La entidad, que el año pasado recibió la cifra sin precedentes de 1.456 denuncias y tramitó un récord de 1.251 casos y peticiones, incluye en su «lista negra» a los mismos cuatro países que figuraban en el informe anterior.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Colombia, Cuba, Haití y Venezuela en su lista de países de Latinoamérica que necesitan mejorar la defensa y vigilancia de los derechos humanos, según un informe divulgado este viernes.
Los cuatro países constan en el Informe Anual de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que recoge los avances y retrocesos registrados durante 2007 en materia de derechos humanos en el continente.
La entidad, que el año pasado recibió la cifra sin precedentes de 1.456 denuncias y tramitó un récord de 1.251 casos y peticiones, incluye en su «lista negra» a los mismos cuatro países que figuraban en el informe anterior.
En el caso de Colombia, señala que es consciente de la compleja situación que afronta el país por la influencia de factores relacionados con el narcotráfico, la violencia de los actores del conflicto armado sobre la población civil y de los esfuerzos del Estado por lograr la pacificación.
No obstante, advierte que, pese a la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), «persiste la violencia derivada del conflicto armado».
En este sentido, expresa su preocupación por la existencia de reductos no desmovilizados de esas estructuras, del fenómeno del rearme y de la formación de nuevos grupos armados.
Por ello, reitera la necesidad de que Colombia implemente mecanismos efectivos para garantizar la desarticulación de las estructuras de las AUC y de las bandas criminales.
También destaca el impacto de la violencia sobre la población civil y, en particular, sobre grupos vulnerables como indígenas y comunidades afrodescendientes.
Subraya las crecientes denuncias sobre violación de los derechos fundamentales por parte de miembros de la Fuerza Pública, así como los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales por la guerrilla y otros grupos armados ilegales.
Cuba, que fue excluido en 1962 de la OEA, es analizado a efectos del cumplimiento de los derechos fundamentales porque la CIDH entiende que la medida no implica «de modo alguno que (Cuba) pueda dejar de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
El organismo manifiesta que las restricciones a los derechos políticos, la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones y de independencia del poder judicial «configuran una situación permanente de transgresión de los derechos fundamentales de los ciudadanos».
La CIDH insta al Estado a que haga las reformas necesarias conforme a sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos, adecúe sus normas procesales a los estándares sobre el debido proceso y ordene la liberación «inmediata e incondicional» del opositor cubano Óscar Elías Biscet y de otros 77 disidentes.
Igualmente urge a que declare nulas las condenas porque se basan en leyes que imponen restricciones a sus derechos.
También pide al nuevo líder cubano, Raúl Castro, medidas para prevenir y erradicar los hostigamientos contra los que ejercen el derecho de asociación con fines humanitarios y sindicales y contra los defensores de los derechos humanos.
La CIDH reitera que el embargo estadounidense que pesa sobre Cuba desde 1961 tiene un «grave impacto» sobre los derechos económicos y sociales de la población, e insiste en el fin de las sanciones.
En lo referente a Venezuela, se muestra muy crítica con la postura del Gobierno de hacer caso omiso a su petición de hacer una visita para analizar la situación de los derechos humanos en el país.
A la CIDH le preocupa la existencia de un ambiente hostil para el disenso político, la represión de la protesta social, el hostigamiento a ONGs y el funcionamiento de la justicia.
Resalta los obstáculos directos e indirectos en Venezuela a la libertad de expresión y las graves condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad.
También subraya el incremento de la inseguridad ciudadana y las denuncias sobre el alto número de sindicalistas muertos.
Sobre Haití, la CIDH observa una «notable mejora» en materia de seguridad y de derechos humanos, y reconoce una serie de iniciativas del Estado para enfrentar desafíos fundamentales que permitan lograr una paz y seguridad duradera.
Pese a los signos de progreso, la situación de Haití «sigue siendo precaria» y las instituciones del Estado son «frágiles y deficientes», así como la situación social y económica, subraya el organismo.
EFE
