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Justicia argentina podría condenar a penas de 3 a 8 años a ex lautaristas

por 18 marzo, 2008

Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y David Cid, quienes ingresaron ilegalmente a Argentina, pidieron refugio político al declararse "militantes populares" y están detenidos en una guarnición de la Gendarmería (policía de fronteras) en la vecina ciudad de Junín de los Andes.
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Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla Saa, dos de los implicados en el robo al Banco Security y posterior asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano el pasado 18 de octubre, enfrentan en Argentina, donde fueron apresados, de 3 a 8 años de prisión por tenencia ilegal de armas y amenazas agravadas, dijeron este martes fuentes judiciales.



Los portavoces señalaron que la justicia federal instruye además la extradición de un tercer chileno apresado junto a los otros en la sureña ciudad argentina de San Martín de los Andes cuando intentaron entrar armados a una discoteca, en la madrugada del sábado pasado.



Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y David Cid, quienes ingresaron ilegalmente a Argentina, pidieron refugio político al declararse "militantes populares" y están detenidos en una guarnición de la Gendarmería (policía de fronteras) en la vecina ciudad de Junín de los Andes.



Mientras, fuentes diplomáticas dijeron que el embajador de Chile en Buenos Aires, Luis Maira, viajó hoy a la zona para contactar con las autoridades judiciales a cargo del caso.



Los tres detenidos fueron interrogados este lunes por el juez federal Federico Sommer, quien determinó que Villarroel y Fuentevilla fueron quienes amenazaron con armas a custodios y policías que les negaron la entrada a la discoteca, por lo que fueron apresados junto con Cid.



Según la policía chilena, Villarroel y Fuentevilla son ex miembros del grupo ultraizquierdista "Lautaro", que combatió contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero persistió en la violencia con actos terroristas luego del restablecimiento de la democracia.



El grupo "Lautaro" fue desarticulado por las autoridades chilenas y sus dirigentes encarcelados en 1993 y 1994.



A Villarroel y Fuentevilla les incautaron dos pistolas y cargadores con 47 balas, por lo que quedaron detenidos bajo los cargos de tenencia ilegal de armas de fuego y amenazas agravadas, delitos que las leyes argentinas castigan con penas de tres a ocho años de cárcel.



Al igual que Cid estaban ebrios cuando protagonizaron el incidente en la discoteca, señalaron las fuentes judiciales al indicar que además se descubrió que ninguno de los tres detenidos tenía documentos de identidad y habían llegado a San Martín de los Andes sin pasar por el puesto fronterizo con Chile.



Luego de interrogar a los tres detenidos, el juez federal Federico Sommer, de Junín de los Andes, tiene un plazo de 10 días para resolver la situación procesal de Villarroel y Fuentevilla, indicaron las fuentes.



Cid, quien fue exculpado de los delitos que se le imputa a sus compañeros aunque se demostró su ingreso ilegal al país, fue puesto a disposición del juez federal Rubén Caro, de la ciudad de Zapala, cuyos portavoces señalaron que se le instruyen actuaciones para su extradición a Chile.



Las fuentes negaron que se esté analizando la expulsión de Cid y apuntaron que la situación de los otros dos detenidos depende de lo que decida el juez Sommer en los próximos días.



Villarroel y Fuentevilla están sindicados como miembros de una banda que el 18 de octubre pasado asaltó un local del Banco Security, en el centro de Santiago de Chile, y en la huida mató a al cabo de Carabineros (policía militarizada) Luis Moyano.



En Junín de los Andes y Zapala, a unos 1.600 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, en la zona de la extensa frontera con Chile, funcionan sedes judiciales regionales de la provincia argentina de Neuquén.



El subsecretario chileno del Interior, Felipe Harboe, afirmó el lunes que va a agotar "todas las instancias administrativas" para traer de vuelta a los presuntos asaltantes, pero admitió que eso "no va a resultar fácil" por los delitos que se les imputa en Argentina.



EFE


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