Los convocantes de la manifestación reclamaron la derogación de la Ley de Caducidad, que dejó sin enjuiciar muchos crímenes cometidos por militares durante la dictadura (1973-1985), y apoyaron la campaña de recolección de firmas para lograr ese fin.
Miles de personas reclamaron este martes en la capital uruguaya la derogación de la ley de caducidad o punto final, en una marcha con motivo del trigésimo segundo aniversario de los asesinatos de dos legisladores y dos militantes de izquierda.
La «Marcha del Silencio por Verdad y Justicia» discurrió por una de las principales avenidas de la capital uruguaya en memoria de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw, asesinados el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, donde estaban exiliados, en una operación conjunta de los regímenes militares de Argentina y Uruguay.
Los convocantes de la manifestación reclamaron la derogación de la Ley de Caducidad, que dejó sin enjuiciar muchos crímenes cometidos por militares durante la dictadura (1973-1985), y apoyaron la campaña de recolección de firmas para lograr ese fin.
«La ley de impunidad es inmoral, inconstitucional y nula», dijo Luisa Cuesta, integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos.
Los manifestantes, de los que no se ha proporcionado cifras, colmaron diez cuadras de la Avenida 18 de julio con carteles con fotografías de decenas de uruguayos detenidos-desaparecidos durante la dictadura.
Al nombrarse a cada uno de los desaparecidos por el sistema de megafonía, los asistentes coreaban: «presente».
«Fue una marcha multitudinaria exigiendo verdad y justicia en medio de una campaña creciente en favor de la anulación de la ley de impunidad», dijo Luis Puig, coordinador de la comisión de Derechos Humanos de la principal central sindical del país, PIT-CNT, una de las organizaciones convocantes.
«La campaña tiene más que ver con el futuro que con el pasado del país y busca que las futuras generaciones de uruguayos no se vean expuestas nunca mas a la dictadura, el terrorismo de Estado y la tortura sistemática», agregó Puig.
Desde el 4 de septiembre hasta fines de abril, organizaciones sociales y sindicales uruguayas habían reunido más de 100.000 firmas a favor de la anulación de la Ley de Caducidad, que fue aprobada en 1986 por el Parlamento y refrendada en las urnas en 1989.
Esa ley puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos.
La meta de los convocantes de la campaña es llegar al 10 por ciento del electorado, unas 250.000 personas, antes de que el 30 de abril de 2009 concluya el plazo constitucional marcado para esa recolección y después pueden pedir la convocatoria de un referendo para derogar la Ley de Caducidad.
Los delitos cometidos fuera de Uruguay, como el traslado clandestino de detenidos, quedan fuera del alcance de la ley, según la interpretación del Gobierno del presidente socialista Tabaré Vázquez, el primero que ha abierto la puerta a los juicios contra los militares.
EFE
