La ley promulgada establece que para revocar los mandatos hace falta que el «no» supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios de 2005, en los que fueron elegidos Morales, el vicepresidente y los actuales prefectos, como el número absoluto de votos.
Los bolivianos acudirán el próximo 10 de agosto a un referendo «histórico» para decidir si ratifican o revocan el mandato del presidente Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y el de los prefectos (gobernadores) regionales.
Morales promulgó este lunes la ley de convocatoria del referendo revocatorio que supone un hito en la historia del país, ya que es la primera vez que Bolivia celebrará una consulta de estas características, enfatizó el mandatario.
«No tengo miedo al pueblo: que diga su verdad y nos juzgue», subrayó Morales tras promulgar esta ley, cuatro días después de que el Senado de Bolivia decidiera de forma sorpresiva aprobarla, rescatando una iniciativa que partió del propio gobernante el pasado diciembre.
Fue Morales quien envió al Congreso Nacional a fines de 2007 el proyecto de ley para celebrar un revocatorio, cuando el país vivía una conflictiva situación vinculada al proceso constituyente.
La Cámara de Diputados aprobó la norma en enero y pasó al Senado, controlado por la oposición, donde quedó paralizada varios meses.
El referendo revocatorio da un nuevo giro a la complicada crisis de Bolivia, marcada en los últimos meses por el enfrentamiento entre la refundación constitucionalista que impulsa Morales y los procesos autonómicos que han iniciado varias regiones opositoras con el rechazo del Gobierno.
El jefe de Estado indígena ha aceptado «con satisfacción» someterse a una consulta que se celebrará prácticamente en el ecuador de su mandato y con un «récord» de permanencia en el sillón presidencial, si se compara con sus cuatro antecesores inmediatos.
Morales hizo este lunes un llamado a la comunidad internacional para que envíen observadores al revocatorio, al tiempo que pidió a la Corte Nacional Electoral que articule un proceso «transparente».
El referendo también incluye a los gobernadores de los nueve departamentos en que está dividido el país, seis de ellos gobernados por opositores (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca).
Esta convocatoria departamental plantea dudas sobre el caso de Chuquisaca, que está regida por un prefecto interino nombrado por Morales después de que el titular huyera del país en noviembre por los violentos episodios que causaron en su capital, Sucre, tres muertos y 300 heridos durante los trabajos de la Constituyente.
De hecho, se ha fijado la fecha del 29 de junio para celebrar elecciones en este departamento, con el fin de elegir prefecto.
En cualquier caso, el 10 de agosto se preguntará a los bolivianos si están de acuerdo, por un lado, con «la continuidad del proceso de cambio» encabezado por Morales y su vicepresidente, y, por otro, con la de los gobernadores.
La ley promulgada establece que para revocar los mandatos hace falta que el «no» supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios de 2005, en los que fueron elegidos Morales, el vicepresidente y los actuales prefectos, como el número absoluto de votos.
En el caso de Morales y García Linera tendrían que dejar los cargos si el «no» es superior al 53,7 por ciento de apoyo que consiguieron en 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon.
Si los bolivianos deciden revocar al presidente y al vicepresidente, Morales debe convocar a elecciones generales en un plazo de tres a seis meses.
Si son los prefectos quienes no salen ratificados, deben cesar en su cargo y el jefe de Estado designaría a un gobernador en funciones y tendrían que celebrarse comicios departamentales.
A pesar del revocatorio, el Gobierno mantiene la oferta de diálogo con los gobernadores regionales para buscar soluciones a la crítica situación política del país.
Morales convocó este lunes a los prefectos, pero los de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, todos opositores, no acudirán finalmente a la cita.
Santa Cruz aprobó el 4 de mayo un estatuto autonómico que el Gobierno considera ilegal y separatista y las otras tres tienen previsto hacer lo mismo en sendas consultas programadas para junio.
El presidente volvió este lunes a insistir en la necesidad de diálogo para asegurar la unidad nacional y garantizar un proceso autonómico basado en la legalidad y que contribuya a resolver las diferencias económicas entre departamentos.
EFE
