La Directora para América del Norte de la Cancillería cubana, Josefina Vidal Ferreira, señaló que diplomáticos estadounidenses actuaron «como vulgares correos al servicio de un connotado terrorista de origen cubano».
Las autoridades cubanas acusaron este lunes al jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Michael Parmly, de servir de correo para los disidentes y trasladar dinero procedente de una fundación supuestamente dirigida por Santiago Álvarez, acusado de terrorismo por Cuba.
Según la acusación, basada en supuestos correos electrónicos enviados por la opositora Martha Beatriz Roque que fueron mostrados en conferencia de prensa, Parmly trasladó «cartas» -palabra que la seguridad del Estado interpreta como dinero- a los «mercenarios», como denomina el Gobierno a los disidentes.
Además, fueron mostrados supuestos recibos de pago con la firma de Laura Pollán, de la organización Damas de Blanco -familiares de 75 disidentes apresados en 2003-, y por el disidente José Luis García, alías «Antúnez».
Las cantidades supuestamente entregadas van desde los 200 a los 2.400 dólares.
La Directora para América del Norte de la Cancillería cubana, Josefina Vidal Ferreira, señaló que diplomáticos estadounidenses actuaron «como vulgares correos al servicio de un connotado terrorista de origen cubano».
La funcionaria dijo que Santiago Álvarez, supuesto director de la «Fundación Rescate Jurídico», «desde su cómoda prisión se las arregla para entregar dinero y ayuda material con el apoyo del jefe de la Sección de Intereses en La Habana, el señor Michael Parmly».
Agregó que «resulta doblemente indignante y escandaloso» que diplomáticos de EE.UU. «sirvan de emisarios y enlace entre un terrorista y mercenarios en Cuba».
No obstante, la funcionaria descartó la presentación de una protesta formal o la toma de acciones contra la Sección de Intereses (SINA) y dijo que La Habana espera que «sea el Gobierno de Estados Unidos el que tome medidas en vías de rectificar el comportamiento y la actitud de sus diplomáticos».
Vidal aseguró que las pruebas serán ampliadas en una serie de programas monotemáticos del espacio «Mesa Redonda», de la televisión estatal cubana, que habitualmente establece la posición oficial sobre distintos temas.
Al ser preguntado sobre una eventual detención de disidentes como en 2003, cuando fueron condenados en Cuba 75 opositores a penas de hasta 28 años de cárcel, el Director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, Manuel Hevia, dijo que «la investigación sigue en curso».
Las condenas en 2003 tuvieron lugar después de que las autoridades cubanas hicieran pública una denuncia de que los disidentes se habían reunido con el entonces jefe de la SINA, James Cason, para conspirar.
Un diplomático de EE.UU. dijo en La Habana mediante un comunicado que no han tenido acceso a las alegaciones del Gobierno cubano, pero que es «política estadounidense largamente seguida el proveer ayuda humanitaria a los cubanos, específicamente (…) a los familiares de los prisioneros políticos que son tratados pobremente por su propio gobierno».
Agregó que organizaciones privadas estadounidenses también pueden hacerlo y que «esta ayuda no tiene propósito político», ya que busca «satisfacer las necesidades diarias de familias que luchan para sobrevivir en el sistema actual».
«Los diplomáticos estadounidenses deben atenerse a las regulaciones del embargo cubano y otras leyes relativas a la ayuda foránea y a la política estadounidense hacia Cuba», añadió.
EFE
