar, conocido como Fuerzas de Defensa.
El veto fue comunicado por Torrijos al presidente de la Asamblea, Pedro Miguel González, mediante una carta, confirmaron portavoces de la Presidencia y de la Asamblea Nacional.
Torrijos tomó la decisión de devolver la ley a la Asamblea, tras considerar que el proyecto se aparta del objetivo de estimular la solución de los conflictos mediante la razón y el diálogo.
Asimismo, sustentó que la Constitución faculta exclusivamente al presidente de la República a «coordinar la labor de la administración en los establecimientos públicos», como el desarrollo de las actividades que se sugieren para el 20 de diciembre.
La ley intentaba no solamente reconocer el 20 de diciembre como «día de luto» sino también ordenar al Estado que, a través de sus instituciones, le dijera «a las presentes y futuras generaciones cuántos y quiénes fueron las víctimas de la invasión».
El documento fue enviado a la Comisión de Trabajo para que se evalúe los aspectos «vetados por el presidente Torrijos», dijo a Efe la fuente de la Asamblea Nacional, que mañana inicia su primer periodo de sesiones de 2008.
La Asamblea Nacional puede ratificar la ley por insistencia, lo que obligaría a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse para definir finalmente si se aprueba o no, según la Constitución panameña.
El pleno legislativo destacó el día de su aprobación que esta iniciativa legal buscaba «hacerle justicia a los hombres y mujeres cruelmente asesinados por las fuerzas militares estadounidenses en 1989».
El presidente de la Asamblea, el oficialista Pedro Miguel González, pidió en esa ocasión al Gobierno que lleve a cabo una investigación profunda que revele la cantidad real de personas que perdieron la vida durante la invasión.
Esta acción militar puso fin al régimen castrense en Panamá (1968-1989) y 19 años después se desconoce el número exacto de víctimas o heridos.
La cifra que se maneja ronda los 500 fallecidos, pero las organizaciones populares independientes consideran que la invasión dejó algo más de 5.000 muertes, entre ellas la del reportero gráfico español Juanchu Rodríguez, acribillado por las tropas estadounidenses.
EFE
