Colombia «tiene la obligación bajo el derecho internacional de impedir que los efectos de su conflicto interno rebasen las fronteras», indica el escrito, que reitera que «no la ha cumplido a cabalidad en lo que concierne a la República del Ecuador».
El gobierno del presidente Rafael Correa acusó este jueves al de Álvaro Uribe de no impedir la entrada de las FARC en territorio ecuatoriano, al tiempo que denunció «una campaña temeraria de desprestigio» contra Ecuador para vincularlo con esa guerrilla, y reiteró que no participará en el conflicto colombiano.
En un comunicado de la cancillería, se recalca que Ecuador «es una víctima más del conflicto colombiano, no su propiciador», y se recuerda que «los guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes vienen al Ecuador desde Colombia».
La nota señala que, «ante la incapacidad» de Colombia de impedir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, crucen la frontera y «se instalen clandestinamente en el Ecuador», han desplegado 11.000 policías y militares en la frontera, con un «alto costo económico para el Estado ecuatoriano, que debe distraer ingentes recursos de otras urgencias sociales».
Colombia «tiene la obligación bajo el derecho internacional de impedir que los efectos de su conflicto interno rebasen las fronteras», indica el escrito, que reitera que «no la ha cumplido a cabalidad en lo que concierne a la República del Ecuador».
Para el gobierno de Ecuador, «el conflicto interno de Colombia, marcado por la acción de grupos irregulares, paramilitares y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, que han tenido su origen y operan en territorio colombiano, debe ser resuelto exclusivamente dentro de la República de Colombia».
Por este motivo, advierte que «Ecuador no tomará parte en dicho conflicto, con aplicación al principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, consagrado en el derecho internacional».
Por otro lado, el comunicado denuncia una «campaña temeraria de desprestigio lanzada en contra del país para supuestamente vincularlo (al gobierno) con el grupo irregular de las FARC, sobre la base de falsedades evidentes, informaciones infundadas y fuentes sin autoridad moral».
En este sentido reitera que las Fuerzas Armadas y la Policía del Ecuador tienen orden del estado y del propio presidente, Rafael Correa, de «repeler cualquier incursión en territorio ecuatoriano».
«Los miembros de grupos irregulares colombianos como las FARC, los paramilitares u organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico no pueden operar en el Ecuador, pues violan la ley nacional y el Ecuador reconoce como único y legítimo representante político de Colombia al estado colombiano», agrega la nota.
Por este motivo, «todo individuo o grupos de individuos que sean encontrados ilegalmente en territorio nacional serán detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales ecuatorianas, o repelidos por la fuerza si oponen resistencia».
«En el pasado, fuerzas militares y policiales de Colombia que ingresaban sin permiso en territorio ecuatoriano retornaban a su país en el marco de los acuerdos entre Ecuador y Colombia», dice el texto, antes de advertir que, esos acuerdos «han sido derogados».
Por tanto, a partir de ahora, «las fuerzas (regulares) colombianas deberán deponer sus armas y entregarse a las autoridades ecuatorianas» si son interceptadas en su territorio.
La nota se produce en un momento en que permanecen rotas las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá, por decisión del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, tras el ataque militar colombiano contra un campamento clandestino de las FARC en territorio de Ecuador.
EFE
