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Histórica sentencia por matanza de La Cantuta complica a Fujimori

por 9 abril, 2008

La Primera Sala Anticorrupción de Perú condenó al general retirado Julio Salazar Monroe, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), quien había sido acusado por la fiscalía de los delitos de desaparición forzosa y homicidio calificado.
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Una histórica sentencia a 35 años de cárcel dictada este martes contra el ex jefe de los servicios de información por la matanza de La Cantuta, de 1992, complicó el futuro del ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien también esta procesado por este caso.



La Primera Sala Anticorrupción de Perú condenó al general retirado Julio Salazar Monroe, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), quien había sido acusado por la fiscalía de los delitos de desaparición forzosa y homicidio calificado.



A pesar de que la fiscalía había pedido 30 años de cárcel, el tribunal presidido por la vocal Inés Villa Bonilla aumentó la condena, al considerar a Salazar Monroe "autor mediato" al haber sido jefe del SIN, cuando el grupo secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la universidad limeña La Cantuta.



La sala también sentenció a 15 años de cárcel, por los mismos delitos, a los ex integrantes del grupo militar encubierto Colina Orlando Vera Navarrete, Fernando Lecca Esquén y José Alarcón González.



El tribunal absolvió, por falta de pruebas, a los ex oficiales de la División de Fuerzas Especiales (DIFE) Carlos Miranda Balarezo, Julio Rodríguez Córdova y Aquilino Portella, además de a los ex supuestos integrantes del Colina Angel Pino Díaz y Manuel Hinojosa.



La sentencia ratificó, además, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó en 2006 que los implicados debían pagar "50.000 dólares por cada padre, madre, conyugue e hijo de las víctimas y 20.000 para cada hermano".



El tribunal estableció en su sentencia que no sólo está comprobada la existencia del grupo Colina, sino también que este funcionó "con consentimiento de los altos jefes militares" dentro del aparato del Estado durante la gestión de Fujimori (1990-2000).



El ex gobernante, que fue extraditado de Chile en septiembre pasado, está siendo procesado por la supuesta "autoría mediata" de los crímenes cometidos en La Cantuta y en la zona limeña de los Barrios Altos, donde fueron asesinadas 15 personas, en 1991.



Fujimori señaló el lunes pasado, durante una de las audiencias de su juicio, que no fue consultado ni tuvo conocimiento del operativo militar encubierto que culminó en la matanza.



La sentencia emitida este martes, precisó que el grupo Colina fue adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional con la misión y los objetivos de eliminar a supuestos subversivos.



La masacre de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, se produjo el 18 de julio de 1992, cuando los integrantes de Colina ingresaron y detuvieron a nueve estudiantes y un profesor.



Los arrestados fueron el profesor Hugo Muñoz y los alumnos Juan Mariños Figueroa, Heráclides Pablo Meza, Robert Teodoro Espinoza, Armando Amaro Cóndor, Luis Enrique Ortiz Pereda, Dora Eyague Fierro, Felipe Flores Chipana, Bertila Lozano Torres y Marcelino Rosales Cárdenas.



Las investigaciones judiciales y periodísticas, así como el informe presentado en 2003 por la Comisión de la Verdad, señalaron que los detenidos fueron ejecutados y luego sus cuerpos calcinados para enterrarlos en un paraje descampado a las afueras de Lima.



Por el caso también se juzga, todavía en proceso de instrucción, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, al ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos y a los ex oficiales Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, considerados los jefes operativo y logístico del grupo Colina, respectivamente.



Además, se juzgará al ex militar Jesús Sosa Saavedra, detenido en Lima la semana pasada, tras más de ocho años en la clandestinidad y acusado de ejecutar de manera extrajudicial a unas 30 personas y luego quemar sus cuerpos, lo que le valió el apelativo de "kerosene".



Antes de conocerse los pormenores de la sentencia, el fiscal supremo de Perú, José Peláez Bardales, había señalado que "marcará un precedente" en el proceso penal que sigue a Fujimori por violaciones a los derechos humanos.



"Indudablemente esta sentencia es de suma importancia porque demostrará, en caso de ser condenados, la existencia del grupo Colina. Nadie va a poder discutir de la existencia de este destacamento", concluyó.



EFE

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