Se trata de frascos de los cuatro medicamentos que resultaron contaminados con el dietileneglycol: expectorante sin azúcar, difenhidramina jarabe, pasta al agua y loción de calamina.
Las personas afectadas por dietileneglycol, un tóxico que contaminó medicinas de la Caja de Seguro Social de Panamá en el año 2006, pueden ser unas 6.000, según un informe que publica este sábado el diario local La Prensa.
La Fiscalía Superior Especial del Ministerio Público (MP) envió esta semana una notificación a las autoridades del Ministerio de Salud con los nombres de unas 6.000 personas que pudieron haber resultado afectadas por el consumo de medicamentos contaminados con dietileneglycol, explica el diario.
El fiscal Dimas Guevara insta en la nota a las autoridades de Salud a dar seguimiento y brindar atención médica a estas personas, tal como lo obliga la Ley de Protección a las Víctimas, la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996, ratificado por Panamá.
Agrega que los nombres de esas personas se corresponden con los cerca de 6.000 frascos de medicamentos entregados por los familiares de las víctimas al Ministerio Público a comienzos de la investigación del caso, en 2006, y cuyo contenido aún es analizado por peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Se trata de frascos de los cuatro medicamentos que resultaron contaminados con el dietileneglycol: expectorante sin azúcar, difenhidramina jarabe, pasta al agua y loción de calamina.
En las etiquetas de esos frascos, las cuales fueron debidamente inventariadas y remitidas a las autoridades de Salud, aparecen los nombres de los posibles afectados por el consumo de estos medicamentos; el tipo de medicina y el lote al que pertenece; el médico que expidió la receta e incluso la unidad ejecutora de Salud que los distribuyó.
Gabriel Pascual, del Comité por el Derecho a la Salud, dijo al diario que precisamente esa atención al paciente es la que ellos han demandado desde que conocieron de las intoxicaciones.
Pascual manifestó su preocupación porque el Estado no pueda atender debidamente a las víctimas, tal como lo ha demostrado con los casos conocidos.
Aunque el Gobierno tiene registrados más de cien muertos, el fiscal Guevara investiga más de 300 defunciones denunciadas, que al parecer habrían sido causadas por el tóxico.
El caso del envenenamiento estalló en 2006, cuando se descubrieron numerosas muertes entre pacientes del Seguro Social que habían consumido medicinas que contenían dietileneglycol, un alcohol industrial no apto para el consumo humano, en lugar de glicerina pura, que era el componente correcto.
De acuerdo con las investigaciones, el dietileneglycol viajó desde China a pedido de una empresa española, Rasfer Internacional, que a su vez lo reexportó a la panameña Medicom, proveedora del Seguro Social desde hace años, y cuyo gerente está preso.
EFE
